La historia de esta paciente comenzó en 2020, en el intensivo de un hospital en Estados Unidos. Se contagió de covid-19 y permaneció varias semanas en estado delicado.
A su regreso a Guatemala, el médico le confirmó que tenía fibrosis pulmonar, una enfermedad que dificulta el acto natural de respirar, como secuela del coronavirus. Le recetó pirfenidona, un medicamento de alto costo que comenzó a usarse durante la pandemia de manera experimental.
Dado el precio del fármaco –Q5,000 y Q6,000 mensuales en México–, la única opción sostenible era recurrir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
La atendieron, pero como la pirfenidona no figura en el listado básico de medicamentos, la médica de la institución pública le explicó que no podía recetarlo. Así que acudió al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) donde le brindaron asesoría legal gratuita para presentar un amparo y exigir el fármaco. A partir de entonces, tuvo experiencias que la sorprendieron.
La primera ocurrió dentro de las instalaciones del IGSS, una doctora le ofreció una caja por Q27,000, y los servicios de un abogado. Recibió llamadas de otros juristas interesados en su caso y la de una viuda que quería venderle el medicamento que su esposo no alcanzó a utilizar.
La paciente rechazó los ofrecimientos y esperó que se resolviera el amparo. Ganó, le entregaron Esgrinil (de Agefinsa) y sintió la mejoría.
Pero hace cinco meses, en julio de 2025, el IGSS le informó que debe presentar un nuevo amparo para solicitar Misofagan (de la empresa Plenitud 365) o Fibriet (de Rentas y Servicios Empresariales Las Verapaces).
Ambas marcas son tres veces más caras que el medicamento original. Cada pastilla de Misofagan cuesta Q660 y cada unidad de Fibriet, Q665, en tanto que la de Esgrinil, Q190. A pesar de esto, las dos primeras se apoderaron del mercado de la pirfenidona en el IGSS, como se informó en el primer reportaje de esta serie.
Desde que le notificaron que no comprarían más el medicamento, acceder a su tratamiento ha sido complicado. Pasó diez días sin la medicina, hasta que el IGSS se la proveyó de nuevo. Y esto tuvo un impacto en su salud: volvió la tos seca, el cansancio y le cuesta respirar. No sabe si presentará un nuevo recurso para recibir Esgrinil. «No sé si se va a resolver».
El nombre de esta paciente no será público, Guatemala Leaks lo reserva para proteger su privacidad. La alianza de medios cuenta con la documentación que respalda sus palabras.
Miles de amparos
Entre 2017 y 2024, se presentaron casi 4 mil amparos contra el IGSS, según datos proporcionados por la institución, casi uno diario. La judicialización de la salud es un fenómeno tan extendido que incluso se utiliza para exigir fármacos tan cotidianos como la aspirina o la vitamina B.
Este fenómeno ha crecido tanto que en 2024, el IGSS gastó alrededor de Q1,700 millones en casi 200 distintos medicamentos amparados. Esto representó cerca del 46 % de su gasto total en fármacos.
Los amparos no ocurrirían sin la participación de una serie de protagonistas. Sobre ellos trata este segundo reportaje: pacientes que necesitan un fármaco; médicos y asociaciones de pacientes que incentivan la venta de medicamentos de ciertas marcas, ya sea por convicción o influencia de la industria; abogados que presentan cientos de amparos; un IGSS que considera esto un problema, pero no lo ataja o es cómplice; y unas cortes de justicia que casi siempre dan la razón a los pacientes, sin tener en cuenta consideraciones técnicas, económicas o de salud pública.
Ocho fuentes consultadas, entre expertos, empresarios y exfuncionarios del IGSS, coincidieron en que detrás del fenómeno hay redes que estimulan la multiplicación de los amparos, no por el derecho a la salud, sino porque son una forma de abalanzarse sobre el presupuesto del IGSS y repartir el botín.
En realidad, son solo unas pocas personas las que impulsan una gran cantidad de amparos: tres abogados presentaron 597 amparos y tres médicos firmaron 349 certificados para justificarlos entre 2020 y 2023. Estos datos provienen de un análisis interno realizado por el IGSS al que se accedió para este reportaje.
Además, en un análisis de cien expedientes judiciales realizado para esta investigación, se observó una concentración similar en pocos abogados y médicos.
El Seguro Social tiene el mayor presupuesto para comprar medicamentos en el país, pero solo ofrece cobertura a un 20 % de la población, el resto es atendida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
La consulta
Casi siempre, la historia de un amparo comienza en la consulta de un doctor. Un afiliado al IGSS, a quien no le convence el tratamiento que recibe, buscan una segunda opinión en una consulta privada. Allí escucha el nombre de un fármaco diferente –uno novedoso o con el mismo principio activo, pero de otra marca–, que podría sentarle mejor.
Si padece una enfermedad como cáncer, el médico le habla de tratamientos más recientes y eficaces que el Seguro Social no ofrece por ser caros, pero que puede obtener si presiona mediante un amparo.
Al paciente le parece lógico, para eso cumple con pagar sus cuotas a la institución. A los doctores también: cada vida merece protegerse con todos los recursos disponibles.
El profesional extiende un certificado a favor del afiliado que servirá de base para presentar el recurso. Se suele exponer el diagnóstico y se afirma que, para ese problema, está indicado un fármaco en particular. A veces, se usa solo el nombre genérico del medicamento, pero con frecuencia se indica también la marca para que no haya dudas.
«Yo no soy nadie para decirle a una persona ‘mire, esto le va a costar muchísimo al IGSS, mejor no se ampare, muérase», comentó Fabiola Valvert, una hematóloga que ejerce en la práctica privada.
Lo más probable, como muestran los cien expedientes judiciales consultados para este reportaje, es que el médico no tenga que hacer nada más por su paciente. No necesita argumentar su recomendación ante los tribunales, ni mostrar evidencia de que ha empeorado y que la causa es el fármaco proporcionado por el IGSS y no, por ejemplo, su dosificación o su interacción con otra medicina.
A veces, los pacientes, con el respaldo de un certificado médico, piden que se les cambie por otro que contiene exactamente el mismo principio activo. En 2024, esto sucedió con al menos 40 fármacos, según halló esta investigación.
«Las medicinas que se judicializan no es que no sirvan, sino que no son los de mayor efectividad terapéutica, o los que ofrecen el mayor beneficio en términos de costo y población cubierta», explicó Walter Flores, un especialista en análisis de sistemas de salud.
En los juzgados estos debates científicos no se producen. A los doctores, en realidad, les basta firmar un certificado médico.
«Este problema se termina el día que se obligue a los médicos a ir a tribunales a justificar delante de todos lo que pusieron en un papel», comentó el exfuncionario del IGSS que pidió no ser identificado.
Incentivos y regalos
En la consulta del médico interviene otro fenómeno: la influencia de la industria.
Las farmacéuticas, como cualquier empresa comercial, recurre a estrategias de marketing o ventas para que los doctores prescriban lo que ellas quieren vender. Y en Guatemala esta relación no está regulada.
La Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 80, prohíbe a las empresas dar incentivos de cualquier tipo –primas, bonos, descuentos, viajes, obsequios– a los profesionales que compran o prescriben fármacos en las entidades públicas. Pero no sucede lo mismo con los médicos privados.
Y son precisamente ellos –algunos también trabajan en instituciones públicas– quienes suelen respaldar los amparos.
«La influencia que ejerce la industria en las prácticas de prescripción es impresionante», dijo Gustavo Estrada, un médico que trabajó en el IGSS y que ahora coordina el área de salud del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología, de la Universidad Rafael Landívar.
«No media el análisis riguroso para recetar algo, sino la influencia de la farmacéutica que, a veces, ofrece dádivas: congresos, viajes, regalos… Si se hiciera un estudio, sobre las razones por las que los médicos prescriben un medicamento por encima de otro, muchos no sabrían qué responder», añadió Estrada.
En otros países, es común que las recetas solo incluyan el principio activo de un medicamento. En Guatemala, en cambio, lo más frecuente es que también mencione la marca, y esto genera suspicacias, admitió Fabiola Valvert, la hematóloga.
La industria, explicó, organiza congresos o conferencias y paga el costo de asistir a ellos. Si son empresas privadas quienes desarrollan los fármacos, es natural que también sean ellas quienes difundan información sobre cómo funcionan y qué beneficios tienen. Esto es científico y lógico, acotó.
En su caso, firma certificados solo con el principio activo que sirven como respaldo. Anota la marca cuando una asociación de pacientes lo pide. «Me piden que identifique una marca porque, me dicen, ‘entra un medicamento que no conocemos, los pacientes se ponen malos y tienen que presentar otro amparo’. Y respondí ‘ok, si me lo planteas así, tenés razón», comentó.
Estas asociaciones están en el origen del fenómeno de los amparos en el país. Desde hace dos décadas, presionan para que el IGSS compre ciertos fármacos para tratar el VIH, la enfermedad renal crónica (ERC) o la esclerosis múltiple. Y para lograrlo, recurren a amparos colectivos.
Su papel, según coincidieron varias fuentes, no es fácil de simplificar.
Por una parte, son un movimiento social que ha visibilizado los problemas que padecen personas con enfermedades graves. También han contribuido a formar a los pacientes y sus familiares para que conozcan en qué consiste y cómo abordar su enfermedad.}
Su activismo, además, ha ejercido presión sobre el IGSS o el PDH para que presten más atención a ciertos pacientes y al abastecimiento de los medicamentos que necesitan.
Pero desde el comienzo, las acompaña la sospecha de favorecer los intereses de ciertas empresas.
Como en el caso de los médicos, la relación de estas agrupaciones con la industria no está regulada, salvo en los códigos éticos que tienen algunas empresas. Esto se presta a que las farmacéuticas puedan financiarlas con donaciones de dinero o medicamentos e influir sobre ellas.
Las asociaciones, a cambio, pueden orientar a sus miembros a que presionen por ciertos medicamentos que benefician a una distribuidora farmacéutica en particular.
Así, en los últimos años, han presentado amparos para evitar que el IGSS les proporcione genéricos que podrían ser más baratos y para seguir recibiendo marcas originales. Esto sucedió con el micofenolato marca Cellcept, un fármaco que toman las personas sometidas a trasplantes de órganos y que distribuye la empresa J. I. Cohen.
Pero también hay casos en los que presionan para que se les suministre medicamentos cada vez más caros, como ha ocurrido con el paricalcitol marca Zemplar. Este fármaco previene el exceso de calcio en la sangre que suele estar asociado con la ERC.
El origen de este caso está en 2011, cuando alguien –que no se identifica en los expedientes judiciales– donó Zemplar a un grupo de pacientes renales quienes dejaron de tomar el fármaco que hasta ese momento les daba el IGSS: el alfacalcidol.
Cuando la donación terminó, los pacientes presentaron un amparo para seguir recibiéndolo y ganaron. Después el Seguro Social incluyó Zemplar en su listado, por lo que ya no se debe comprar por amparo.
Así, gracias a la presión de las agrupaciones, un tratamiento que tenía un costo anual de Q170, según un cálculo propio basado en los precios que paga el IGSS, se convirtió en uno por el que se paga cien veces más, unos Q18,600.
Con el tiempo, se publicaron estudios que evidencian que ambos medicamentos, alfacalcidol y paricalcitol, tienen efectos casi idénticos. Sin embargo, el IGSS sigue comprando el caro En 2024, los dos distribuidores principales del fármaco, J. I. Cohen y La Botica, le vendieron Q34 millones de este fármaco.
Una situación similar ha sucedido con un medicamento para la esclerosis múltiple llamado natalizumab, conocido por su nombre comercial Tysabri.
En los últimos años, amparos colectivos como estos han sido menos frecuentes. Y si su importancia se ha reducido, explicó una fuente, es porque a las empresas se les ha dificultado mantener la relación con las asociaciones porque ahora tienen normas éticas más estrictas que sus distribuidores locales también tienen que cumplir. «Las asociaciones han quedado en el abandono. Ya no es como antes. Ahora se hace paciente por paciente», dijo esta fuente.
El auge del individuo
Los abogados son la cara más visible del fenómeno. Sus nombres aparecen en los expedientes judiciales de los amparos y, por tanto, son quienes más atención han recibido de su rival en los tribunales: el IGSS.
Desde hace años, la institución ha observado cómo los nombres de algunos abogados se repiten en cientos de casos. Y también ha notado cómo sucede lo mismo con un número reducido de doctores que firman grandes cantidades de certificados médicos.
Esto ha alimentado la sospecha de que, al menos una parte de los amparos, se explica por la existencia de redes dedicadas a litigar contra el IGSS para beneficiar a ciertas empresas.
En 2016, la institución, de hecho, denunció la existencia de una estructura que presentó 84 amparos.
Según el Seguro Social, en estos procesos, médicos, abogados y asociaciones manipularon a pacientes para que alegaran algo que no era cierto: que su vida corría peligro si no recibían un medicamento en concreto de un único proveedor.
Tras el cambio de autoridades de 2021 y la llegada a la presidencia de José Adolfo Flamenco, el IGSS no ha vuelto a denunciar en público el fenómeno.
Pero a nivel interno, su departamento legal ha mostrado la persistencia del problema.
Un documento del IGSS elaborado en 2023, al que accedió Guatemala Leaks, evidencia la relación de ciertos abogados y médicos con cientos de procesos.
El análisis del IGSS se basa en un grupo de 1,149 amparos presentados entre 2020 y 2023.
No son todos los procesos registrados en esos años, pero sí una parte importante.
El documento muestra cómo el 52 % de estos amparos, 597, fueron impulsados por tres abogados: Cristhian Eduardo Pérez González, Carmen Guadalupe Woc Samayoa y Sara Ivonne Diéguez Díaz.
Woc Samayoa falleció en 2022 y varios de sus casos los tomó Annelys Padilla Villatoro.
El análisis legal también expone cómo el nombre de tres médicos se repite en 349 expedientes: Julio Enrique Silva Muñoz, Óscar Alejandro Avendaño Flores y Marta Haydée Hurtarte Ruano.
El informe, además, muestra la relación entre abogados, médicos y ciertas empresas.
Así ocurre, por ejemplo, con la pirfenidona.
Entre 2021 y 2023, el 48 % de los amparos por este fármaco los presentó un solo abogado: Cristhian Eduardo Pérez González. Y en al menos la mitad de ellos, la médico que respaldó el proceso fue Marta Haydee Hurtarte Ruano.
Esta profesional no está especializada en enfermedades respiratorias. Es médico general y familiar y trabaja en una clínica llamada Medi Center. Sin embargo, recomienda un tratamiento de alto costo para un problema tan específico como la fibrosis pulmonar pos covid-19.
Para este reportaje se trató de localizar a la doctora Hurtarte Ruano. Sin embargo, en su clínica no respondieron las llamadas telefónicas y tampoco se la pudo ubicar en una visita realizada a su lugar de trabajo el 9 de octubre.
Los amparos por pirfenidona en los que coinciden el abogado Pérez González y la doctora Hurtarte Ruano son siempre de la misma marca: Misofagan. Este medicamento lo distribuye la empresa Plenitud 365.
Más vínculos
Guatemala Leaks, con ayuda del programa Guatemala Data y la consulta a archivos judiciales, revisó 100 expedientes en contra del IGSS de 2020 a 2024.
Lo que encontró es muy similar a lo evidenciado por el IGSS en su análisis.
Se repite, por ejemplo, el nombre del abogado Cristhian Eduardo Pérez González.
Este profesional, que no solo está implicado en cientos de amparos, también estuvo presente en varios procesos en los que el IGSS señaló irregularidades.
La institución lo ha acusado de representar a un paciente que ya había fallecido en el momento en que presentaron el amparo. También de patrocinar a personas que aseguraban no conocer al abogado ni ser conscientes de que eran parte de un proceso legal. E, incluso, de solicitar medicamentos para 12 pacientes con VIH que carecían de un diagnóstico de la enfermedad.
También se encontró la relación entre algunos médicos y las empresas que se benefician de los amparos.
Así sucedió con un medicamento que evita trastornos en la sangre llamado Elopag.
En 2024, el Seguro Social gastó Q8.5 millones en este fármaco. Todas las compras se realizaron mediante este recurso. Y en varios de estos procesos, el médico que respaldó la recomendación del fármaco fue Óscar Alejandro Avendaño Flores, uno de los que más participa en amparos.
Elopag es distribuido por Plenitud 365. Y Avendaño Flores tiene vínculos directos con una de las representantes legales y gerente general de este negocio: Sandra Campo Castro.
Ambos han sido representantes legales de OGSO, S.A. Además, Avendaño Flores ha sido médico personal de Campo Castro y la apoyó en un amparo que la empresaria presentó para obtener un medicamento para sí misma.
Para este reportaje, se intentó contactar al médico Avendaño Flores por teléfono y en persona, pero no pudo ser localizado.
En una entrevista, la empresaria de Plenitud 365, Campo Castro, reconoció que conoce al doctor ya que fueron compañeros de trabajo. Aceptó que esto puede generar suspicacia, pero aseguró que esta relación no influye en los medicamentos que receta Avendaño Flores.
«El grupo de personas que trabajamos en la industria farmacéutica es reducido. Solo porque nos conozcamos, seamos amigos o hayamos compartido alguna relación de trabajo, (el médico) no tendría que dejar de recetar un medicamento que necesite el paciente», dijo la empresaria.
Cuando se le explicó que Avendaño Flores receta medicamentos como Elopag, que vende Plenitud 365, Campo expresó sorpresa y manifestó: «Ay, bueno, qué bueno para nosotros».
El mismo abogado
En estos amparos para obtener Elopag, el abogado también fue Cristhian Eduardo Pérez González.
En una entrevista, Pérez González aseguró no conocer a los médicos cuyas recetas justifican los amparos. Es el paciente quien aporta estos documentos, explicó. Además, negó tener relación alguna con empresas.
«No tengo ningún tipo de acuerdo con ninguna farmacéutica, mi relación es estrictamente con el cliente», dijo.
El abogado reconoció que los amparos para medicamentos son un campo con mucha demanda, aunque él describió su trabajo como un servicio social.
Algunos pacientes contaron que el amparo puede llegar a costar entre Q35,000 y Q40,000, Pérez González aseguró que no cobra cantidades tan elevadas. Sin embargo, eludió precisar el monto de sus honorarios.
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