Fuego en la punta de la lengua: los primeros días del juicio por el incendio en el Hogar Seguro
Tras casi siete años de espera, un tribunal inició el juicio por el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas y 15 sufrieron lesiones graves. En la primera fase, médicos forenses han detallado lo que sufrieron mientras que los abogados de las víctimas empiezan a señalar que las autoridades juzgadas tuvieron tiempo de actuar.
En una sala de audiencias de la Torre de Tribunales en la Ciudad de Guatemala resuena la voz de un grupo de niñas y adolescentes que ya no están vivas. En el Tribunal Séptimo Penal se reproducen las grabaciones del reporte en vivo de un noticiero televisivo del 7 y 8 de marzo de 2017, en la entrada al Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el albergue estatal donde vivían más de 500 niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable y que sufrieron abandono o malos tratos en su entorno familiar y comunal.
En el tribunal es 30 de enero de 2024 y han pasado 2,519 días desde que el incendio en un aula del Hogar mató a 41 niñas y adolescentes y dejó con heridas graves a otras 15. Finalmente, después de casi siete años, arrancó el juicio en contra de ocho exfuncionarios públicos procesados por hacer poco o nada para resguardar la vida de la niñez a su cargo. Los ocho son señalados de maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo e incumplimiento de deberes.
Gritos, empujones, llantos inentendibles salen de la bocina frente a la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes. En la pantalla se ve el video antiguo de un reportero que relata que la noche de ese 7 de marzo de 2017 un grupo de jóvenes fue concentrado frente al Hogar Seguro, mientras decenas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) armados y con escudos antimotines vigilaban.
Horas después, la mañana del 8 de marzo, la noticia fue otra. El aula donde encerraron a las niñas ardió en llamas mientras estaban bajo custodia policial y resguardo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), las autoridades del albergue estatal, la Procuraduría de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, y la Procuraduría de Derechos Humanos.
En los primeros días del juicio por los hechos alrededor del incendio han declarado médicos especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que examinaron los cadáveres de las víctimas. Sus relatos han evidenciado la agonía por la que pasaron mientras las autoridades a cargo debatían qué hacer con ellas.
El juicio por una de las tragedias contra la niñez guatemalteca más atroces de los últimos años, recuerda que en 1,999 Guatemala fue condenada por la Corte Interamerica de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los derechos humanos de niños de la calle de parte de la PNC y poco ha cambiado, pese a que el país se comprometió a adoptar medidas para mejorar su vida.
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El fuego es invasivo
El juicio es una vuelta al tiempo. Con documentos, fechas, horas, declaraciones, fotografías y vídeos se repasa lo que sucedió el 7 y el 8 de marzo de 2017 y se revisa a detalle qué acciones tomaron las autoridades encargadas de proteger a la niñez.
En los primeros días del juicio declararon los médicos del Inacif que realizaron las necropsias a las víctimas del incendio. El día de los hechos la morgue en la que trabajaban colapsó con los restos de decenas de niñas y adolescentes. Afuera, sus familiares buscaban, entre gritos y desesperación, información sobre ellas. Pese al caos, su trabajo detallado, que quedó consignado en informes forenses, ha sido clave para entender el sufrimiento por el que atravesaron las niñas.
Una de ellas murió con la boca abierta y fue encontrada con el 90 por ciento del cuerpo quemado, incluso la punta de la lengua. La abogada Elizabeth Vivar, del Bufete de Derechos Humanos (BDH) y que representa a familiares de víctimas, preguntó al médico forense por qué ocurrió esto.
«Durante un incendio la gente abre la boca para jalar aire del ambiente, por eso cuando fallecen tienen la lengua afuera», respondió. Hubo un instinto de buscar la vida.
Como si se tratara de una enciclopedia médica, en el juicio se han revelado los detalles de lo que pasó en los cuerpos de las niñas, como que al inhalar el humo, el monóxido de carbono les provocó desesperación, mareo, somnolencia y vómitos hasta llegar a un sueño profundo que lleva a la muerte, un proceso conocido como “dulce sueño”, relató el forense. A eso se sumó que la sangre dejó de recibir oxígeno y se atoró en las venas, se inflamaron sus tejidos y se obstruyó el flujo sanguíneo a los pulmones y el cerebro. Mientras, el fuego consumió su dermis, epidermis y tejido adiposo. Algunos cuerpos no pudieron ser evaluados a totalidad debido a que estaban carbonizados por las quemaduras de cuarto grado que llegaron hasta sus tendones y huesos. El calor extremo incluso atravesó sus párpados y les quemó las pupilas.
«Tuvieron procesos agónicos», dijo uno de los médicos del Inacif a la jueza.
Muchas de ellas murieron inconscientes, asfixiadas por inhalar el monóxido de carbono que se acumuló en el aula donde estaban atrapadas tras un candado del que solo la policía tenía llave. Otras que sobrevivieron a las llamas y llegaron al hospital fallecieron debido a infecciones en los órganos internos causadas porque el fuego destruyó su piel, un aislante natural, y estuvieron expuestas a gérmenes y bacterias que llegaron hasta su corriente sanguinea.
Al examinarlas, los forenses encontraron hollín desde dentro de su nariz hasta sus pulmones. Ese rastro de quemaduras internas se produce por la inhalación del humo caliente y húmedo. En muchas no hubo posibilidad de tomar huellas dactilares porque el calor extremo desprendió como un guante la piel superficial de sus manos; a ellas se les identificó por medio de ADN.
«Todos estos detalles son importantes porque reflejan que hubo un sufrimiento que obviamente se pudo haber evitado, dan lugar a establecer que pudo haber tiempo suficiente para salvarlas», dijo a Plaza Pública el abogado Edgar Pérez, del Bufete de Derechos Humanos, que representa a familias de víctimas del incendio.
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Los exfuncionarios juzgados enfrentan cargos por delitos menores, los que tienen cinco años o menos de cárcel. Ellos son Carlos Rodas y Anahí Keller, extitulares de la Secretaría de Bienestar Social; Santos Torres, exdirector de Hogar Seguro; Gloria Castro, exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos; Harold Flores, jefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación; Brenda Yulissa Chamán, exjefa del Departamento de Protección contra el Maltrato; todos los anteriores gozan de arresto domiciliario. También son procesados Luis Armando Pérez Borja y Lucinda Marroquín, ambos eran parte de la PNC y se encuentran en prisión preventiva.
En la primera fase del juicio, Rodas, Castro y Flores declararon ante la jueza. Los tres coincidieron en señalar que son inocentes y que tomaron las medidas a su alcance para resguardar a las jóvenes y adolescentes.
Entre los datos que se han revelado a la fecha resalta que la noche del 7 de marzo de 2017 había una persona más afuera del Hogar Seguro, Carlos Belteton, entonces asesor del expresidente Jimmy Morales. Morales no ha sido imputado en este caso; sin embargo, sí hubo intentos. En 2017 los exdiputados Sandra Morán y Leocadio Juracán, además de la organización Mujeres Transformando el Mundo, presentaron por separado, solicitudes de retiro de inmunidad para que el MP pudiera investigar al expresidente. La Corte de Constitucionalidad (CC) lo protegió y no permitió que el antejuicio avanzara. Al dejar el cargo, Morales mantuvo su inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), puesto que dejó el pasado 14 de enero de 2024.
Sin cambios para la niñez
El juicio, además de examinar con lupa las acciones de los exfuncionarios para determinar su grado de responsabilidad en el incendio, también ha servido como recordatorio de las graves condiciones en las que se encuentra la niñez guatemalteca, que pese a que el país ha suscrito convenios internacionales para proteger sus derechos humanos, continúa olvidada y expuesta.
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En noviembre de 1999, la CIDH sentenció al Estado de Guatemala por haber violado los derechos humanos de un grupo de niños en situación de calle, que fueron sometidos a persecución, abusos, torturas y que fueron asesinados por agentes de la PNC. La Corte ordenó al país tomar medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños bajo su resguardo. En 2016, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dijo en un informe que el Estado no logró probar que tuvo avances relevantes que permitan afirmar el cumplimento de la sentencia de la CIDH.
«Llegamos a estos extremos donde nos preguntamos ¿qué eran estas niñas para el país, para el gobierno de turno? Creo que no había una empatía real, esto representa el abandono y el desinterés por la niñez», dijo el abogado del Bufete de Derechos Humanos, Pérez.
El juicio continúa su trámite y se estima que durará al menos tres meses más.
