Aunque en el balance global las élites empresariales lograron salirse con la suya al neutralizar las voces disidentes y evitaron cambios sociales que modificaran el statu quo del cual históricamente han sido las más beneficiadas, pagaron un costo político y social en el balance de poder interno y en sus relaciones con otros actores de poder (sobre todo, las élites políticas de Washington y buena parte de la cooperación internacional). También con respecto a sectores urbanos. Ese precio no debemos subestimarlo.

Gracias al estudio de Alejandra Colom que presenta Plaza Pública sabemos que en el período 2015-2019 las élites económicas guatemaltecas estuvieron muy activas impulsando estrategias de control de daños.

En particular, los testimonios recolectados a partir de las entrevistas realizadas a personas que participaron en los acontecimientos políticos de esos años sugieren que dichas élites trataron de silenciar a la disidencia y recurrieron a diversos mecanismos de incidencia para influir en la sociedad y en el Estado: inculcar temor mediante el recurso del «fantasma del “comunismo”» y su versión moderna, el «fantasma de Venezuela», que las élites económicas centroamericanas han empleado de forma reiterada cada vez que surgen actores con propuestas de cambio social percibidas como un peligro para sus intereses; presionar a trabajadores y empresarios considerados disidentes o portadores de ideas contestatarias a las suyas, aprovechando la ventaja que les otorga una economía reconcentrada y con poca o ninguna regulación estatal y el control que tienen sobre la mayoría de las cámaras empresariales; usar la estrategia de «si no puedes vencer a tu adversario, únete a él para neutralizarlo», consistente en aliarse con sectores tradicionalmente opositores o emergentes alrededor de causas en las que están en minoría o en desventaja política.

Además, el estudio de Plaza Pública indica que tanto las élites como el gobierno recurrieron a la intimidación personal, para la que utilizaron redes sociales y medios de comunicación tradicionales.

Esta actuación y los mecanismos de incidencia no son nuevos ni exclusivos de las élites económicas guatemaltecas: los emplean reiteradamente sus pares centroamericanos para incidir y para asegurar la hegemonía en las economías y en las sociedades centroamericanas.

Lo que resulta particular de Guatemala es la desmedida influencia que tienen las élites económicas debido a la ausencia de contrapesos sociales y políticos, particularmente a la inexistencia de un verdadero sistema de partidos políticos programáticos, la debilidad de las instituciones democráticas y la fragmentación de un Estado que goza de poca autonomía, y la ausencia de una sociedad civil organizada alrededor de proyectos políticos democráticos y transformadores.

No es casualidad, en este sentido, que en el período 2015-2019, los actores principales que desafiaron el statu quo fueran externos: el gobierno de Estados Unidos y buena parte de la cooperación internacional aglutinada alrededor de la CICIG. Sin la posición firme y el apoyo decidido de estos actores, en especial de Estados Unidos, hubiera sido prácticamente imposible avanzar en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad como ocurrió en la época que aborda el estudio de Plaza Pública.

Esto es así porque tanto Estados Unidos como la CICIG actuaron en la práctica como contrapesos del poder empresarial y apoyaron y alentaron la protesta ciudadana.

Desafortunadamente –y esto tampoco es nuevo– la actuación de Estados Unidos a favor del cambio social en Centroamérica siempre ha estado mediada por su relación con los sectores empresariales.

Como argumentamos en un libro sobre el capitalismo centroamericano que se publicará en los próximos meses, la relación entre las élites locales y Estados Unidos en el siglo XX fue compleja y no estuvo exenta de contradicciones y enfrentamientos. Sobre todo, cuando la superpotencia, atendiendo a sus intereses geopolíticos, impulsó, promovió o apoyó agendas socioeconómicas reformistas o proyectos democráticos destinados a alterar el statu quo en uno o más países de la región.

Cuando esto ocurrió, las agendas reformistas avanzaron, pero no lo suficiente como para modificar las bases de funcionamiento del capitalismo agrario. ¿Por qué no lo suficiente? Debido al cuidado que mostró siempre Estados Unidos por no estropear demasiado sus relaciones con las élites locales, a quienes siempre ha considerado su aliado natural en dos de sus temas estratégicos: la lucha contra el comunismo y la defensa y promoción de la economía de mercado, es decir, del capitalismo.

Esto es lo que explica en buena medida la actitud históricamente complaciente que Estados Unidos ha tenido con las élites económicas locales, y que estas han sabido aprovechar para oponerse a cualquier cambio que ponga en riesgo sus intereses y sus privilegios.

Cuando estas dos fuerzas se han aliado para detener los cambios el resultado para Guatemala y el resto de Centroamérica ha sido nefasto: con la excepción del Estado costarricense, el resto no han tenido la independencia ni la fuerza necesaria para servir de contrapeso efectivo a las élites locales, que, con la permisividad de Estados Unidos, construyeron un capitalismo a la carta sobre una institucionalidad política, económica y social diseñada para que el mercado opere siempre a su favor, para controlar los principales espacios de acumulación de capital y para asegurar una concentración acelerada de la riqueza en sus manos, principalmente mediante el control de la tierra, de la política salarial y de la política fiscal.

Para finalizar, conviene subrayar la importancia del trabajo de Alejandra Colom por la reflexión de las personas entrevistadas sobre la sociedad guatemalteca.

El estudio refleja con bastante claridad las luces y las sombras de Guatemala, sobre todo la existencia de una sociedad profundamente dividida y desconfiada en donde los dados están cargados a favor de las élites empresariales conservadoras, buena parte de las clases medias siguen presas de una ideología conservadora e individualista y los sectores sociales siguen desorganizados y atrapados en luchas ideológicas y sectarias que les impiden avanzar en la construcción de una coalición a favor de un cambio social transformador.

En este sentido, espero que el trabajo de Plaza Pública contribuya a generar una reflexión sustantiva alrededor de la necesidad urgente que tiene Guatemala de construir una coalición social y política alrededor de la instauración de una democracia capaz de generar los contrapesos al poder empresarial y de impulsar una agenda de cambio social transformadora.