Cerrar

x
“La reunión obedeció más a un requerimiento de la Primera Dama”
Ir

“La reunión obedeció más a un requerimiento de la Primera Dama”

Recibe nuestro resumen semanal en tu correo
"'Antonio B’eb’ Ac era el último de su pueblo que quedaba en la invasión ese día', dijo en la sala de juntas poco ostentosa".
"Por un elemental sentido de justicia, se trató de dejar para más tarde, a fin de que pudieran sacar la cosecha, aquellas fincas donde los invasores no fueron tan radicales".
redes sidebar
Tipo de Nota: 
Información
Tiempo aproximado de lectura: 27 mins
Historia completa Temas clave

No es un tipo Walter Widmann que ponga cara de enojado cuando va a decirte algo que no te va a gustar sobre algo que no le gustó a él. Por lo menos en una entrevista. Hablaba con largas sosegadas frases, con párrafos interminables y sin pausas, y era difícil incrustar una pregunta. Pero tampoco era necesario. Una tras otra, iba hilvanando una interpretación para todas o casi todas las dudas que horas antes habíamos apuntando en un papel.

Widmann, el representante legal del ingenio Chabil Utzaj, la empresa que hace tres semanas se vio envuelta en el desalojo más escandaloso de los últimos tiempos, tenía frente a sí, en la pantalla de su computadora, el artículo de Plaza Pública sobre los sucesos de Panzós, y hablaba con compostura.

En su memoria revoloteaba un enjambre de razones por las que creía que no se le había hecho justicia a su empresa, a sus trabajadores, al Estado, al conflicto, pero sobre todo a él y a su familia.

Le molestaron varias cosas que desgranará -por ratos junto a su padre Carlos y por momentos solo- durante más de cinco horas de conversación en la sala de juntas del ingenio Guadalupe y después por correo electrónico. Son tantas sus ganas de que se conozca su punto de vista sobre el asunto que no sólo abandona sus reclamos durante minutos, sino que también olvida, intermitentemente, que ya lo entrevistamos en aquella ocasión. Le fastidia que no se tomara por cierta y sin duda la versión de la Policía, le molesta que se mencionara su vínculo familiar con el ex presidente Óscar Berger, le incomoda cómo se utilizaron sus declaraciones, pero sobre todo lo perturba una pregunta que se repetía, con ligeros cambios, al principio y al final del reportaje: “¿A quién, después de todo, iba a importarle el simple Antonio Beb Ac?”. Como si se quisiera sugerir que no le importaba a nadie.

A él le importaba su muerte, insinúa.

Son evidentes sus esfuerzos por demostrarlo. Cuenta su historia. Sabe que provenía de Sacsuhjá. Y denuncia que a su funeral no acudiera “ninguno de los dirigentes de las organizaciones anti-sistema que tan diligentemente promovieron las invasiones, y que tan rápidamente le utilizaron como bandera, nacional e internacionalmente”.

“Antonio B’eb’ Ac era el último de su pueblo que quedaba en la invasión ese día”, dijo en la sala de juntas poco ostentosa. Días más tarde escribirá: “Tenemos entendido que ante la inminencia del desalojo Antonio B’eb’ Ac abandonó el día anterior la finca Miralvalle. Nos comentaron que su padre narró cómo la noche anterior al desalojo le llegaron a visitar a su casa en una aldea de la Tinta para que regresara a Miralvalle y recibió llamadas de otros invasores que le instaban a acompañarlos”.

Según Widmann, Antonio B’eb’ había regresado a la finca pero también había dejado claro que ahí terminaba su apoyo: aquel era el último día en que él formaría parte de esa invasión. Curioso, subraya Widmann con una mueca de detective privado, satisfecho de su ironía, que un apóstata como él se convirtiera -en el primer día de desalojos, en la primera finca desalojada- en el mártir que necesitaban los líderes de los desalojados.

“Muchas de las personas que se habían incorporado a las invasiones fueron vilmente engañadas por quienes lideraban estos ilícitos. Algunas organizaciones anti-sistema, atendiendo a sus propios intereses, promovieron estas invasiones asegurándoles a los campesinos que ‘La Cañera’ había quebrado y que ahora era un banco paraestatal el propietario de las tierras. Por ejemplo, tanto el Comité de Unidad Campesina (CUC) como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) propalaron tales aseveraciones a pesar de que por su participación en las mesas de diálogo presididas por la Secretaría de Asuntos Agrarios tenían conocimiento de que eran falsas”, asegura Widmann.

“Se dijo a los campesinos que se podía forzar al banco a dar las tierras a quienes las ocuparan. Se les dijo que ya habían alcanzado un acuerdo con el Gobierno que aseguraba la eventual repartición de las tierras entre los campesinos”.

¿Qué le sucedió a Antonio B’eb’ Ac?

—En la finca Miralvalle, como sucedería en el resto de fincas, los invasores accedieron a dejar el inmueble. Se les concedió inicialmente un plazo de una hora para retirar las pocas pertenencias que aún tenían allí, pues ya tenían conocimiento de que se realizaría el desalojo y ya prácticamente habían retirado todos sus bienes. No había apenas ni mujeres ni niños. Se concedió un compás de espera mayor al ofrecido, porque había personas que necesitaron más tiempo del previamente acordado. La mayoría de invasores se ubicaron sobre el camino público que pasa a inmediaciones del área en donde habían montado su campamento.

Una persona que se identificó como Avelino Chub Caal, y afirmó pertenecer a la Fundación Toriello, intentó sorprender al Fiscal a cargo, diciéndole que tenía al teléfono a un magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que afirmaba que existía una resolución de la Corte sobre el desalojo. Cuando el Fiscal le pidió el teléfono, resultó que no se trataba de magistrado alguno, sino de alguien que se identificó como abogado de la Fundación. Luego, aquel sujeto, acompañado de una mujer extranjera, se dirigió a los campesinos y les instó a no obedecer la orden judicial y a resistirse. El Fiscal le advirtió de que su proceder constituía obstrucción a la Justicia, y lo invitó a desistir de su actitud.

Desalojada la finca, se nos entregó y se nos permitió que entrara personal y maquinaria para desmontar lo que quedaba del campamento. Avanzamos de norte a sur, donde estuvo el campamento de los invasores. Al llegar empezaron a amenazar, a insultar y a lanzar piedras a los empleados de la empresa desde el camino. Para evitar un enfrentamiento, se ordenó a los empleados de la empresa que se replegaran rápidamente hacia el norte. Algunos de los invasores les siguieron. Un grupo de elementos antimotines de la PNC formó filas entre los empleados y los invasores para separarles.

Pero, a instancias Chub Caal y de otros líderes, muchos de los invasores se lanzaron sobre los antimotines y les agredieron. Lanzaban piedras y blandían sus machetes. La línea de antimotines retrocedió ante el hostigamiento, que ya lanzaban algún machetazo por debajo de los escudos contra las piernas de los agentes protegidas por espinilleras. Algunos policías, equipados con lanzaderas de “granadas” de gas lacrimógeno, las dispararon. Dispararon a contraviento, de forma que las nubes de gases afectaron más a la Policía que a los invasores.

Los invasores optaron por huir alejándose de la línea de policías. Vi tropezarse a varios de los invasores mientras corrían entre los surcos donde había estado la plantación de caña. Uno de ellos, sentado en el suelo a una distancia apreciable de la línea de policías, tenía las manos en la cabeza. Sus compañeros se acercaron a él y le rodearon. Apenas alcancé a verle más. Lo acostaron en el suelo. Gritaban que allí se moriría y que allí le habían de enterrar. Sus compañeros rechazaron el auxilio ofrecido por los paramédicos del Ejército y de la PNC. Posteriormente se opusieron a que fuera retirado por la ambulancia de la PNC que se presentó en el lugar. Se convenció a los ocupantes de un pick-up gris, de la Fundación Toriello, para que se ofrecieran a llevar al herido al hospital de La Tinta. Los invasores también lo rechazaron. Estos, una vez de vuelta en el camino público, iban diciendo que el herido tenía “un balazo en la cabeza”. Llegó también la ambulancia del Centro de Salud de Telemán, pero los líderes de la invasión se opusieron a que se acercase.

Finalmente, Antonio B’eb’ Ac falleció. Aunque no hemos tenido acceso al informe del forense, entendemos que se dictaminó que la herida que tenía en la cabeza fue causada por un arma “corto-contundente”, presumiblemente un machete. Lo cierto es que Antonio B’eb’ Ac fue privado de la asistencia médica oportuna por los líderes de la invasión.

Los activistas radicales denunciaron que murió por herida de bala pero quedó demostrado que era una acusación falsa. Ni escuché disparos de la fuerza de seguridad, ni, como se quiso hacer creer, pudo haber provenido de disparos de elementos de seguridad al servicio de la empresa. Entre otras cosas, porque cuando movilizábamos a la seguridad la PNC nos pidió que no se ingresara con armas a la finca. Por prudencia.

Achacar la responsabilidad de su muerte a las autoridades que dispusieron o ejecutaron la orden de desalojo, supone olvidar que dicha orden vino precedida del actuar de quienes planearon, promovieron y ejecutaron previamente hechos que violaban derechos que el Estado tiene obligación –no discrecional- de defender, y de restituir a quienes han sido privados ilegítimamente y hasta con violencia de ellos.

Queremos creer que Antonio B’eb’ Ac se hirió al tropezarse, hiriéndose con su machete. O que fue herido accidentalmente por el machete de alguno de sus compañeros al tropezarse —escribe días después de la conversación. —Son las explicaciones que nos parecen más razonables. Pero lejos de tener inconveniente alguno en que se esclarezcan las circunstancias de su muerte, pedimos que se investigue minuciosamente lo acaecido. Y que, de haber sido asesinado, se castigue a cualquiera que resulte responsable.

Deja cinco niños en la orfandad y a una viuda. Ignoramos por qué regresó a la invasión. El primer desalojo de los que debían ejecutarse se salda con la trágica muerte de un campesino. Su muerte no hubiera acaecido si los que dicen defender a los campesinos hubieran perseguido sus objetivos dentro del marco de la ley y no incitando a la realización de medidas de hecho contrarias a ella.

A su funeral no acudió ninguno de los dirigentes de las organizaciones anti-sistema que tan diligentemente promovieron las invasiones, y que tan rápidamente le utilizaron como bandera, nacional e internacionalmente.

Ustedes se mueven en los primeros peldaños de la sociedad y tienen acceso a las personalidades del país. ¿Cómo consiguieron la reunión con la Primera Dama y el Ministro de Gobernación?

—La verdad es un tanto distinta de lo que se pueda pensar. Al contrario, mi familia socializa poco. Y ni nos movemos en los primeros peldaños de la sociedad guatemalteca ni tenemos especial acceso a las personalidades del país.

La reunión con la Primera Dama y el Ministro de Gobernación a la que sólo asistió mi padre, obedeció más bien a un requerimiento de la Primera Dama (en la conversación, Carlos Widmann, el padre, afirma que ellos se acercaron a alguien próximo a Sandra Torres para pedir una cita y en ese momento se la solicitaron a ellos en cambio). Ignorábamos el Ministro de Gobernación estaría presente en una parte de ella.  Yo no conozco a ninguno de los dos. Indudablemente, las organizaciones anti-sistema involucradas en las invasiones tienen más acceso a personalidades del país y a los medios. Por ejemplo, es probable que reciban cuantiosas ayudas de la comunidad internacional. Tienen toda una estructura que les permite atender ese tipo de relaciones.

¿Por qué se reunieron con Sandra Torres y Carlos Menocal?

—Hay que recordar que algunos promotores de las invasiones afirmaban con aplomo que ya habían alcanzado un acuerdo con el Gobierno para repartir las tierras del ingenio entre algunos campesinos. En concreto, llegaron a afirmar que dichos acuerdos se habían alcanzado específicamente con doña Sandra Torres de Colom. Francamente, tenemos tan poco acceso a personalidades en el ámbito político que temíamos que tales afirmaciones fueran veraces.

Doña Sandra inició la reunión manifestando su malestar por que se la relacionara a actividades ilegales. Se le explicó que ese era uno de los argumentos usados por los promotores de las invasiones, y no algo que nosotros afirmáramos. Doña Sandra quería ratificar personalmente que ni el Presidente ni ella habían acordado cosa alguna en relación a las tierras de la empresa y que no aprobaban las invasiones.

Acto seguido, manifestó su interés por conocer el proyecto, el impacto que preveíamos que tuviera en la zona. Quiso también conocer nuestra versión de los hechos.

Ha de entenderse que la situación que prevalecía en el Valle del Polochic era grave. Por un lado, el problema parecía haber concentrado la actividad de varias organizaciones anti-sistema. Por otro, la mayoría de la población estaba indignada ante los atropellos que cometían los invasores indiscriminadamente. Era previsible que de mediar una intervención decidida de las autoridades, pudiera generarse algún enfrentamiento violento entre los invasores, que estaban armados (“yo sí ando armado porque no me queda de otra”, afirma Walter en un momento de la conversación, “pero ya quisiera yo una 9 milímetros como la que tiene el líder”), y pobladores de la región.

¿Qué promesas se hicieron?

—Como tales, ninguna. La Primera Dama y el Ministro fueron enfáticos respecto a su apego a la ley. E hicieron ver que, para desalojar las fincas, era indispensable que una orden judicial.

Más tarde también hablaron con el Presidente.

—El presidente de la Cámara del Agro pudo hablar con el Presidente en varias ocasiones, y recibió la certeza de que el Gobierno actuaría con apego al Derecho.

Ustedes dicen que antes habían puesto muchas denuncias pero que ni la PNC ni ninguna autoridad respondía. ¿Qué fue lo que propició la actuación del Estado esta vez?

—El grave cariz que tomaba la situación en el Valle del Polochic. Estaba en juego la gobernabilidad en la región. (“Aquí había un polvorín social”, dijo durante la conversación). La situación era tan dramática que algunos grupos de campesinos incluso se acercaron a pedirnos que les proporcionáramos “parque” –munición- para defenderse de los invasores. Obviamente, nos negamos. Por impedir una confrontación violenta entre campesinos, y porque no contamos con dicho material –su adquisición requiere de permisos de las armas a las cuáles ha de destinarse y resulta costosa-.

Alentábamos a la gente a poner las denuncias ante la PNC, o ante la Fiscalía, pero nos decían que tenían miedo de que les mataran en represalia. Les decíamos que había que confiar en las autoridades y no tomarnos la ley en nuestras manos. A esto nos respondían: “Pero Patrón, cómo nos podés venir a decir eso a nosotros, si vos tanto ir a denunciar, y estás más jodido que antes”.

Es del conocimiento general en Telemán que los invasores de Miralvalle montaban puestos de asalto sobre el camino público que atraviesa la finca. Los transeúntes eran despojados, a punta de pistola, de dinero, celulares. Nos enteramos del caso de unos compradores de cardamomo a los que les robaron las armas y el dinero que llevaban. En alguna ocasión hasta cobraron “impuesto de guerra”. “El propio César Montes”, explicará en medio de la conversación, “nos llamó para decirnos que el respeto por lo ajeno era muy escaso en el Polochic. El delito con más incidencia es el de las violaciones incestuosas, seguido por la usurpación agravada.”

¿Cómo fue la actuación de las fuerzas del Estado esta vez?

—Correcta. Sumamente formalista, con una prudencia casi escrupulosa por atender al más mínimo imperativo legal. Si he de ser cándido, me pareció que les embargaba una conciencia –casi miedo y algo de premonición- de que estaban y estarían bajo la lupa de los medios, las organizaciones que defienden los derechos humanos, la comunidad internacional. Con excesivo énfasis en evitar cualquier incidente innecesario.

Y con esa misma candidez, me atrevo a manifestar que me pareció que fueron demasiado tolerantes ante la participación de muchas personas que no debieron haber estado en primera línea. Personas que llegaban con cámaras de video, cámaras fotográficas para intimidar a quienes estábamos allí más que para documentar lo que sucedía. No me estoy refiriendo a periodistas y reporteros, que mostraron respeto y prudencia. Entre los invasores era frecuente observar personas con los rostros cubiertos y se les permitía ocultar su identidad.

¿Qué opina de las críticas acerca de la forma en que se desarrolló el desalojo?

—Me parece que en la mayoría de los casos son fruto del desconocimiento de los hechos reales. Ha habido mucha desinformación. Las organizaciones anti-sistema que han estado detrás del desalojo tienen recursos, influencia y experiencia en tergiversar lo acontecido y manipular las noticias, para servir a sus fines. Y en algunos casos, algunos columnistas que les son afines han hecho eco de tal desinformación, mostrando que están más comprometidos con las ideologías que profesan que interesados por enterarse o reflejar lo realmente acontecido para hacer un periodismo profesional: equilibrado y veraz.

¿Por qué eliminan ustedes las siembras?

—Tras la experiencia de Miralvalle algunos de nuestros empleados tenían miedo de entrar a desmontar los campamentos por temor a represalias. Era indispensable desmontarlos para evitar que, al concluir los desalojos y retirarse las autoridades, simplemente volvieran a instalarse los invasores. No era mucho el tiempo que mediaba entre el formalismo de la entrega de la finca y el retiro de los elementos de la fuerza pública. La solución más fácil era quemar los campamentos, lo que también requería un número menor de personal y suponía un riesgo menor de que se concretaran amenazas o provocaciones entre ambos bandos.

Es importante aclarar que las champas que se destruyeron no eran “viviendas” ni casas donde residían los invasores. La enorme mayoría, si no todos, tienen sus viviendas en los pueblos o aldeas de la comarca. Las champas destruidas las utilizaban para tener un lugar donde protegerse del sol y para pasar la noche, según los turnos que hacían para cuidar los cultivos. Malintencionadamente se ha querido hacer creer que estas champas eran sus viviendas.

¿Por qué lo hacen en medio de los desalojos?

—Porque si hubiéramos esperado a que se marchara la fuerza pública, las órdenes de desalojo hubieran resultado estériles. Cito el caso del desalojo de la finca del ICTA en el Valle del Polochic. El sábado al amanecer, tras retirarse el viernes en la madrugada el último contingente de Policías, los invasores ya ocupaban de nuevo su campamento dentro de la finca.

¿Y los desalojados? Según algunos informes hay familias enteras a la orilla de las carreteras, sin dónde dormir y sin qué comer.

—Sólo hay una finca –Tinajas- donde algunas personas -5 o 6 adultos- se encuentran al margen del río y a inmediaciones del camino. Tienen sus viviendas en la comunidad de la que proceden pero por estar distante de la finca invadida y para cuidar el maíz que tenían allí (la empresa les ha otorgado el plazo necesario para cosecharlo) han decidido permanecer en el lugar en el que se encuentran.

La inmensa mayoría de los desalojados son personas que tienen viviendas en alguna población o caserío –Panzós, Telemán, Canlún, Agua Caliente, Chivich, Xucub, Sacsuhjá, etc.-, o que tienen sus “trajaderos” o tierras en otro lado. Afirmar que hay familias enteras a la orilla de las carreteras, sin dónde dormir y sin qué comer, sólo puede hacerse tergiversando algunos hechos.

En la mayoría de las fincas desalojadas se dio un plazo prudencial para que sacaran las cosechas. Lógicamente, la empresa necesitaba entrar a trabajar algunas tierras de acuerdo con su programa de siembras, que ya ha sufrido alteraciones graves. En la elección de las tierras que se empezarían a trabajar, junto a criterios estrictamente agronómicos, tuvo algún peso también cuán violentas habían sido las invasiones. Por un elemental sentido de justicia, se trató de dejar para más tarde, a fin de que pudieran sacar la cosecha, aquellas fincas donde los invasores no fueron tan radicales, o donde los invasores mostraron algún grado de arrepentimiento. “Destruimos el maíz de Miralvalle”, asegura en la conversación, “porque ya no valía. Y de todas maneras lo hubiéramos hecho porque teníamos que sembrar. En Bellaflor y Riofrío hicimos lo mismo, porque fue donde con más violencia nos trataron.”

Radicales. Violentos. Ustedes se quejan de que hubo invasiones que concluyeron con el incendio de 1800 hectáreas de caña quemada –la mitad de sus tierras- y un costo de Q28 millones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo?

—Las invasiones se fueron sucediendo principalmente en el segundo semestre de 2010. Las plantaciones de San Miguelito fueron quemadas en diversas etapas, desde junio o julio de 2010.

¿En qué situación se encuentran las fincas hoy?

—En algunas estamos trabajando. En otras, estamos esperando a que los invasores terminen de sacar el maíz que sembraron para entrar a trabajarlas. Una de las fincas desalojadas fue re-invadida. Y hay una finca invadida donde todavía queda pendiente efectuar el desalojo.

La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Guatemala envió un observador y tras ver lo que sucedía le recomendó al Gobierno que se suspendieran los desalojos. Eso es señal de violación de derechos. Si el desalojo fue modélico como ustedes dicen, ¿a qué podría deberse?

—No tenemos ningún conocimiento de pronunciamiento alguno por parte de los observadores. Nos entrevistamos con dos de sus personeros. Nos pidieron nuestra versión de los hechos, aunque no contrastaron con nosotros ninguna información concreta.

Creemos aventurada la conclusión de que evidencia violación de derechos. Se nos ocurren otras causas por las que recomendar al gobierno que se suspendan los desalojos. Baste mencionar la posibilidad de que desearan un mayor plazo para analizar mejor los hechos en vista de la desinformación que circulaba esos días, o la presión política.

Lo cierto es que existía una orden de juez, que el Ejecutivo tenía obligación de ejecutar y no era prerrogativa del Gobierno suspender los desalojos.

¿Qué papel desempeñan las organizaciones campesinas CUC y CONIC en esta historia?

—Han sido los instigadores y promotores de estas invasiones.

 

(La historia que cuenta Walter Widmann –su padre asiente absorto y hundido en una cómoda silla de oficina- es la siguiente.

Aunque las invasiones habían comenzado antes el anuncio del BCIE de que el ingenio saldría a subasta fue utilizado por las organizaciones campesinas como “prueba irrefutable” de que La Cañera había quebrado y el BCIE se había adjudicado las tierras en pago. De ahí a decir que el banco tendría que repartir las tierras entre los ocupantes o difundir que el Gobierno las adquiriría para repartirlas entre los campesino, pasaron apenas meses. En octubre de 2010, según Widmann, comenzó una oleada de invasiones y quema de cañaverales.

¿Qué pintaba el BCIE en todo esto? El Banco Centroamericano de Integración Económica le había otorgado dos créditos al ingenio en la fase del proyecto y ahora, cuando parecía no ver clara la viabilidad del proyecto ni del cultivo de caña en el Polochic, se retiraba después de haber entregado ya parte del dinero y quería ejecutar las garantías del préstamo.

En aquel tiempo se acusaba al ingenio de improductivo, y los ecos de ese señalamiento han llegado hasta nuestros días. Pero Widmann asegura que no era improductivo, aunque lo pareciera: “El ingenio produjo azúcar en el Valle del Polochic. Los resultados agrícolas superaron las expectativas generadas a partir de los ensayos que precedieron en varios años a la concreción del proyecto. El proyecto enfrentó dos grandes inconvenientes respecto del financiamiento. El BCIE aprobó dos créditos. Uno para la inversión en activos, y otro para financiar el capital de trabajo necesario. Respecto del primero, a pesar de que el programa de desembolsos preveía que se efectuaran en un plazo de nueve meses, se concretaron de manera irregular a lo largo de un período de veintitrés meses.

No hay que tener una maestría en proyectos para apreciar el efecto que una alteración de tal magnitud puede tener en su ejecución. Y en este proyecto agroindustrial el desfase resulta aún más grave pues estamos sujetos a una estacionalidad. Si no se aprovechan los meses que corresponden al ciclo adecuado se acaba perdiendo un año completo.

Luego tampoco se contó con los fondos necesarios para la puesta en marcha. En 2009, sólo se pudo realizar parcialmente la zafra. De doscientas mil toneladas métricas de caña apenas se pudieron moler treinta y seis mil. En 2010 no se contaba con recursos suficientes para acometer la zafra por lo que se optó por enviar caña a un ingenio de la Costa Sur. “Entre octubre del 2010 y marzo del 2011, las invasiones no sólo incidieron en que se retrasase el ingreso del nuevo inversionista. La sistemática destrucción de grandes extensiones de las plantaciones no sólo privó al ingenio de la materia prima necesaria para llevar a cabo una zafra sino que quemaron –con conocimiento de causa y evidente malicia- la mayor parte de los semilleros de los que disponía el ingenio para relanzar en óptimas condiciones el proyecto”.)

Según ustedes, muchos de los campesinos desalojados estaban allí por engaños. ¿Qué les hace pensarlo?

—Que los campesinos nos lo han dicho. Ya son varios los que se han puesto en contacto para pedirnos perdón. Junto a los fines ideológicos o políticos, de desestabilización y lucha anti-sistema, hay también móviles económicos: las invasiones suelen convertirse en un negocio (“Ya quisiera yo viajar la mitad que Daniel Pascual”, ha dicho durante la conversación en referencia al dirigente del CUC. Y también: “aquí ser pobre es la mejor excusa para todo. Incluso para las cosas que no tienen que ver”). Sabemos de casos en los que se cobraban sumas a los campesinos: por reunión, por incorporarles a la lista de los “beneficiados”, etc. Los pagos que se les exigían iban de los Q200 a los Q2 mil.

Dicen que contra los engañados no tienen nada. Que incluso pidieron que no fueran capturados durante el desalojo.

—Estamos conscientes de que mucha gente fue engañada. Antes de que se concretara invasión alguna, por propia iniciativa, buscamos a personas que pudieran aprovechar las tierras que nosotros no podíamos entonces usar. Estamos conscientes de la pobreza que prevalece en la región. Y no somos de los que “ni comen ni dejan comer”. Llegamos al Valle con ánimo de permanecer en él, de integrarnos en la comunidad. La orden de desalojo prescribía la captura de quienes se encontraran en la finca. Estimamos que la principal responsabilidad de la usurpación y de los daños causados a raíz de las invasiones correspondía a los líderes. Hicimos ver a las autoridades involucradas en el desalojo que la sociedad, si bien deseaba entablar proceso en contra de los líderes de las invasiones, no tenía intención de proceder así en contra del resto, que era la mayoría.

El día antes de los desalojos todavía hubo mesas de diálogo. ¿Por qué no se prosiguió con ellas ni se advirtió ese día que en la mañana siguiente comenzarían las expulsiones?

—No fuimos informados de que se llevara a cabo diálogo alguno el día anterior a los desalojos. Y en cuanto a la mesa, se agotaron las instancias. El CUC demostró, a lo largo de los dos años y nueve meses, que no tenía interés en que se alcanzaran acuerdos o se acercaran posiciones. Es una organización que vive de generar conflictos, no de resolverlos. Demostraba un afán dilatorio. Su desprecio por las autoridades era evidente. Su representatividad de los campesinos, cuestionable. No cumplieron con un solo compromiso de los asumidos en la mesa. Su intransigencia e incapacidad de propuesta quedaron patentes.

Cansados de esa situación, y viendo que nuestra participación sólo era aprovechada para continuar con la ocupación ilegal de tierras y la destrucción de cañales, exigimos para continuar en la mesa de diálogo la vuelta al status quo ante.

A partir de entonces, seguimos entrevistándonos con las entidades de gobierno que asistían a la instancia de diálogo, pero cada parte –el CUC y nosotros- acudíamos por separado.

Supimos que los líderes de las invasiones fueron citados por el coordinador de la instancia de diálogo en la segunda quincena de febrero. Se les comunicó que las investigaciones realizadas hasta entonces corroboraban que la titularidad de las tierras estaba en orden, que no existía un proceso o acuerdo en virtud del cual el Gobierno iba a adquirir dichas tierras, y que les parecía a las instituciones que habían participado que las ofertas realizadas por la empresa eran más que razonables y se les instaba a acogerse a ellas. Los invasores se comprometieron a “consultarlo con sus bases” y presentarse en una fecha determinada a comunicar su posición. No sólo no acudieron sino que ni siquiera se excusaron.

¿Cuál es su relación con los habitantes de Panzós?

—La mayoría de personas en el Valle aprecian el impacto de las operaciones de la empresa en el desarrollo y en la economía de la región. Obviamente, hay personas que no comparten esa apreciación, pero creemos que son una minoría aunque se les hace más eco del que corresponde a sus números.

Según las investigaciones de Laura Hurtado, ustedes han evitado pagar prestaciones y sus salarios han estado por debajo del salario mínimo. ¿Qué tiene que decir? ¿A cuánta gente emplea y en qué condiciones?

—La señora Hurtado jamás se ha puesto en contacto con nosotros, así que ignoramos qué tanto haya “investigado”. Su estudio nos parece superficial. Muchos de los datos en los que basa sus conclusiones, falsos y erróneos. Y en cuanto a sus conclusiones, nos parece que la señora Hurtado ha pretendido forzar los datos para sostener tales conclusiones preconcebidas o interesadas, y no, como corresponde a una investigación científica rigurosa, concluir a partir de la información imparcialmente recabada.

Su afirmación en referencia a la remuneración de nuestros empleados es injuriosa, difamatoria y calumniosa. El ingenio paga, en el peor de los casos, el salario mínimo, junto a prestaciones que no constituyen obligación legal. El ingenio llegó a emplear a más de dos mil personas mientras estuvo en pruebas. Y esperamos que se proporcionará empleo directo a más de tres mil personas.

¿En qué consiste su negocio en el Polochic?

—En establecer una operación agro industrial cañera en el Valle del Polochic. Se tiene prevista la producción de azúcar blanco tanto para el mercado local como para el mercado de exportación. Un subproducto de la producción de azúcar es la melaza: las mieles que resultan tras la extracción del azúcar, que aún conservan un alto valor nutricional para la alimentación animal.

Se tiene prevista la cogeneración. En un ingenio, la combustión del bagazo permite generar más energía de la que requiere la producción de azúcar. Y su estacionalidad –la época seca- se conjuga con la época en que la generación de las hidroeléctricas se ve mermada.

El principal sub proyecto que se contempla a futuro es el de una refinería de azúcar. No se ha contemplado hasta ahora la instalación de una destilería para la producción de alcohol.

¿Cómo adquirieron ustedes las tierras?

—Se compraron a finqueros de la zona. Algunas se tomaron en arrendamiento. En su inmensa mayoría se trataba de fincas dedicadas a la ganadería extensiva.

En todos los casos, verificamos que los títulos que acreditaban la propiedad de los inmuebles estuvieran en orden, y de que los vendedores estuvieran en pacífica y plena posesión de los inmuebles. Obviamente, no nos interesaba adquirir fincas que fueran susceptibles de conflictos o litigios.

El Banco que otorgó el financiamiento que permitió acometer el proyecto tiene por política no financiar la adquisición de terrenos. En consecuencia, una proporción elevada de la inversión de los accionistas se destinó a la adquisición de tierras y, considerado el monto en juego, no podían hacerse las diligencias debidas a la ligera. Además, se exigían avalúos de firmas calificadas, que también realizan investigaciones de cara a los avalúos que preparan.

¿Cuánto tiempo les tomó hacerse con ellas?

—Entre los años 2005 y 2009. Aunque la mayoría se adquirió en el años 2006 y primeros meses de 2007.

Usted dijo que su empresa se cercioraba antes de comprar las tierras de que tenían títulos de propiedad. El punto 15 de Telemán, que según las investigaciones de Intrapaz nunca fue registrado, lo reclama usted desde que Chabil Utzaj se instaló en el área.

—¿Cómo pueden pronunciarse respecto a problemas de linderos cuando ni siquiera han consultado a la empresa donde están los linderos? Sin embargo en algo tiene razón Intrapaz. El área denominada punto 15 nunca fue registrada. Y es por una razón muy sencilla: no existe como tal. El área respecto de la cual se pretende fabricar una base para fundamentar un carácter litigioso es parte de la finca Sauces Sur o Jolobob. Lo amparan las unidades registrales de la finca.

Esto lo pueden atestiguar muchas personas serias en Telemán y puede probarse también acudiendo a fotoplanos antiguos. Lo curioso es que el área en cuestión apenas excede de una manzana, y con ellos pretende ampararse la usurpación que alcanza más de treinta.

 

La parte de la entrevista que se realizó por correo electrónico será publicada mañana íntegramente y sin ediciones para aquellos que estén interesados. Se subirá en un documento descargable en este mismo espacio.

Ver entrevista sin editar

Autor
Autor
a
a