Yo reclamo control de armas, ya

De cada diez muertes violentas en Guatemala, por lo menos ocho son producto de un arma de fuego. La violencia, la muerte producida por una bala, el temor y la inseguridad, son hechos reales que rodean la vida de las y los habitantes de este país, día con día.

Guatemala también es un paraíso para quienes comercian con la muerte, ya sea legal o ilegalmente. De acuerdo con el estudio, Armas de fuego y municiones en Guatemala: mercado legal y tráfico ilícito, presentado en 2009 por la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), la legislación laxa y la debilidad institucional han dado paso a un mercado legal creciente y también a zonas grises que favorecen el tráfico ilícito de las mismas. El informe de la CICIG refiere que Guatemala es el sexto comprador de armas de fuego en el continente, sólo debajo de México, Brasil, Colombia y Venezuela. Un contraste con la bajísima posición (122) en el Índice de Desarrollo Humano. 

Pese a los tratados internacionales que se han suscrito y que obligan a la adopción de medidas y acciones encaminadas a reducir el mercado de las armas, la política oficial se guía por la permisividad con los comerciantes de la muerte. En el estudio citado, se indica que los grupos criminales vinculados al mercado ilegal, “propician la existencia de marcos regulatorios laxos, generan mecanismos paralelos en las instituciones del Estado y fomentan la corrupción de los funcionarios para lograr el acceso a las armas y municiones que necesitan para realizar sus acciones ilícitas”.

De allí que devenga sospechoso, por ejemplo, que exista una diferencia grande entre el monto importado y el monto vendido en armas de fuego y municiones. En números simples, resulta que la Dirección General de Control de Armas y Municiones –DIGECAM–, refiere que entre 2007 y 2009, las importaciones de instrumentos de muerte (armas de fuego y municiones) fueron de 113  millones de dólares  en tanto que la venta de las mismas alcanzó los 213.3. La diferencia de cien millones,  o sea 88.5%  se podría explicar legal –aunque extrañamente– en una provisión enorme de “mercadería”. Sin embargo, también se puede explicar en una especie de mecanismo de “lavado de armas” en el mercado legal. Hasta la fecha, la DIGECAM no ha desarrollado investigaciones ni informes sustantivos al respecto de esta anomalía.

Una irregularidad que no es cualquier cosa, por cuanto contribuye a la circulación de instrumentos de muerte que son una amenaza constante a la vida. Circunstancia que se agrava cuando dichos artefactos caen en manos de niños y nos revientan en la cara el nivel de violencia alcanzado.

El hecho de que una niña muera porque un chiquillo jugó a los vaqueros con la pistola de su papá, un señor que encima lo convierte en fugitivo al sacarlo del país, sólo ha despertado niveles limitados de indignación. Misma que no llega a tener el volumen suficiente para que el gobierno entienda que es momento de cortar de tajo el negocio de la muerte.

Este país no puede seguir escribiendo su historia con sangre. Este país no puede mantener su permisividad y tolerancia al negocio de la muerte y su aceptación social a los vendedores de dolor. Por eso, me apunto y reclamo un control de armas de fuego, ya. Y usted, ¿se apunta?