Lo que algunas personas temían en 2015 respecto a la inevitable implicación de algunos empresarios en casos de corrupción, sucedió en 2016.

HITOS ASOCIADOS A LA PÉRDIDA DE CONFIANZA EN IVÁN VELÁSQUEZ Y LA CICIG

El caso de defraudación fiscal (2016).

El caso "cooptación del estado" (2016) en donde se detiene a 57 personas y se liga a proceso a 53.

El caso que implica al hijo y hermano del presidente Morales (2016).

Casos que implicaron a militares.

Cuando se percataron que había una "lucha real contra el financiamiento electoral ilícito y se pierde el control sobre las elecciones" (Participante 4) y que algunos de ellos se verían implicados directamente.

Juan Francisco Solórzano Foppa inicia en la SAT una perse­cución que resulta en que empresas importantes tuvieran que pagar multas millonarias que reducen sus márgenes de ganancia (Participante 4) como en el caso de Aceros de Guatemala.

Cobra fuerza el tema de la reforma al sector justicia, que incluye el abordaje del derecho indígena.

El presidente Jimmy Morales declara a Iván Velásquez persona non grata (agosto 2017).

La foto que se publicó sobre el viaje de un grupo de empresarios, conocidos como "La Cantina" a Washington DC (octubre 2017).

El triunfo electoral de Donald Trump en los Estados Unidos que anuncia un posible cambio de rumbo en los esfuerzos contra la corrupción (noviembre 2017).

La foto de los participantes en el foro durante el cual se creó el Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC) (febrero 2018).

Cuando pasaron al corruptor, en ese momento empezaron a caer los grandes nombres, los grandes consorcios, los grandes dueños de consorcios, los grandes apellidos... Empezó a caer el que dio la mordida, no sólo el policía que la recibió. (Participante 12).

Otro de los participantes describe en detalle la secuencia de eventos que generaron rechazo al trabajo de la CICIG entre más y más segmentos del sector privado tradicional. En la siguiente cita, menciona los casos específicos de "Cooptación del Estado" (Diario Al Día, 2016) y el caso de las facturas por cestas navideñas en donde aparecían implicados el hijo y el hermano del presidente Morales. Además, incluyó entre los eventos críticos lo que se consideró por algunos un abuso de poder al tratar de influir en las discusiones sobre las reformas al sector justicia, en particular, la inclusión del tema de derechos indígenas en la misma.

Creo que el gran problema y aquí empieza ya el 2016, es que la CICIG se subió en un ladrillo y subió a Thelma en otro ladrillo, y llegaron a un nivel de arrogancia en donde creyeron que, en primer lugar, podían meter a cincuenta y siete personas a la cárcel, sin repercusiones, podían reformar la Constitución a su sabor y antojo, podían atacar y meter al hijo del presidente a la cárcel por un delito que... si el delito no es penal, ... o sea, creo que hubo, creo que de verdad creo que perdieron, perdieron el horizonte y la primera fecha de eso se da en junio del 2016 que es cuando capturan a 57 personas. Me atrevo a decirte, la gran mayoría corruptos, culpables, amigos, empresarios, conocidos, de todo, pero tú tienes en la Constitución una cosa que creo que es sagrada, que no puede ser detenida durante más de 30 horas en total entre policías y jueces. (Participante 17).

Con estos casos surgieron nuevas diferencias: empresarios que aún creían en el valor y trabajo de CICIG, pero que consideraban que el comisionado debía de ser reemplazado, y quienes creyeron que la Comisión había sido politizada y por tanto había perdido su razón de ser.

Además de los hitos que generaban consenso respecto a la sospecha de las intenciones del comisionado, uno de los participantes relató cómo su experiencia personal tratando de interesar a la CICIG por un problema privado le hizo creer que Iván Velásquez estaba simplemente en contra de los empresarios y que no tenía la intención de tomar en serio sus demandas.

Yo específicamente fui a una reunión personal con Iván Velásquez para el tema [de una invasión de tierras], y verdaderamente nos sorprendió, después del 2015 [de] tenerles mucha fe a la CICIG, nos sorprendió la postura de Iván Velásquez, como alguien que miraba al empresariado como partícipe, más parte del problema que parte de la solución. Ese fue el sentimiento que tuvimos de esa reunión. O sea, básicamente fuimos con él a pedir ayuda y con lo que nos topamos fue con que no solo le parecía que él no tenía ningún mandato para ayudar, porque él no miraba ningún tipo de cuerpo paralelo en estas invasiones, sino que él nos miraba como algo que necesitaba llevarse adelante. Al mismo tiempo, estaba viendo en el Congreso los temas de de­recho ancestral, de derecho y, sobre todo, de derecho indígena, que, desde el ojo del empresariado, en especial del sector agrícola, se miraba con ojos muy malos, porque iba a pasar en un ambiente donde había, donde estábamos teniendo un descontrol obre propiedad privada y después ibas a implementar un derecho indígena que sólo iba a causar mayor caos en el Estado de derecho del país. Entonces, ¿quién lo estaba impulsando? sorprendentemente la embajada americana, que nos sorprendió muchísimo y también estaba impulsándolo CICIG, obviamente. Y eso empezó a causar verdaderamente un cisma muy fuerte en el apoyo que podría recibir CICIG de parte de un sector empresarial bastante más tradicional. Después empeza­mos a tener un sector empresarial que se proclama ser más progresivo, y entonces ahí había un cisma entre el sector empresarial de "¿qué estás haciendo apoyando a estas personas?". Era un poco como "ese no es de los nuestros, los nuestros son acá" y la conversación se empezó a volver entre "sos de un lado o sos del otro". (Participante 14).

Incluir el tema de derecho indígena en la propuesta de reformas a la Constitución generó, si no temor, al menos dudas sobre la legitimidad de la propuesta entre participantes que continuaban considerando el mandato de CICIG como principalmente positivo.

Te acuerdas cuando se impulsó la reforma que impulsó la CICIG, a mí me parece que estratégicamente se incluyó el tema de la justicia de pueblos indígenas y eso fue lo que la botó y ya no pasó nada. [Entrevistadora: ¿Tú creés que fue intencional?] Yo pienso que, al final, a alguien se le ocurrió y lo metieron porque eso no estaba en la agenda. De hecho, hasta las mismas autoridades indígenas salieron diciendo que se quitara y no, nadie lo quitó. Porque su sistema de justicia la población indígena hasta hoy la hace fuera del Estado, no tiene ningún reconocimiento, ninguna legalidad, pero funciona uno, y dos, no tiene recursos. El Estado no les da. ¿A qué horas le van a dar plata? No se puede. Por eso la misma población dijo "no nos metan en eso, porque no lo estamos pidiendo, es más, no lo necesitamos". (Participante 11).

El tema del derecho indígena generó nuevos debates y división entre sectores, propiciando un contexto aún más complejo con personas a favor de CICIG, en contra del derecho indígena, a favor de ambos, en contra de todo, etcétera. Este debate azuzó el fuego que ya estaba distanciando al presidente del apoyo a la CICIG. El 2016 y el inicio del 2017 se caracterizaron por el aumento de cadenas de WhatsApp que compartirían información alarmista sobre los vínculos de Iván Velásquez con la izquierda guatemalteca, con la insurgencia colombiana y con intereses que buscaban socavar el poder tradicional guatemalteco (participante 15). Otra figura mencionada por este participante fue el superintendente de administración tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, a quien también se adjudicaron motivaciones ideológicas en sus acciones.

Yo tengo la impresión muy fuerte de que Foppa es un operador ideológico y creo que tenemos que tener muchísimo cuidado, como dije, como estar mezclando esas operaciones ideológicas extremas en la política. Sí, creo que no se hizo nada por atacar la informalidad y cómo hacer que la informalidad tenga tributación. Creo que se fue a atacar a la yugular a empresas emblemáticas del país Aceros de Guatemala, a Hugo Molina, a Camino Real, a empresas muy emblemáticas. Creo que, si te soy franco, sí creo que hay un claro patrón de ideología detrás y creo que eso repercute en que la gente entre en miedo, desconfía muchísimo más cuando hay ese patrón ideológico. Si por lo menos no [hubiera un] patrón ideológico, habría miedo, pero no habría, tal vez, el nivel de desconfianza no sería tan alto". (Participante 14).

A los hitos mencionados en el recuadro, se sumaron mensajes y conversaciones que cuestionaban la injerencia de extranjeros, es decir, de los otros empleados de la CICIG, en temas nacionales. La actitud de estos, y del comisionado, comenzó a ser minuciosamente documentada para evidenciar su falta de respeto a la soberanía y la falta de contrapesos a su trabajo. En ese ambiente, el país llegó al mes de agosto de 2017.

A pesar de la creciente desconfianza hacia el comisionado Velásquez, el Cacif mantuvo una postura pública que reconocía el trabajo tanto del MP como de la CICIG en la lucha contra la corrupción. El 23 de agosto de 2017, cuando se sospechaba que el presidente Morales pediría que el comisionado fuera destituido de la CICIG, la misma Fiscal General afirmó que renunciaría como forma de protesta.

(Respondiendo a @MPguatemala y a @CanalAn­tigua) Fiscal indica que su renuncia sería la única forma de protestar, en relación a la posibilidad de remover al comisionado Velásquez (@MPguatemala 23 de agosto de 2017).

Ante la situación, Cacif publica dos comunicados para expresar su preocupación. En el primero, afirma que Guatemala no debe dar un solo paso atrás en la lucha contra la corrupción, que el presidente está obligado a explicar la veracidad de su posible petición ante las Naciones Unidas con respecto a Velásquez, y que considera que habría graves consecuencias si la Fiscal General no termina su periodo en el MP. En el segundo comunicado señala el importante aporte del trabajo de la CICIG y del comisionado Velásquez a la lucha contra la corrupción –incluyéndose–, que no se ha aclarado si existe alguna razón por la cual se pida sustituir al responsable de la Comisión. También hace el llamado a que no se tomen decisiones que puedan afectar a la institucionalidad de seguridad y justicia.

Tras la solicitud del MP y la CICIG del antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales por el caso de financiamiento ilícito en las elecciones del 2015 (parte uno), el Cacif vuelve a hacer un llamado, esta vez a la unidad de la nación, el compromiso por la lucha contra la corrupción y el respeto a la ley y al proceso. Dos días después de la solicitud, el presidente declara persona non grata a Iván Velásquez. El Cacif se pronuncia: "Hoy y siempre lo más importante debe ser el país y su futuro", explicando que la lucha contra la corrupción es una prioridad no negociable la cual debe sostenerse sobre el respeto a la Constitución, la institucionalidad y el Estado de derecho, siendo necesario que los actores involucrados en el proceso asuman sus mandatos constitucionales. Además, por encima de todo, el objetivo fundamental es el interés nacional y que no debe ser tema de intereses personales.

El apoyo público a la CICIG y al MP desaparece, pero surge una nueva iniciativa propia para seguir con la lucha contra la corrupción. En febrero del 2018, el Cacif y las cámaras y asociaciones empresariales que lo integran reiteran su compromiso por la transparencia y la lucha contra la corrupción creando iniciativas como Guatemala íntegra, Crime Stoppers, el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y la Adopción de Códigos de ética.

Participantes que trabajan o trabajaban en medios de comunicación durante el período de la declaración de persona non grata afirmaron que este hito marcó un cambio de actitud del presidente hacia los medios de comunicación. Las intimidaciones aumentaron. Aun así, hasta noviembre de 2017 se creía que, con el manifiesto y sólido apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia la CICIG, el MP y el Ministerio de Gobernación, su trabajo continuaría. En retrospectiva, los participantes reconocen que fue una ilusión creer que la tendencia continuaría.

¿De dónde viene esa ingenuidad nuestra? Seguramente es un rasgo infantil de no ser capaces de poner en contexto que, en nuestra historia, cada intento de cambio, cada ensayo del cambio, ha sido frenado de manera contundente y eficaz. Y creo que la ingenuidad estaba acompañada, sólidamente soportada por la actitud de los gringos. A nosotros se nos empezó a derrumbar todo cuando gana Trump. No necesariamente porque Trump tuviera algún interés sobre Guatemala ni nada por el estilo, sino porque no nos percatamos de lo hábiles que iban a ser los del establecimiento, el statu quo, para aprovechar las rendijas que se les abrían ahí. Fueron muy hábiles en mandar a Manuel Espina y aprovechar su vínculo con los evangélicos y construir conforme se fue devaluando todo el staff demócrata dentro del departamento de Estado. Cómo empezaron a perder poder, cómo el National Security Council empezó a convertirse en una cosa bien cerrada para los intereses que nosotros creíamos que eran relevantes para ellos. (Participante 4).

La lucha por sostener el apoyo a la CICIG por parte del sector empresarial se redujo a unas cuantas personas que visitaron las oficinas de senadores, congresistas y del departamento de Estado de Estados Unidos en octubre de 2017. En esta visita se enfatizó la importancia de la continuidad de la Comisión y las implicaciones de cambiar al comisionado ya entrados en el penúltimo año de su mandato. Este grupo, conocido informalmente como "La Cantina", intentó por algunos meses sostener el apoyo a la CICIG de forma pública, en un ambiente cada vez más hostil hacia el comisionado, sobre todo. La salida del embajador Todd Robinson, en diciembre de 2017, fue otro evento que debilitó los esfuerzos por continuar apoyando, desde el sector privado, la lucha contra la corrupción. Un último intento por crear un grupo desmarcado del discurso oficial del Cacif ocurrió en febrero del 2018, cuando representantes de la sociedad civil y personas del sector privado, se reunieron para anunciar la creación del Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC). Irónicamente, para la mayoría de los participantes del sector privado, aparecer en la foto oficial que se tomó ese día constituyó el "golpe final" a su credibilidad y posibilidades como articuladores de puentes entre su sector y otros.

Paralelamente, los mensajes sobre las sospechas respecto a las intenciones del comisionado y la politización de la CICIG se hicieron más frecuentes en Washington DC a través del embajador Espina, y una nueva entidad creada para aumentar la presencia empresarial en los círculos políticos estadounidenses, el Guatemala Business Council (GBC).

Y entonces entiendo que eso más fue un tema de tratar de compensar un poquito, pero antes de Manuel Espina, pues Manuel sobrepasó con creces, de compensar un poquito la relación que tenía Edgar Gutiérrez, Helen Mack, La Rue con todos esos staffers ... que dictaban la política de Estados Unidos para Guatemala, porque tú no mirabas jamás a un congresista o un senador, ni siquiera opinando, Leahy solo repetía lo que Tim Reiser le decía. (Participante 17).

Mientras el participante 17 afirma que el Guatemala Business Council se creó exclusivamente para mejorar la representación económica y la búsqueda de negocios en Estados Unidos, otro participante manifestó que el GBC también sirvió para recuperar espacios a favor de las élites empresariales tradicionales en los círculos políticos de Estados Unidos.

Se armó el Guatemala Business Council, básicamente un brazo del lobby del Cacif para hablar de ciertos problemas que tiene como sector privado. Te diría que había gente muy, muy pensante en esa mesa y lo que se trató fue no hacer un lobby, jamás en contra de CICIG, ni jamás hablar, una de las reglas era "no vamos a hablar mal de CICIG"... [L]a institución, la verdad, yo sí siento que había una buena parte del sector privado que a la institución no la veía mala, tan mala como fue el individualismo y el protagonismo que llevó para adelante Iván Velásquez y que incluso Thelma Aldana está aprovechando para una plataforma política que, hay que cuidar mucho. El mezclar la justicia con la política, en mi opinión, es algo que son dos mundos muy, muy diferentes y mezclarlos verdaderamente causa serios cismas y creo que ese fue el gran, el gran problema que vivimos en esos años y fue un tema donde la justicia se mezcló totalmente con la política, se volvió muy mediática. (Participante 14).

La mediatización de los casos fue otro de los temas que alimentó el antagonismo entre el sector privado y el comisionado Velásquez y su equipo. Por ejemplo, la conferencia de prensa en donde empresarios señalados de participar en financiamiento electoral ilícito pidieron disculpas públicas, fue considerada "un acto de humillación" mediatizada por una CICIG politizada (participante 17).

La foto de los catorce empresarios pidiendo perdón por el financiamiento ilícito. Esa foto es otro punto de inflexión tremendo en todo esto, de esta coyuntura, cuando esa gente después de esa foto dijo "jamás nos vuelven a hacer esto". "Eso pasó, la humillación es lo que no perdona, esa humillación pública". (Participante 14).

La CICIG entró en su último año, 2019, con una aceptación popular de más del 60% pero con suficientes enemigos poderosos y las escasas voces disidentes del sector privado acalladas para que la renovación del mandato se hiciera imposible.

El 7 de enero 2019, el Cacif publica un comunicado como respuesta al anuncio del presidente sobre la finalización del acuerdo de creación de la CICIG, en el cual expone que la respuesta de las Naciones Unidas sobre la comisión no resuelve la problemática. Primero, porque la Secretaría General de Naciones Unidas no responde a los requerimientos del gobierno, por lo que el mecanismo contemplado en el acuerdo de creación de la CICIG no ha cumplido su cometido y por lo tanto no encuentra alternativas para la controversia. Y segundo, por las preocupaciones sobre la creación de un vacío legal, convirtiéndose en un precedente para el Estado guatemalteco tanto en las relaciones internacionales y derecho interno. Se avala, por tanto, la decisión del ejecutivo para dar por terminada la comisión añadiendo que la transición debería de estar acompañada por medidas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad, por lo que se debe fortalecer el MP y la acción penal. De esta forma, el Cacif validó y respaldó la decisión del gobierno para poner fin la CICIG.