Y la riqueza se derramará sobre los pobres

La lógica del Ejecutivo es simple: más empresas, más trabajo. Así se resume el paquete de leyes para aumentar la inversión y el empleo presentado por el presidente Otto Pérez Molina, el 15 de enero. ¿Más empresas así a secas? No, empresas grandes a las que se les den beneficios tributarios a cambio de que se instalen fuera del departamento de Guatemala y generen empleos para aumentar la cantidad de trabajadores formales del país.

Según explicó Pérez Molina, la aprobación de Ley de Promoción de Inversión y Empleo, junto a otras seis nuevas leyes y la reforma a dos normativas más, permitirá la creación de cerca 200 mil nuevos empleos formales y generará mayor desarrollo en zonas empobrecidas del interior del país.

El documento presentado al Congreso de la República es mucho más específico. En un escenario negativo, sólo con la Ley de Promoción de Inversión y Empleo, se podrían crear 36,383 nuevos empleos directos y otros 18,191 indirectos. En el escenario más optimista, 109,148 empleos, entre directos e indirectos. Todos ellos, formales.

Para obtener los resultados esperados en empleo, según las proyecciones gubernamentales, se necesitaría Q1 millón por cada doce empleos. En el escenario optimista: Q9,095 millones a invertirse en nuevas áreas fuera de las aduanas, llamadas zonas de desarrollo económico, similares a las zonas francas, y en unidades de desarrollo económico, industrias particulares, en áreas urbanas o rurales fuera del departamento de Guatemala.

Para hacer más atractiva su inversión, la administración de las zonas de desarrollo económico, así como las empresas usuarias tendrán beneficios tributarios como la exención de derechos arancelarios e IVA a la importación de maquinaria, equipos, materiales, herramientas y servicios destinados a la construcción de su infraestructura y su funcionamiento.

De igual forma, las empresas bajo este régimen podrían acreditar al ISR la compra de energía eléctrica, las depreciaciones de nuevas inversiones en activos fijos, los salarios pagados acreditados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y, el monto pagado por formación y capacitación, siempre que no sobrepase el 1% de las ventas gravadas.

Entre otros beneficios que podrían tener, se incluye la posibilidad de gozar de exenciones de tasas municipales, incluyendo la de alumbrado público, si así lo otorgan los Consejos Municipales donde se encuentren ubicadas dichas empresas.

Pero a diferencia de las zonas francas, los usuarios podrán subcontratar empresas y vender mercancía o prestar servicios fuera de la zona de desarrollo, pagando los derechos arancelarios de importación y el pago de IVA.

El beneficio, proclama el Ejecutivo, serán nuevas fuentes de empleo agroindustriales e industriales. Piensan que se pueden ubicar en zonas empobrecidas, como las áreas circundantes a las carreteras al Atlántico y al Pacífico, sobre corredores logísticos que tienen en sus márgenes vías de comunicación y facilidades para energía eléctrica y agua potable.

“Somos un país que no ha hecho los esfuerzos suficientes para darle empleo a sus ciudadanos”, dijo el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, en una entrevista en Emisoras Unidas. “Pero para eso necesitamos generar los incentivos”. Incentivos para los empresarios.

Más trabajo formal, menos salario

El sector laboral formal se redujo a la mitad entre los años 1998 y 2010. Para el año pasado, el 82.5% de los guatemaltecos tenían un empleo informal. Desde el Ejecutivo, la propuesta es crear al menos 200 mil nuevos empleos. Para ello, los ministerios de Trabajo y Economía, junto al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), tienen programas como el de “Mi primer empleo”, para jóvenes de 16 a 21 años en condiciones de pobreza.

Claudia Del Águila, viceministra de Economía, explicó el funcionamiento de este programa en Emisoras Unidas, dos días después de que el Presidente presentó el paquete de leyes. Éste se divide en dos fases. En la primera, el joven ingresa a una empresa en la que, bajo un sistema de educación dual, aprenderá trabajando recibiendo el 50% del salario mínimo y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) aportará Q300 como parte de una beca de empleo.

Según Del Águila, es la formación de jóvenes “con las competencias y destrezas de acuerdo al perfil que la empresa necesite”. Si supera la evaluación del Intecap, seis meses después pasará a una segunda etapa, en la que se le pagará el 75% del salario mínimo y se mantiene la beca de empleo. Se tendrían 50 mil puestos de aprendices en todo el país.

Una persona contratada bajo este esquema ganará Q1,445 mensualmente durante los primeros seis meses. Si pasa de la primera etapa, su salario aumentará a Q2,017.50 durante el siguiente semestre. Al final del año, obtendrá un salario bruto de Q20,775; menos el 4.83% de deducción del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), Q19,771.57.

Así, el salario corresponderá a poco más del 75% de una persona contratada con salario mínimo. Pero ni Economía ni Trabajo garantizan que, pasado este período de enseñanza, las empresas que forman parte del programa puedan mantener a los jóvenes en sus puestos de trabajo. “Al final del año, si la empresa no puede absorber al 100% de los jóvenes que contrató, por lo menos éstos podrán ir al mercado laboral y ya tienen competencias y habilidades desarrolladas que le van a poder permitir encontrar un mejor empleo”, dijo Del Águila.

Alejandro Argueta, abogado laboralista, y Ronalth Ochaeta, politólogo de Acción Ciudadana, hacen hincapié en la frase de la viceministra de Economía -“Con las competencias y destrezas de acuerdo al perfil que la empresa necesite”- y se preguntan si realmente este tipo de programas generarán nuevas competencias en el recurso humano nacional o sólo harán mano de obra para empresas específicas, la cual al término de su año de trabajo engrosará el porcentaje del empleo informal.

“Hablamos de políticas de competencia para la empresa, para la gran empresa, pero no para los trabajadores”, dice Ochaeta. “Se capacitará a personas con bajo nivel escolar para trabajos específicos. ¿Qué pasará si no hay oportunidades en esos trabajos específicos? ¿Qué pasaría si no hay más industrias que necesiten ese tipo de capacidades?” Argueta va más allá: “¿Estos jóvenes no deberían de estar estudiando para asegurar su entrada al mercado laboral con la preparación necesaria? ¿Qué debe de garantizar el Estado?”

Las preguntas tienen sentido toda vez que la misma política nacional de empleo seguro, decente y de calidad, hecha pública por el Ejecutivo, reconoce que “dado el bajo nivel educativo de la población resulta difícil que la educación técnica pueda expandirse sin que primero llegue a incrementarse la escolaridad de la población”.

La política describe en líneas generales a la fuerza laboral guatemalteca como joven y poco calificada. Los datos abundan: 70% de la población es menor de 30 años, el 62% de la población económicamente activa (PEA) no ha concluido la primaria, sólo un 10% reporta algún tipo de capacitación laboral, sobre todo para procesos operativos y manuales y apenas el 3% de la población ocupada tiene estudios superiores completos.

“Los bajos niveles de instrucción no permiten a los jóvenes acceder a puestos calificados”, dice el documento y concluye que el 51% de este sector de la población termina en empleos que requieren de un nivel de competencia bajo o muy bajo, “y no permiten la generación de nuevas capacidades y habilidades que son transferibles a nuevos trabajos o nuevas opciones de emprendimiento”.

De 2006 a 2001, entraron al mercado laboral 200,000 personas en promedio. Solo el 10% de ellos obtuvieron un empleo formal con todas sus prestaciones; y otro 28% está en la categoría de ocupado pleno, una persona que no busca un nuevo trabajo, pero en él que posee no recibe beneficios. Hoy, la viceministra de Economía, Claudia Del Águila, dice que la capacidad de absorción de empleos formales del mercado laboral alcanza apenas para 25 mil nuevos puestos cada año y el resto ingresa en una tercera categoría: los subocupados.

En la actualidad, 3.1 millones de guatemaltecos están subocupados y según los críticos del paquete de leyes y programas de trabajo es donde podrían terminar muchos jóvenes en el futuro, porque las normas apoyan más a empleadores que a empleados.

El Ejecutivo es más optimista y mantiene que quiere insertar la mayor cantidad de personas posibles en el mercado laboral. Por eso, dentro del paquete presentado al Congreso de la República incluyó la Ley reguladora del trabajo por hora y su inclusión al sistema de Seguridad Social.

Según el ministro de Economía, Sergio de la Torre, la propuesta descansa sobre la realidad. En la actualidad hay muchísima gente que trabaja algunas horas al día y que no tiene prestaciones sociales. ¿Cuánta, desde cuándo y bajo qué figura jurídica se han venido dando estas relaciones laborales? Nada de esto lo explica el titular de la cartera.

La normativa, dice Contreras, permitiría formalizar estas relaciones laborales ya existentes con un contrato aprobado por el ministerio de Trabajo y la condición de pagar una aportación proporcional al Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS). ¿Qué servicios brindará el IGSS a los empleados contratados por hora y cuáles serán los procedimientos para su incorporación? Todavía no se sabe explicar.

De aprobarse la normativa, el Instituto tendrá seis meses para determinarlos. “La Constitución política dice que el régimen de seguridad social lo aplica el IGSS. Él va a tener que hacer las evaluaciones, los estudios necesarios, actuariales, para decir que da respecto de lo que cada guatemalteco va pagar pero tienen que aplicar un régimen de seguridad social que proteja mínimamente enfermedad común, accidentes y sobrevivencia”, dice Contreras.

Lo que sí explica es la necesidad de algunas empresas de contar con trabajadores extra en momentos específicos del año para poder aceptar demandas de producción o de servicios adicionales a su capacidad. El contrato por horas les abre esa puerta. Mientras, a los trabajadores, bajo ese esquema, les brinda trabajos temporales.

Por ejemplo, en el sector maquila el salario mínimo vigente por hora para 2013 es de Q8.20. Cuatro horas diarias durante 30 días de producción dejan a una persona con un salario de Q984. Menos el aporte para el IGSS, Q934. Con ello, al menos tres personas de una misma familia tendrían que trabajar para poder costear la canasta básica alimentaria que supera los Q2,500.

¿Apoyo sólo a los grandes empresarios?

Simón Kuznets, Premio Nobel de Economía en 1971, defendió su teoría del goteo o del derrame. Según ella, para alcanzar el desarrollo de un país, en lugar de distribuir la riqueza por igual, se debe permitir su concentración en pocas manos. El ejemplo que Kuznet proponía era el de una copa que se llena lentamente de un líquido hasta rebalsar, generando un efecto de distribución del mismo hacía abajo. El efecto de derrame lleva la riqueza a los otros estratos de la sociedad. Todo era cuestión de tiempo.

Ochaeta ve una analogía de lo propuesto por el Ejecutivo con la teoría del derrame: dar incentivos a grandes empresas que se ubiquen en zonas poco desarrolladas del país, abrir nuevas plazas de trabajo formal, dinamizando la economía local, y generar desarrollo a través de movilidad social en dichos zonas. “Se beneficia económicamente a los grandes, a los empresarios, para que sean ellos los que distribuyan la riqueza entre los pequeños”, dice.

La pregunta es por qué beneficiar con incentivos fiscales a la gran empresa y no a los pequeños y medianos empresarios, que son la mayoría en el país y en todas las economías concentran la mayor cantidad de empleados.

El 95% de las empresas que operan en Guatemala tienen entre 1 y 10 trabajadores, correspondiendo a pequeñas y medianas empresas, la mayoría parte del sector informal; y un poco más del 60% de ellas apenas tienen un nivel de capitalización mayor a Q20 mil. Con poco dinero y pocos puestos de trabajo, la posibilidad de ofrecer empleo formal de estas empresas es casi nula.

Aun así, para los ministerios de Economía y de Trabajo, el paquete de leyes presentado por el presidente Pérez Molina también pretende dinamizarlas. Por ejemplo, cita Del Águila, las reformas a la Ley de garantías monetarias permitirá a los pequeños y medianos empresarios obtener créditos, con garantía a maquinaria o cosechas, de manera más expedita al ordenar los procesos y adecuarlos a las necesidades del sector.

Además están las leyes de Factoraje, que mejoran el mecanismo de descuento de facturas para que las empresas repongan su capital de forma más rápida; y la de Leasing, que permiten la renta de bienes con derecho a adquirirlos al final del plazo pactado y que no está regulado en la actualidad. Ambas están en el Congreso desde 2010 y ya tienen dictamen. Si bien las tres leyes pueden ser utilizadas por la pequeña y mediana empresas, éstas no son exclusivas para este sector.

Por ejemplo, por qué no aplicarles los mismos beneficios no tributarios que recibirían las empresas de las zonas y las unidades de desarrollo económico. Entre éstos están: facilidades en el registro en la inscripción de las empresas; plazo de 30 días para la aprobación de estudios de impacto ambiental y de registros y licencias sanitarias; permisos de trabajo para personal técnico especializado extranjero; capacitación especializada del Intecap; ser clasificados como grandes usuarios de energía eléctrica; programas de seguridad pública; programas de educación sin costo para sus trabajadores; y recibir en usufructo o arrendamiento terrenos del Estado o de las municipalidades.

En este punto, de nuevo el paquete de leyes beneficia a grandes empresas que aseguren una gran inversión y la mayor cantidad de empleos posibles. La pequeña y mediana empresa no cumple con esos requisitos, y el Estado mira hacia fuera del país para ello.

La legislación, aseguró la viceministra de Economía, busca mejorar el clima de negocios y la competitividad. Por eso incluye la Ley marco del sistema nacional para la competitividad y la productividad, al que el presidente Pérez Molina se había referido con palabras semejantes como un instrumento para  “mejorar el clima de negocios para atraer inversión nacional y extranjera generadora de empleos”.

Contreras, el ministro de Trabajo, recuerda que no se ha logrado “atraer aquella inversión de más largo plazo y que brinda oportunidades masivas de empleo formal”.  ¿Quién podrá  invertir a ese nivel? El gobierno habla de ensamblaje de manufactura ligera y empresas de procesamiento de productos agrícolas. “Tenemos identificados los países a los cuales nos vamos a enfocar: México, Colombia, Chile y Brasil, que son países que están buscando dónde hacer sus inversiones. Se incluye el sector turismo, que tiene un gran potencial”, dijo Contreras.

Pero entre toda la normativa presentada al Congreso no se incluye la aprobación de la ley de competencia, que está en discusión desde 2011. ¿Resultará atractivo para invertir un país de monopolios y oligopolios inveterados? De eso, aún, no se oye ninguna palabra.