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“Yo no juré ante el Presidente, juré ante la Constitución”
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“Yo no juré ante el Presidente, juré ante la Constitución”

La elección de Fiscal debería hacerla la Corte Suprema, pero por un Corte integrada de esta forma. No como está ahorita. Así se queda la justicia en el sector justicia y no en manos del Presidente de la República, ni en manos de partidos políticos.
Si el Sistema Penitenciario sigue funcionando igual, es complicado hacer las investigaciones. Nosotros hacemos requisas, entramos, quitamos celulares. Pero saliendo los fiscales, los reos ya tienen celulares. Las antenas bloqueadoras no funcionan.
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Llegó al Ministerio Público en medio de la zozobra y las desconfianzas que dejó la salida acelerada de Claudia Paz y Paz. Su elección generó especulaciones sobre las posibles alianzas y lealtades que la habían llevado al puesto. En los quince meses que lleva al frente de la Fiscalía General de la República, Thelma Aldana ha sido protagonista de uno de los momentos más trepidantes de la investigación criminal guatemalteca. Aquí hace un balance de su actuación como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, un papel que ha sorprendido y desconcertado por igual.

Thelma Aldana Hernández en público es una persona mesurada. Mide sus gestos y calcula sus palabras con cautela. Es cordial, pero hermética. Aldana, exmagistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, está ahora en un cargo en el que están puestas las miradas de la opinión pública y en el que se apoya, en buena medida, la tambaleante justicia guatemalteca. Ella y el Ministerio Público han sido imprescindibles para mover algunos de los engranajes que, junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han girado para señalar a las estructuras criminales incrustadas en las instituciones del Estado.

Aldana busca marcar distancia con Otto Pérez Molina y el Ejecutivo, y no se corta en señalar las falencias del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario. “Está mal, siempre ha estado mal”, dice la Fiscal General al referirse al Estado y acuerpa las demandas ciudadanas que exigen cambios en el sistema. En un momento político de gran turbulencia Aldana insiste: ella no tiene presiones de ningún tipo.

Su primer año, dice, lo ha utilizado para fortalecer a la institución, “particularmente en los delitos que más afectan a la población”. Así logró crear la Fiscalía contra la Extorsiones, “una fiscalía moderna. Tiene un call center que atiende las 24 horas del día”.

¿Son las extorsiones el principal delito que se comete en el país?

Por supuesto. El más denunciado es violencia contra la mujer; le siguen amenazas, coacción, robo, hurto y después las extorsiones. Lo que sucede es que las personas no se atreven a denunciar. Si todos los que sufren extorsiones se atrevieran a denunciar, quizá estaría en primer lugar. La idea de esta Fiscalía es que analice el fenómeno criminal, lo cual nos permitirá desarticular las estructuras que se dedican a la extorsión. Por supuesto que, solos, como MP, no podemos.  Si el Ministerio de Gobernación no está con nosotros en este combate a las extorsiones, hacemos la mitad de la tarea.

¿Quiénes extorsionan en Guatemala?

El 80 % de las extorsiones proviene de los centros de detención.

Se sabe que grandes empresarios son víctimas de las extorsiones, pero no lo denuncian. En cambio, se sabe de algunas empresas que suman al precio de sus productos el monto de la extorsión y se lo trasladan a los consumidores.

Eso es grave. Eso es parte de lo que hay que investigar. Nos permite determinar que son estructuras. En el caso de las pandillas, en la pirámide están los jefes sanguinarios; se comportan igual la Mara Salvatrucha y la mara Barrio 18. Tienen luego sus mandos altos, mandos medios poderosos, y toda la base que son mujeres y niños, que son los cobradores, los que llevan los teléfonos, los más menospreciados. Como en toda la sociedad guatemalteca, ellos repiten esa conducta de menospreciar a la niñez y a las mujeres. Si fuéramos capaces, como Estado, de rescatar a esa base, de rescatar a la niñez, a las mujeres, entonces empezamos a resquebrajar esa pirámide. En el Ministerio Público perseguimos a los de arriba. Eso es lo que nos toca a nosotros; los llevamos a la cárcel. Pero no hay esfuerzo de Gobernación, que los deja usar celulares, ser VIP, hacer y mandar en la prisión.

Las grandes empresas que distribuyen sus productos en los barrios populares, ¿denuncian las extorsiones de que son víctimas?

Sí, estamos trabajando con ellos. Diseñamos un plan contra las extorsiones, con Fundesa, con CICIG, con Gobernación. Lo estamos llevando a cabo pero no lo publicitamos porque no es ese nuestro fin. Yo creo que el país debe ser capaz de erradicar ese delito.

¿Se le salió de las manos al sector privado el tema de las extorsiones?

Pero no a ellos. Se nos salió a nosotros, al Estado.

Pero cuando una empresa acepta pagar la extorsión a los delincuentes, y cobrársela a los consumidores dentro del precio de los productos, los hace cómplices del delito.

Es víctima. Pero, cuando lo traslada al consumidor, es perverso. Pagar o no pagar las extorsiones es una decisión personal, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Aquí se les da acompañamiento, pero no puede decirle a toda Guatemala: “No paguen”. Les decimos “denuncien”, “vengan acá”,  de acuerdo a su caso se les da acompañamiento y se les cuida.

¿Sigue el Sistema Penitenciario dominado por la estructura criminal dirigida por Byron Lima?

Claro, claro, todo.

¿Por qué si el MP y la CICIG ya habían desbaratado la estructura de Byron Lima, ésta se logró recomponer y retomar el control de las prisiones? ¿Por qué el Estado no ha logrado poner orden dentro de las cárceles?

No sé. Eso tendría que responderlo el Presidente de la República, el Ministerio de  Gobernación, el director de la PNC, el director del Sistema Penitenciario. Si el Sistema Penitenciario sigue funcionando igual, es complicado hacer las investigaciones. Nosotros hacemos requisas, entramos, quitamos celulares. Pero saliendo los fiscales, los reos ya tienen celulares. Las antenas bloqueadoras no funcionan.

¿Se ha hecho algo concreto para detener el asesinato de chóferes?

Lo que nos corresponde es investigar y al tener a los responsables, llevar los casos a los tribunales. Tenemos muchísimos casos de los tribunales. El problema es la prevención. El MP interviene cuando hay delito, no puede intervenir antes.

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Pero también, en el caso del transporte, el tema es cómo está diseñado el sistema.

Claro. Una política definida para mejorar el sistema de transporte, eso implica seguridad y vehículos. Pareciera que no hay voluntad política.

¿De quién o de quiénes?

Del Estado. Esto es responsabilidad del Ministerio de Gobernación, de las municipalidades, del Ejecutivo.

¿Ve diferente cómo funciona el Estado ahora que está en el MP a cuando estaba en el Organismo Judicial?

No. Siempre lo he visto funcionar mal. Allá y aquí. Mal.

¿Cómo se siente con el reconocimiento social que ha tenido su trabajo al frente de la Fiscalía?

Me siento con muchísima responsabilidad, sabiendo que cada caso que hay que investigar hay que hacerlo con responsabilidad. La diferencia con el Organismo Judicial es poca, porque son instituciones que casi son espejo, en cuanto a problemas. Cuando fui presidenta del Organismo Judicial le di la vuelta al país, y llegué a encontrar a jueces en situaciones lamentables de abandono. Al venir acá, y empezar a recorrer el país, exactamente igual: abandono absoluto en el interior del país. Aquí encuentro muchísima actitud de los Fiscales, aquí se trabajan las 24 horas del día los 365 días del año. En la judicatura es diferente, es más trabajo de lectura y pensamiento; aquí mucho trabajo operativo: allanamientos, capturas, es más dinámico.

¿Dónde hay más presiones políticas? ¿En la Corte Suprema de Justicia o en el Ministerio Público?

Como yo no las acepto ni las tolero…

No las acepta pero sí existen…

La presión política son las cosas que están sucediendo en el momento en el país. En la Corte, para dictar mis sentencias, jamás sentí presiones de ningún tipo, nunca. Aquí, estoy viendo un caso, y no siento presión de ningún tipo. Estoy acostumbrada a ese ritmo de trabajo. La independencia no es pelearse con el resto de funcionarios ni con el Presidente.

¿No ha sentido presiones de los poderes fácticos, de las estructuras criminales que han colado a sus agentes dentro de las instituciones?

No, porque mis casos los resuelvo con independencia, conforme a lo que estoy leyendo y a las pruebas. No tengo por dónde perderme.

¿Pero reconoce que existen?

Claro que existen.

¿Entonces por qué no siente esas presiones?

Por qué soy independiente.

¿No los escucha?

Los recibo. Así como los estoy recibiendo a ustedes, recibo a quienes piden audiencia. Me dicen que tienen razón en tal caso, por tal o cual circunstancia. Escucho a medio mundo, a delincuentes. También a las víctimas, que son la razón esencial del MP. Escucho a todo el mundo, leo y escucho los argumentos de todo el mundo; pero a la hora de resolver no tomo en cuenta absolutamente nada más que las pruebas.

Durante el proceso de elección de Fiscal, y luego de su designación por el presidente Otto Pérez Molina, diversas organizaciones denunciaron supuestos compromisos suyos para no investigar casos de corrupción en este gobierno. ¿Fueron injustos esos señalamientos?

Esto lo tienen que responder quien lo hizo. Yo estoy convencida de quién soy y cómo he actuado.

Algunos columnistas de opinión han reconocido que se equivocaron con usted.

El sistema de elección hay que analizarlo. Todos hemos sido electos por alguien.

Como dijo Iván Velásquez: “Olvídense de quién los eligió”.

Eso lo he dicho yo siempre. Los magistrados de la Corte Suprema son electos por 158 diputados y designados por una Comisión (de Postulación) de 31 personas. El Tribunal Supremo Electoral, exactamente igual. El Procurador de los Derechos Humanos, también. El Contralor General de Cuentas, igual; el Ministerio Público, igual.

Según usted, ¿cuál debe ser el procedimiento ideal para elegir a las autoridades del sistema de justicia?

Las Cortes de Apelaciones deben ser electas a través de un sistema propio del Organismo Judicial con un Consejo de la Carrera Judicial, y los magistrados deben ser electos de manera permanente y no por cinco años. La política del Congreso no debería de hacer nada en las Cortes de Apelaciones. La Corte Suprema de Justicia debería integrarse por quienes hayan culminado la carrera judicial y que tengan los méritos suficientes; así como por abogados externos, pero que cierren sus bufetes. Deberían de ser electos por un período de diez años, y los presidentes deberían de ser electos por cinco años, porque es perverso estar eligiendo presidente cada año.

¿Y el Fiscal General cómo debería ser electo?

Por la Corte Suprema, pero por un Corte integrada de esta forma. No como está ahorita.  Así se queda la justicia en el sector justicia y no en manos del Presidente de la República, ni en manos de partidos políticos.

Así se garantiza que los elegidos no tengan lealtades con nadie.

La lealtad es con la ley, con la Constitución. Cuando yo tomé posesión, en el Palacio Nacional, estaba el Presidente, la Vicepresidenta, el Secretario General. Pero yo no juré ante el Presidente ni ante la Vicepresidenta ni ante el Secretario. Juré ante la Constitución Política de la República.

Pero sí fueron ellos los que tomaron la decisión de elegirla.

Fue el Presidente. Y debo decir algo: el Presidente jamás me dijo: “A usted la voy a elegir, y va a hacer esto o dejar de hacer aquello”, porque no hubiera aceptado. Tengo que reconocer que jamás me dio una instrucción o me hizo alguna sugerencia.

¿Y la exvicepresidenta Roxana Baldetti alguna vez ejerció algún tipo de presión hacia su despacho?

No. Yo la hubiera tenido que denunciar. Lo hubiera hecho, no lo dude.

¿Mantiene comunicación con el Presidente?

No. Yo le he pedido algunas audiencias para hablar del presupuesto del MP.

Es evidente la necesidad de hacer reformas profundas al sistema político y al sistema de justicia de Guatemala. ¿Cuál debe ser la prioridad?

Veámoslo de manera práctica: hay que reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

¿La prioridad es el sistema político?

No. Lo que sucede es que para reformar el sistema de justicia hay que reformar la Constitución Política, y esa es una dificultad mayor. La Ley Electoral y de Partidos Políticos la pueden modificar los diputados actuales, la Constitución la debe reformar una Asamblea Nacional Constituyente. Por el grado de dificultad es que digo que se debe reformar primero la Ley Electoral. Y si de verdad queremos reformar el sistema de justicia hay que modificar la Constitución.

Claudia Paz y Paz (la exfiscal general) siempre habló de una relación muy fluida con Gobernación, tanto con Carlos Menocal como con Mauricio López Bonilla. ¿Cómo ha sido la coordinación entre la Fiscalía y el Ministerio de Gobernación?

He trabajado coordinadamente con los ministros de Gobernación y con los Viceministros. Acá trabajamos de la mano. El problema es que la prevención no funciona en el país. Estamos desarticulando estructuras de la Policía, incrustadas, organizadas. Durante años se le ha dejado. El caso que llevamos con CICIG, que empezamos por un artículo de la revista ContraPoder, “Así se roba en la PNC”, es de verdad alarmante. Le dimos seguimiento a las reparaciones de las radiopatrullas, y había algunas que ingresaban dos veces al mes para lo mismo.  Y al buscar los talleres, una casa en San Cristóbal, un local comercial desocupado. No existían. Y son Q52 millones.

¿Es posible que un desfalco de ese tipo pueda hacerse sin que el Ministro esté enterado?

No sé. La investigación está en proceso.

Se dice que en el Organismo Judicial funcionan estructuras que benefician a los criminales. ¿Ocurre lo mismo en el Ministerio Público?

En abril reestructuré la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía de Delitos Administrativos. Es una reestructuración seria y responsable. Estas dos fiscalías no producían. Los fiscales no tenían investigadores con experiencia en manejo de presupuesto, análisis de contratos administrativos. Aquí hay buenos penalistas, pero esto es administrativo. Ellos hacían una solicitud a la Contraloría General de Cuentas, y seis meses y la Contraloría no les respondía. Entonces el fiscal se quedaba esperando. Y luego la Contraloría le respondía en sus términos. Así no podía funcionar eso. Ahora tienen diez o doce técnicos de DICRI (Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP), y además les estoy cambiando la dinámica de trabajo. Les digo a los fiscales que si pasan ocho días y la Contraloría no les ha respondido, que vayan. Y si no, le trasladamos el caso al Secretario General del Ministerio Público para que llame al Contralor, y si no lo entregan, voy yo. Y si no, procedemos por obstáculo a la investigación. También decidí la creación de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP. Yo  voy a castigar o sancionar a una persona que haga una desestimación penal sin tener la facultad legal para hacerlo. Y si no tengo esa fiscalía, ¿cómo voy a hacer para juzgar a ese fiscal? Está creada y está dando frutos.

Pero para responder a su pregunta: Hemos capturado a un auxiliar y un DICRI, que estaban relacionados con un caso de violencia contra la mujer. Y el caso de otro agente fiscal, que lo procesamos con la CICIG, en el caso de “Chico Dólar”. En un allanamiento encontramos la copia de una resolución emitida por el agente, donde había desestimado sin poder hacerlo por ser un delito grave, y la investigación estaba sesgada; solo investigó lo que le favorecía a “Chico Dólar”. La intención era protegerlo. Pero afortunadamente son casos aislados. Yo sí estoy dispuesta a llevarlos a tribunales.

Hasta antes de que salieran a luz las investigaciones que está realizando la CICIG con el Ministerio Público, la Fiscalía no había realizado ninguna investigación de casos de corrupción que implicaran a altas autoridades del Estado ¿Por qué? ¿No tenía capacidad para hacerlo?

No. No sé por qué. Yo viene aquí hace un año (mayo, 2014), y hace un año nos sentamos con el comisionado (Iván Velásquez) y diseñamos nuestro plan de trabajo que es el que estamos implementando. ¿Qué hicieron los otros fiscales o los otros comisionados? No sé.

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¿Siempre estuvo usted enterada de los planes de la CICIG?

Absolutamente de todo. No podemos funcionar de otra manera. La CICIG no puede actuar a espaldas del Fiscal General. El trabajo se hace en conjunto. Lo único de lo que no tuve conocimiento es del informe temático sobre el financiamiento de los partidos políticos. Ese es un trabajo de la CICIG.

Cuando empezaron a conocerse las investigaciones, en abril, se decía que la CICIG actuaba de forma independiente, y que usted se enteraba cuando los casos ya estaban armados, a última hora. ¿Fue eso así?

No. El 24 de mayo (de 2014) tuvimos la primera reunión (con el Comisionado). Nos pusimos de acuerdo en quién sería el jefe de la FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad).

Algunos de estos casos los había empezado la CICIG…

Algunos los traía la CICIG, otros el Ministerio Público. El de “Chico Dólar” es un caso antiguo que tenía el MP, y decidimos llevarlo de forma conjunta.

¿Se siente cómoda trabajando de la mano de Iván Velásquez?

Sí, muy cómoda.

Sin la presencia de la CICIG en Guatemala, ¿hubiera la Fiscalía investigado estos casos?

Siempre, desde que tomé posesión, sabía que tenía que fortalecer la Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía de Delitos Administrativos, y la Fiscalía contra la Impunidad. Si no hubiera estado la CICIG, con estas tres fiscalías era obligatorio investigar estos casos.

¿Tendría la capacidad el Ministerio Público, por sí solo, para investigar estos casos?

Por supuesto. Claro que la tiene.

¿Se darán abasto? ¿Tienen el personal suficiente para abarcar todo? ¿No están siendo demasiado ambiciosos?

Llegaremos hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan. Personal suficiente no hay ni el Ministerio Público ni en la CICIG ni en el Organismo Judicial.

¿Le provocó algún conflicto el meter preso al exsecretario General de la Presidencia o investigar a la exvicepresidenta?

No, que yo sepa. Esa es mi obligación. Yo tengo que investigar y procesar a quien resulte involucrado de acuerdo con la investigación objetiva y transparente. Yo no estoy buscando al Secretario, al tío o al sobrino. Por ejemplo, el caso de “Chico Dólar”, se empezó la investigación hace años al señor Francisco Morales, y desde luego, se investiga a la estructura. Si ahí aparecen otros, ¿qué vamos a hacer?

¿Por qué el Ministerio Público no inició de inmediato, de oficio, una investigación por el caso de la limpieza del lago de Amatitlán?

Desde entonces hay una investigación en curso. Nosotros no publicitamos los casos. Informamos el día en que realizamos los operativos, no antes.

¿Cuál es su relación con la embajada de los Estados Unidos?

Es una relación como la que se tiene con cualquier embajada.

Pero con Estados Unidos tienen coordinaciones específicas, principalmente en el tema del combate al narcotráfico.

Coordinamos con la DEA y NAS. Tenemos reuniones constantes en el tema de los narcotraficantes que hay que extraditar.

Parece muy valiente al haber iniciado procesos judiciales en contra de miembros del partido político que muy probablemente gane las próximas elecciones. ¿Le preocupa que vayan a querer cobrarle facturas cuando estén en el poder y destituirla del cargo?

No. A mí me pueden destituir hoy, porque la ley lo permite. Sé que este puesto es transitorio y que en cualquier momento el Presidente puede destituirme. Así funciona.

¿Ha tenido acercamientos con Manuel Baldizón?

No. Para nada.

¿Lo conoce? ¿Ha tenido algún tipo de relación con él? ¿Ha tomado un café con él?

Lo conozco. Él es un hombre público; es abogado. Pero ninguna reunión, nada. ¿Y ustedes?

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