Violaciones sexuales por paramilitares

"A mi hija la violaron y torturaron los paramilitares de 'Jorge 40'" relata Blanca Díaz madre de Irina Carmen Villero Díaz, niña wayúu de 15 años que fue asesinada en mayo de 2001.

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Violaciones sexuales por paramilitares

31 de Octubre de 2011

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Plaza Pública

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En un foro sobre violencia sexual, expertos alertaron sobre la impunidad y la falta de atención que tienen estos casos en la justicia colombiana. De 489.687 casos registrados de violencia sexual entre 2001 y 2009, según el informe elaborado en la campaña "Saquen mi cuerpo de la guerra", el 36 por ciento de los abusos en contra de las mujeres corresponde a a acoso sexual y el 20 por ciento a violaciones cometidas en su mayoría por paramilitares.

La paradoja es que, según datos de Amnistía Internacional, a pesar de que en los procesos de Justicia y Paz los miembros de las autodefensas han confesado la autoría de más de 57.000 crímenes, solo 86 corresponden a delitos de violencia sexual.Hasta la fecha no se ha condenado a ningún paramilitar aunque existen pruebas y denuncias como en el caso de Marco Tulio Pérez alias “El Oso”, quien es señalado de violar a varias niñas en San Onofre, Sucre.

"A mi hija la violaron y torturaron los paramilitares de 'Jorge 40'" relata Blanca Díaz madre de Irina Carmen Villero Díaz, niña wayúu de 15 años que fue asesinada en mayo de 2001. "Son miles los casos que permanecen en la impunidad porque a las víctimas les da miedo denunciar, yo doy mi testimonio para conseguir la verdad, la reparación integral y sobre todo para que no se repitan estos hechos de violencia" agregó Blanca.

En 2008 la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía a investigar 183 casos de crímenes sexuales en medio del conflicto, de los cuales el 46 por ciento correspondían a paramilitares, el 19, 4 a miembros de las fuerzas armadas y el 8,5 a guerrilleros. Hasta septiembre de 2010, solo cinco de estos casos fueron sentenciados y el único de esos cinco casos adjudicado a un paramilitar, fue absuelto.

En la campaña “Violaciones y otra violencia: Saquen mi cuerpo de la Guerra” liderada Oxfam, la casa de la mujer y la Ruta Pacífica de las mujeres, se evaluaron también las acciones del gobierno de Juan Manuel Santos frente al tratamiento de los delitos de violencia sexual, de los cuales, la tercera parte, son cometidos en medio del conflicto.

“Son lamentables las respuestas del gobierno ante escalofriante diagnóstico de la situación. Antes se pedía que el gobierno pasara de las palabras a los hechos, pero ahora es mejor que se mantenga en las palabras, porque los hechos que presenta son terribles”, aseguró el Representante Iván Cepeda al referirse a los resultados del informe y a la propuesta del gobierno de ampliar el fuero militar.

En diálogo con VerdadAbierta, Sergio Rodriguez, penalista y experto en justicia penal militar aseguró que "la justicia ordinaria no tiene la capacidad de juzgar a los miembros de las fuerzas militares porque no conoce los riesgos y presiones que se sufren en medio del conflicto, sin embargo este tipo de delitos que son de tipo común no estan considerados dentro de la ampliación del fuero, deben seguir siendo juzgados por la justicia ordinaria". El problema radicaría entonces en cual es la autoridad que decidiría que delitos serán juzgados por la justicia ordinaría y cuales por la justicia penal militar.

Los puntos críticos
Al hecho de que solo el 9 por ciento de las mujeres víctimas de violencia sexual denuncian públicamente el crimen, según cifras de Oxfam, se suma una falla en la sistematización y seguimiento de los casos que se traduce en la inexistencia de un registro unificado.

“No existen datos desagregados por lugar geográfico, edades, victimarios, es necesario que se responsabilice a una institución de la recolección, estandarización y análisis de la información para poder prevenir yatender adecuadamente los casos”, afirmó Amanda Camilo líder del movimiento Ruta Pacifica de las Mujeres.

Además de ésto, existen limitaciones en el acceso a la justicia ya que no hay un sistema de protección para las mujeres víctimas durante los procesos judiciales. La falta de garantías y protección hace que las mujeres no denuncien y la impunidad prevalezca.

Otro de los expertos presentes en este foro dijo que no existe una vía clara a nivel local para proceder luego de un delito de violencia sexual.

“Hace dos semanas se denunció en el municipio Valle del Guamez en Putumayo, la violación de una niña de 8 años, pero en el municipio no existe una ruta de atención. Los familiares prefirieron pasar al ecuador para que atendieran a la niña, la niña no resistió y murió” aseguró Amanda Camilo.Este caso no es sino uno entre miles ya que de acuerdo a los datos de Amnistia Internacional, del total de las víctimas más del 80% corresponde a niñas menores de 18 años, población vulnerable que exige más atención del gobierno y de las instituciones, agregó la Defensora Delegada.

Finalmente, en la atención y seguimiento no hay una obligación a las entidades prestadoras de salud de garantizar los servicios de habitación, alimentación y atención psicosocial a víctimas de la violencia sexual.

Los anteriores son los hechos más preocupantes para las organizaciones que defienden la protección de los derechos de las mujeres tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, no es la primera vez que se identifican estos problemas, y mucho menos la primera vez que se hacen recomendaciones al gobierno colombiano. Lo que sucede, según voceros de las organizaciones, es que la violencia sexual sigue siendo vista como un delito menor en este país, y hasta que no se reconozca la gravedad de estos hechos y se tomen las decisiones necesarias, la impunidad va a continuar o peor aún, a intensificarse.

Este artículo de Verdad Abierta fue publicado con autorización por Plaza Pública.