¿Y qué, si fuera guerrillero?

El Estado estigmatizó y culpabilizó a cualquier persona u organización que cuestionara las condiciones sociales, económicas o políticas en el país; ser señaladas como criminales ante el ojo público, las convirtió en objetivos “legítimos” de la represión.

Así fue como entre las víctimas se incluyeron a hombres, mujeres y niños provenientes de grupos diversos como obreros, profesionales, religiosos, políticos, campesinos, estudiantes y académicos, tanto mestizos como, pero principalmente, población maya. Bastaba con tener conciencia de la realidad del país y desarrollar un compromiso con el cambio social; no se necesitaba pues, ser militante de alguna de las organizaciones guerrilleras para ser considerado un “enemigo” y sufrir el terror de Estado.

Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que, efectivamente, sí pertenecían a algún grupo revolucionario? No me refiero a quienes estuvieron en algún frente guerrillero y participaron en enfrentamientos armados contra el ejército, en donde siempre está el peligro de sufrir heridas o morir en combate. Aquí quiero referirme a las y los militantes políticos, no combatientes. ¿Es que en estos casos sí estaban legitimadas y justificadas las violaciones a sus derechos humanos, por el solo hecho de pertenecer a la guerrilla?

No se trata de aparentar ingenuidad. Cualquiera que fuera reclutado(a) como militante sabía que corría el riesgo de ser capturado(a) por los aparatos de inteligencia militar u otros. Muchos(as), incluso, se preparaban física y mentalmente ante el escenario de ser capturados(as) y sometidos(as) a tortura. Además, había conciencia de estar cometiendo alguno de los varios delitos contra la tranquilidad social o contra el orden político interno del Estado. Pero nada de esto justifica la violencia que se ejerció contra ellos(as). Y es que, militantes o no, aquí debía mantenerse la premisa de ser “inocente hasta que se demuestre lo contrario”, gozar del derecho de defensa ante un tribunal imparcial y, al ser vencido(a) en juicio, cumplir una condena de acuerdo a la ley.

Sin embargo, el trabajo de estigmatización fue muy efectivo y se refleja en un pensamiento general de que “si eso le pasó, es porque en algo estaba metido(a)”, y se consolida un silencio cómplice de las innumerables vejaciones llevadas a cabo por militares y policías. El miedo y el estigma llegan a permear incluso la demandas de justicia. En la mayoría de las denuncias y reclamos, los familiares prefieren no hablar de la pertenencia política de sus parientes, por miedo a perder la solidaridad de la sociedad.

Pero poco a poco hay que ir cuestionando las ideas que legitiman la violencia del Estado, y que a la vez desacreditan los reclamos de justicia ­–militancia de por medio, o no. Los integrantes de la agrupación H.I.J.O.S., por ejemplo, reivindican ahora la actividad e ideales políticos de sus padres y madres; casos como el de Maritza Urrutia o del “Diario Militar” nos muestran que relacionarse con un un grupo revolucionario no justifica el sufrimiento perpetrado. Aún cuando estos(as) militantes hubieran cometido alguna falta o delito, ningún artículo del Código Penal establece como pena la tortura, la violación sexual, el asesinato o la desaparición.

La historia de Guatemala no estará completa si se niegan las militancias. Estas omisiones no nos permiten tener un panorama completo de las luchas sociales, las resistencias y los proyectos políticos que buscaron un cambio –con todas sus aspiraciones y errores. Pero nuestro futuro, como sociedad democrática y ecuánime que aspiramos construir, continuará siendo peligroso si seguimos justificando las atrocidades cometidas contra miles de ciudadanos(as) o la falta por la justicia. ¿Y qué, si fuera guerrillero?