En este 2021 fueron varias las ocasiones en que algunos grupos de periodistas se presentaron ante las oficinas del Ministerio Público (MP) para demandar el cese de persecuciones y reclamar avance en la investigación de ataques enfrentados. Ninguna de dichas demandas ha sido atendida. Las y los periodistas en cualquier rincón del país enfrentan no solo obstáculos, sino también ataques encaminados a impedir que cumplan su función.
El ejercicio del periodismo, que ya era peligroso en el espacio comunitario por la acción de poderes locales, incrementó su nivel de riesgo en el transcurso de 2021. La periodista maya k’iche’ Anastasia Mejía fue encarcelada y enfrentó un proceso por la denuncia espuria del alcalde de Joyabaj. El funcionario usó sus influencias para vengarse de la cobertura periodística de Mejía, quien evidenció acciones corruptas del jefe edil.
Marvin del Cid y Sonny Figueroa, periodistas de Artículo 35 y Vox Populi, siguieron en la mira del poder político —ejecutivo y legislativo—, que no les perdona su incesante labor de investigación en torno a los negocios de la Presidencia y de sus protegidos. El colmo ha sido el uso espurio de la ley contra feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer para intentar impedir que cumplan su labor. Una norma que nació producto del esfuerzo de organizaciones que luchan contra la violencia hacia las mujeres es utilizada para pervertir su objetivo y esgrimirla como arma de represión con el doble propósito de demeritar su finalidad y de penalizar al periodismo independiente.
Dos reporteros de Prensa Comunitaria, entre ellos Carlos Choc, han sufrido constantes agresiones por parte de la empresa CGN-Pronico por la cobertura de las actuaciones ilegales de la mina. La constante labor de Choc ha sido criminalizada al extremo de que aún enfrenta proceso penal, sin base legal, por su trabajo periodístico.
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Michelle Mendoza, corresponsal de la cadena CNN, es el centro de una permanente campaña de acoso y hostigamiento por medio de redes sociales. El colmo es que Vitalina Orellana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le filtró a un usuario, presuntamente privado de libertad, una fotografía tomada durante un acto público del MP.
Y esta entidad, lejos de investigar las constantes agresiones, como las heridas que sufrieron los periodistas el 20 de noviembre del año pasado, las agresiones que algunos expatrulleros les propinaron en octubre de este año o los actos que amenazan la labor periodística y contravienen con ello el artículo 35 constitucional, utiliza su mandato para ahondar la represión y las prácticas de censura. De esa cuenta, los diarios La Hora y El Periódico tienen la amenaza de enfrentar procesos penales que carecen de base legal y que tendrían como propósito acallar su actividad periodística.
De igual manera, José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, y Juan Luis Font Monzón, director de Con Criterio y exdirector de Contrapoder, también enfrentan procesos penales espurios motivados por la necesidad de venganza ante la labor investigativa de ellos que ha revelado acciones de corrupción.
Si bien el imaginario social suele decir que la prensa es el cuarto poder, en realidad, más que un organismo extra en la arquitectura republicana de la democracia, es un contrapoder. Sirve como elemento de balance, como peso y contrapeso, a los eventuales abusos de los poderes institucionales del Estado.
Por ello, cuando estos poderes están secuestrados y bajo el control de estructuras mafiosas como en Guatemala, el periodismo independiente y escrutador resulta incómodo. De ahí la sostenida acción de los criminales que detentan el poder oficial y de facto para utilizar todos los medios a su alcance con el fin de acallar a la prensa. Sin embargo, lejos de silenciarse, la prensa independiente se ha mantenido en la búsqueda de los hechos que revela constantemente y a la voz de #NoNosCallarán toma las calles para defender su derecho a informar y el derecho de la sociedad a estar informada.
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