En enero de 2012, el ministro de Finanzas realizaba una presentación titulada “Pacto fiscal para el cambio”, con cinco componentes: 1) transparencia y calidad del gasto; 2) crecimiento económico; 3) combate al contrabando y la evasión tributaria; 4) actualización tributaria; y 5) asignación prioritaria de los recursos. Como propuesta programática, era integral y bien diseñada.
Pero, ¿la han cumplido?
Bien ubicado en el primer lugar, el componente de transparencia y calidad del gasto ostenta un incumplimiento que toda la ciudadanía resiente. Lo único hecho fue en marzo de 2012, cuando presentaron al Congreso dos iniciativas de ley, pero de allí escándalos de corrupción y malos manejos: Fonapaz y su reengendro; armas, presidios y otras adquisiciones sin licitar; la falta de control sobre el subsidio al transporte público; la concesión de terrenos de Puerto Quetzal; la entrega manipulada del “bono seguro” por alcaldes oficialistas; y un excesivo e inaceptablemente largo etcétera.
El segundo, crecimiento económico, continúa siendo más el resultado de factores externos. La propuesta de “leyes de empleo”, no sólo no ha sido aprobada, sino que contiene más privilegios fiscales y no una política de estímulo económico.
Para el tercero, combate al contrabando y la evasión de impuestos, como avance concreto se logró la aprobación de la “Ley Antievasión II”, normas para el fortalecimiento de la SAT que no lograron aprobarse en la “Ley Antievasión I” de 2006. Sin embargo, aunque la ley fue aprobada, permanece sin aplicarse plenamente y, al contrario de lo que se esperaba, la SAT ahora atraviesa una crisis institucional generada en parte por el conflicto de más de un año que protagonizaron las autoridades superiores de esa superintendencia y del Ministerio de Finanzas.
En el cuarto, actualización tributaria, también figura como avance concreto la aprobación de la ley. Sin embargo, pese a que el nuevo impuesto sobre la renta (su componente principal), pareciera estar rindiendo con éxito (a mayo, las empresas pagaron 30% más de ISR que en 2012, y en general la recaudación del impuesto creció 24% en ese período), es el propio Ejecutivo el que está desmantelando su propia reforma: mediante acuerdos gubernativos continúa bloqueando la Ley Aduanera Nacional (que impuso controles a las exportaciones), y mediante la reciente Ley de Regularización Tributaria, impulsó una amnistía fiscal general (injusta para los contribuyentes cumplidos), y retrocedió en el incremento al impuesto de circulación de vehículos (favoreciendo a los automovilistas, una minoría). Así que en lo tributario, el gobierno aprobó una reforma mayor, pero la está cediendo ante la presión de grupos de poder y una gestión cada vez más populista.
Y finalmente, el quinto, referente a las prioridades del gasto público. Al inicio se tenía el temor que este gobierno privilegiara la inversión en infraestructura, en detrimento del gasto social. Lamentablemente no sólo el Ministerio de Desarrollo Social es un elefante blanco inútil e inefectivo (se vuelve a trasladar el programa de transferencias condicionadas a un fideicomiso), sino que la inversión en infraestructura ha caído (como porcentaje del PIB, reducción de 69% en 2012). Así, este gobierno no ha podido priorizar el gasto, ni el social prioritario ni la inversión. Entonces, siendo el gasto público prioritario lo más importante de la política fiscal, éste sería el incumplimiento más grave y censurable.
Éste es un análisis a un año y medio, de un total de cuatro de gobierno. Tienen tiempo para corregir y cumplir su propia propuesta. Con un plan bien diseñado, no pueden alegar ignorancia. ¿Querrán hacerlo?, es la pregunta.
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