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ConPruebas - Sandra Jovel: cuatro mentiras en cinco minutos
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Jovel durante la conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura / Simone Dalmasso

ConPruebas - Sandra Jovel: cuatro mentiras en cinco minutos

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Lo dijo: Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores
6 09 18

Tiempo aproximado de lectura - 7 mins
Cuatro de los argumentos esgrimidos el jueves por la canciller Sandra Jovel en contra de la Cicig e Iván Velásquez, son falsos.
Durante 2016 el presidente Jimmy Morales apoyó y participó en el proceso de diálogo promovido por la Cicig para las reformas al sistema de justicia.

La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Érica Jovel Polanco, argumentó el pasado jueves en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, las razones por las cuales el Gobierno decidió no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y la prohibición de ingresar al país al comisionado Iván Velásquez Gómez. Durante los cinco minutos en que compareció ante los periodistas, la canciller detalló una serie de argumentos por los cuales, aseguró, el presidente Jimmy Morales tomó esa decisión.  

Plaza Pública preguntó a la portavoz de la cancillería, Marta Larra, sobre la fuente original de donde Jovel obtuvo la información para sustentar los señalamientos hacia la Cicig y el comisionado. Larra dijo desconocer “todo lo relacionado con la Cicig”. El jueves, al mismo tiempo que Jovel hablaba con los reporteros, el ministro de la Defensa, Luis Ralda, explicaba en el Congreso a los diputados de la bancada Convergencia, que las decisiones del mandatario respecto a la Cicig se basaron en un informe de inteligencia elaborado por el titular de Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia, Mario Duarte.

Al menos cuatro de los argumentos expuestos por la Canciller durante la conferencia de prensa, son falsos.

1 - Jovel aseguró que “Iván Velásquez ha presionado al Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución Política de la República y enmiendas a leyes ordinarias del país y dicha intromisión llegó al colmo de cabildear leyes e incitar a los jefes de bloque del Congreso a influir en decisiones de dicho órgano estatal”.

La afirmación de la canciller es falsa, debido a que las actuaciones que cuestiona a Velásquez están respaldadas en el acuerdo que dio vida a la Cicig, suscrito entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas. El inciso C del artículo 2 del acuerdo faculta a la comisión para “Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin”.

De hecho, durante 2016 el mismo presidente Jimmy Morales apoyó y participó en el proceso de diálogo promovido por la Cicig para las reformas al sistema de justicia del país, del cual salió el proyecto para las reformas a la Constitución que fue presentado para su discusión y aprobación al Congreso de la República. Morales estuvo presente en al menos once reuniones y actividades de la Mesa Nacional de Diálogo.

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Daniel Wilkinson, director de la División de Las Américas de Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés), dijo a Plaza Pública que la canciller Jovel “trata de descalificar esfuerzos de colaboración con instituciones extranjeras, como la Cicig, para que no logren los objetivos establecidos por los guatemaltecos”, y que “si el Gobierno quiere decir que eso es intromisión, eso es negar la historia y la realidad de esta institución y lo que esta comisión ha hecho”.

Marcela Martino, subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), explica que “las funciones y facultades de la comisión están más que claras en el convenio que soberanamente Guatemala suscribió con la ONU, que le dan pie a la comisión no solo para investigar, sino también recomendar la adopción de políticas públicas, incluyendo reformas normativas y para asesorar a entidades gubernamentales para la lucha contra la corrupción”.

2 - La canciller Jovel también dijo que “la Cicig manipuló la justicia en casos paradigmáticos como el de los hermanos Valdez Paiz, sobre el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, donde éstos estuvieron en prisión preventiva durante ocho años y al final fueron absueltos”.

Esta afirmación de Jovel también es falsa. Según el Ministerio Público, los hermanos José Eduardo y Francisco José Valdez Paiz, señalados por la Fiscalía y la Cicig como autores intelectuales del asesinato de Rosenberg, permanecieron en prisión preventiva durante tres años y no ocho como señala la Canciller. Además, la Fiscalía asegura que los señalados no han sido absueltos como dice Jovel, pues aún se encuentra en proceso de apelación el fallo de una Sala que confirmó el cierre del proceso, “por lo que aún hay probabilidades de que enfrenten debate oral y público”.

De las 13 personas procesadas por el caso Rosenberg, nueve fueron condenadas por los delitos de asociación ilícita y asesinato, otras dos beneficiadas con el criterio de oportunidad, y las dos restantes (los hermanos Valdez Paiz) aun siguen ligados a proceso.

3 - Jovel también hizo referencia al caso Pavorreal, y aseguró que los implicados por el Ministerio Público y la Cicig por ejecuciones extrajudiciales de reos, “fueron absueltos por no existir evidencia suficiente tanto en juzgados nacionales como extranjeros”.

Esa aseveración de la canciller también es falsa. Según la Fiscalía “ningún tribunal ha abordado tema de existencia de pruebas falsas” en este caso; “han sido los propios sindicados los que han manejado ese discurso”.

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De las doce personas señaladas en los casos Pavón y Fraijanes, que se desprenden de la operación Pavorreal, realizada por las fuerzas de seguridad en 2006, y que fueron procesados en Guatemala, cinco fueron condenados, seis absueltos y uno sobreseído. Entre los absueltos se encuentra Edwin Rivera Gálvez, hermano de Kamilo José Rivera Gálvez, actual viceministro de Gobernación.

De los tres exfuncionarios que se dieron a la fuga para no ser procesados en el país por estos casos, unos fueron absueltos Javier Figueroa y Carlos Vielmann, en Austria y España, respectivamente; mientras que Edwin Sperisen en primera instancia fue condenado a cadena perpetua por la justicia suiza, y en un nuevo juicio a 15 años de prisión.

4 – Como corolario, Jovel aseguró que “la Cicig se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir”. Ese señalamiento de la Canciller también es falso. En el Ministerio Público no existe ninguna denuncia penal en contra de la comisión ni de Velásquez de ningún ciudadano ni funcionario público. En todo caso, según la legislación guatemalteca, es obligación de Jovel presentar las pruebas y evidencias de lo que afirma, para no caer en omisión de denuncia.

La Cicig ha actuado con base en el acuerdo suscrito entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. En apoyo al trabajo realizado por la comisión y el comisionado Iván Velásquez, el presidente Morales pidió la renovación de su mandato el 18 de abril de 2016, en la sede de la ONU. En esa ocasión, el presidente aseguró que “el apoyo la comisión es fundamental para el proceso de fortalecimiento institucional en el país”.

En ese momento el Ministerio Público y la Cicig aún no habían presentados los casos en los que han sido señalados Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del mandatario, respectivamente, ni los dos procesos por financiamiento electoral ilícito en los que el principal señalado es el gobernante.

Daniel Wilkingson dice que al comparar Jovel a la Cicig con los aparatos clandestinos que combate “insulta a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que han luchado y sufrido luchando contra las verdaderas mafias que han hecho tanto daño al país". La Cicig, agrega, “es una creación de Guatemala, fue Guatemala quien planteo la idea de crearla, para trabajar en conjunto con las instituciones del país”.

En tanto que Martino cree que esa afirmación “no tiene una base fáctica verdadera y no es más que un intento por maquillar lo que realmente está haciendo el presidente y sus aliados, que es tratar de obstruir la justicia”. Morales y sus aliados, entre ellos Jovel, agrega, “quieren teñir esto con una retórica de justicia selectiva; lo cierto es que no es otra cosa que obstrucción de justicia y un intento por desmantelar los esfuerzos y resultados de la Cicig”.

“Es práctica de los regímenes autoritarios tratar de levantar la bandera de la soberanía, de intromisión, para obstruir labores de investigación”, concluye Martino.

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Según la Fiscalía “ningún tribunal ha abordado tema de existencia de pruebas falsas” en el caso Pavón.