Los que secundan cualquier travesura

Investigación y textos: Javier Tobar
Edición: Francisco Rodríguez y Enrique Naveda
Diseño web: Dénnys Mejía
Desarrollo: Erick Alvarado
Ilustraciones: Suandi Estrada y Dénnys Mejía
24 de marzo de 2021

Usualmente no tienen iniciativa, pero cuando ocurrió algo cuestionable, sin ver el listado sabes que estuvieron involucrados

Partido Humanista
(6 diputados)

A pesar de que Edmond Mulet consiguió el cuarto puesto en las elecciones presidenciales del 2019, el Partido Humanista solo obtuvo seis escaños en el Congreso. En poco tiempo el grupo quedó fragmentado: Mulet renunció al partido y las riendas quedaron en manos de Rudio Lecsan Mérida Herrera, el exdirector de la Policía Nacional Civil durante el gobierno de Alfonso Portillo.

El bloque Humanista ha sido uno de los mejores aliados de Allan Rodríguez y la maquinaria oficialista. Le dieron su apoyo para ser presidente del Congreso en el 2020 y lo hicieron de nuevo para el 2021. A cambio pidieron la tercera secretaria para el diputado Douglas Rivero Mérida.

En términos financieros hicieron todo lo que pidieron Allan Rodríguez y el presidente Alejandro Giammattei. Apoyaron los nueve préstamos que solicitó el gobierno y votaron a favor del impugnado presupuesto para 2021, aunque después tuvieron que dar marcha atrás.

En el caso del presupuesto del Congreso, aprobaron uno por 1.06 millardos de quetzales, con recursos para contratar más personal en el Legislativo y aumentar los gastos en alimentos para los diputados. Al mismo tiempo reducía el presupuesto asignado al Procurador de Derechos Humanos.

La aprobación de un presupuesto de 99 mil 700 millones de quetzales se hizo entre la noche del 17 de noviembre y la madrugada del 18 de noviembre de 2020.

La oposición apenas tuvo seis horas para revisar la propuesta y trató de evitar que se aprobara. Pero la alianza oficialista, incluyendo a los humanistas, hizo oídos sordos a los reclamos y dio luz verde al presupuesto.

Al final, el Congreso tuvo que dar marcha atrás, en medio de una ola de protestas ciudadanas.

Aunque la dirección del grupo está en manos de Lecsan Mérida, no todos los diputados son afines a él. Aníbal Samayoa, uno de los congresistas más jóvenes, trata de marcar distancia.

En una entrevista, a finales del 2020, el diputado Samayoa reconoció las fracturas internas del partido y de la bancada. Y por eso, cada uno era libre de participar en las votaciones sin directrices.

Mientras tanto, Edmond Mulet intenta crear un nuevo partido, Cabal, ya cuestionado por su propio nombre.

Prosperidad Ciudadana: reciclaje político
(3 diputados)

En las filas de la bancada Prosperidad Ciudadana hay tres diputados. Pero solo uno acapara la atención de los medios por sus propuestas y su notoria participación en la alianza oficialista.

Jorge García Silva es el quinto secretario en la Junta Directiva. Y ese puesto se lo ganó cuando presentó la iniciativa 5691, que propone exonerar de impuestos a las empresas durante 100 años como un incentivo para la inversión. Y además por impulsar la moción para aprobar el presupuesto del 2021.

García Silva no es nuevo. Fue diputado con Lider, el partido de Manuel Baldizón, y con TODOS, cuando lo dirigía Roberto Alejos Cámbara. En el 2019 se presentó a las elecciones con el partido de Edwin Escobar Hill, el exalcalde de Villa Nueva.

Dentro del partido, las cosas no marchan bien. En noviembre de 2020, Edwin Escobar denunció a García Silva y a su asistente, Sabrina María Veliz Castañeda, de participar supuestamente en negocios ilícitos por 22 millones de quetzales con fondos públicos del Insivumeh (el Instituto de Meteorología, Vulcanología e Hidrología). El Ministerio Público empezó una investigación y el partido inició los trámites para su expulsión.

Una de las tareas que García Silva tiene en la alianza oficialista es presentar mociones y propuestas para poner en marcha los planes de Allan Rodríguez. En noviembre de 2020 presentó una moción con la supuesta intención de buscar soluciones al COVID19, pero su propuesta planteaba aprobar la Ley de ONG, para controlar y limitar las actividades de la sociedad civil organizada. Aunque el Congreso la aprobó, días después la CC ordenó suspenderla.

Los otros diputados de Prosperidad Ciudadana son Hernán Morán Mejía y José Adolfo Quezada Valdéz. En el 2020, Henrán Morán Mejía fue el cuarto secretario de la junta directiva de Allan Rodríguez. Al igual que García Silva, ya tiene un historial de transfuguismo. En legislaturas pasadas fue diputado de UCN, Lider, Alianza Ciudadana y FCN-Nación. José Adolfo Quezada Valdéz fue alcalde de Pachalúm, Quiché.

Los tres diputados apoyaron la elección de Allan Rodríguez como presidente del Congreso para el 2020 y su reelección.

Podemos
(1 diputado)

José Alejandro de León es el único diputado de Podemos, la plataforma política con la Roberto Arzú García-Granados, hijo del expresidente y exalcalde Álavaro Arzú Irigoyen, que intentó ser presidente en 2019.

Solo representa un voto en el Congreso pero es clave en procesos en los que la alianza oficialista anda justa de respaldo.

De León tiene una experiencia legislativa de 13 años consecutivos como representante por Chimaltenango, principalmente con el desaparecido partido Lider, de Manuel Baldizón, y luego en el Movimiento Reformador, de Alejandro Sinibaldi.

Tanto en la elección de Junta Directiva para el 2020, como la del 2021, De León apoyó a Allan Rodríguez para llegar a la presidencia. Por representar a un grupo con poco poder, el congresista no pudo optar a un cargo directivo.

También apoyó a los préstamos que requirió el gobierno.

Pese a su poca participación en el pleno y un perfil poco llamativo, De León es una pieza estratégica en la alianza oficialista. Fue el ponente de la iniciativa para reformar la Ley de Acceso a la Información y reducir el poder del Procurador de los Derechos Humanos en la supervisión de que se cumpla ese derecho.

Aunque el congresista no tiene problemas con la justicia, su padre sí. José Alejandro de León Pérez, representante legal de la empresa Editora Educativa, fue señalado por defraudación tributaria por 2.9 millones de quetzales y por financiamiento electoral no registrado para el partido Lider.

Así como el resto de los oficialistas, el diputado de Podemos votó en contra de todas las mociones para elegir a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, luego de que la Corte de Constitucionalidad descartara a los candidatos sin idoneidad.

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