Vigilar y castigar

¿Qué tienen en común las prisiones, los hospitales y las escuelas? Para Michel Foucault[1], en la versión moderna de esas instituciones se construyen mecanismos disciplinarios a partir del control de los cuerpos y de las mentes. Para el efecto juega un papel importante el diseño de los espacios, los símbolos, las reglas, las rutinas, los premios, los castigos y un elemento fundamental, el panoptismo, que equivale a la percepción de estar bajo vigilancia. Dicho en otras palabras, un fundamento de la gubernamentalidad moderna descansa en que la gente se perciba vigilada y espere consecuencias de sus actos.

En Guatemala, aun con su modesta institucionalidad y débil ciudadanía, la vigilancia que se realiza desde el Estado incorpora, entonces, diversas modalidades panópticas, desde el monitoreo epidemiológico hasta la inteligencia orientada a la seguridad interior, la seguridad exterior y la gestión de riesgos[2]. Asimismo, se realiza vigilancia desde instituciones tan diversas como la SAT, la CGCN, el Conap, la Conred y la oficina del PDH, cada una con sus competencias, sus recursos y sus limitaciones.

Existen también actividades de inteligencia enteramente privadas que a veces transitan entre las luces y las sombras de la legalidad y la ética. Desde el monitoreo con fines electorales y comerciales hasta la protección de información industrial, pasando por la elaboración de listas y perfiles de personas que representan algún riesgo para una empresa.

En compensación a lo anterior, el poder también se expresa en la capacidad de construir opacidad. En otras palabras, algunas pocas personas tienen acceso a contramedidas para evitar la vigilancia y las consecuencias jurídicas inherentes a sus actos. Para eso existen la banca fuera de plaza, el tráfico de influencias, la cooptación de medios de prensa, las organizaciones de fachada y hasta los sistemas privados de inteligencia orientados a proteger personas no solo del escrutinio público, sino también de actividades criminales como secuestros o extorsiones.

¿Y qué pueden hacer al respecto las organizaciones sociales?

En Guatemala ya existen centros de investigación y observatorios que abordan, con una perspectiva crítica, aspectos sociales, fiscales, ambientales y de otra índole. Del mismo modo, hay organizaciones que se enfocan en la denuncia de actos ilícitos o de situaciones de riesgo para las personas o el ambiente, por citar algunos ejemplos. De esa manera, ya existe un activismo social en la materia. No obstante lo anterior, creo que todavía falta desarrollo en los sistemas de vigilancia para aprovechar mucha información disponible que no se alcanza a procesar.

En ese marco resulta ineludible mencionar que el activismo social y particularmente la auditoría social son actividades de alto riesgo en Guatemala. Así, cualquier organización social debe invertir esfuerzos en proteger a su personal, especialmente cuando se trabaja en zonas donde no existe control estatal sobre el territorio y la población.

En esa línea de pensamiento, las organizaciones sociales pueden hacer vigilancia a la inversa. Este rol lo desempeñan en ocasiones los observatorios, que pueden jugar un rol clave utilizando instrumentos de inteligencia en el marco de la ley. Naturalmente, esas organizaciones también pueden tener sesgos de diferente índole, que en ocasiones provienen de sus fuentes de financiamiento.

Pese a los grandes problemas y retos, algunos indicios son alentadores, como la legislación atinente al acceso a la información e iniciativas que deben consolidarse, como el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala (Guatecompras).

Además, en un marco de vigilancia o auditoría social se aplica de nuevo el principio anotado arriba. Debe generarse la percepción de que la transgresión de la ley tendrá consecuencias. Debe construirse una cultura donde cualquier funcionario, persona individual o empresa actúen sabiendo que hay un mecanismo de observación que está fuera de su control. Acaso una idea que nos suene extraña en la actualidad, pero no imposible de alcanzar.

Mientras tanto, un elemento que coadyuva a la construcción de capacidades es la Cicig, cuyo mandato debe ser prorrogado y cuyo desempeño debe ser también objeto de escrutinio. Sin un sistema de justicia, no hay observatorio que sirva.