Llueva, truene o relampaguee, no cesan los actos irregulares en la gestión pública. Y ahora es la entidad encargada de monitorear los fenómenos naturales la reportada como epicentro de una investigación de la Fiscalía contra la Corrupción, la cual asegura que 28 burócratas están implicados en una denuncia que abarca estafa propia, lavado de dinero o de otros activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude y testaferrato.
Según el ente pesquisidor, Yeison Broderson Samayoa Velásquez y Sabrina María Véliz Castañeda, director y asesora del Insivumeh, respectivamente, encabezan una estructura que habría burlado los procesos administrativos y sacado provecho de la emergencia suscitada por la covid-19.
Identificado como Caso Clima, Corrupción y Poder, el Ministerio Público anunció 18 capturas y la persecución de 10 personas más pendientes de ser aprehendidas. Para el efecto, realizó 36 allanamientos en la capital y en zonas adyacentes. Entre los aspectos que destacan figura que una de las detenidas es la subdirectora Ástrid Amanda Montes de León, quien, de acuerdo con lo trascendido, es bachiller y tiene 24 años de edad. Sin embargo, vale anotar que, por el salario de la encartada (4,000 quetzales), pareciera que el peso del puesto se queda en la clasificación.
Una declaración oficial resaltó que hace un año se recibió la alerta. Y el seguimiento reveló que se utilizaron «diversas artimañas» para la adjudicación de eventos de contratación pública a entidades mercantiles sin la experiencia necesaria, las capacidades técnicas y las especialidades afines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron dados, así como incumplimiento de requisitos, pero, subraya el pronunciamiento del MP, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez y avaladas por el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, lo cual derivó en un «grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala».
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En la descripción de los hechos, la fiscalía indicó que, sin justificación, las autoridades se valieron de la pandemia para modificar el presupuesto y el plan de compras del Insivumeh y crear nueve eventos en el sistema Guatecompras con el fin de adquirir un radar y equipo meteorológico. En el detalle de la situación, las referencias son amplias y documentadas, aunque no se mencionan los nombres del diputado Jorge García Silva ni del ahora parlamentario y extitular del Micivi Josué Edmundo Lemus, cuya participación ha sido comentada en notas y columnas de prensa.
¿Por qué surge el caso ahora que el Ministerio Público y particularmente su jefa, Consuelo Porras, afrontan diversidad de cuestionamientos? ¿Y por qué las diligencias de la fiscalía solo han llegado hasta funcionarios de tercera línea y trabajadores menores en el andamiaje estatal? Son aristas para un análisis en el que, en resumidas cuentas, puede decirse que al mal tiempo de ninguna manera puede ponérsele buena cara.
Y es que esta pieza se inscribe en las evidencias de por qué Guatemala ocupa el lugar 149 de los 180 países incluidos en el índice de percepción de la corrupción y patentiza que es uno de los peores del continente, como lo atestigua la organización Transparencia Internacional, que, respecto de 2020, documentó el resultado de 25 sobre 100 puntos en encuestas y evaluaciones levantadas.
Sobre Clima, Corrupción y Poder aún queda camino por recorrer. Principalmente, aún falta establecer cómo terminará. En el ínterin, los capturados están recluidos y falta conocer si se localizará a los prófugos, así como si la tormenta político-legal alcanzará las curules del Congreso de la República.
De lo que sí hay certeza es de que Guatemala padece un flagelo que está enquistado en instancias públicas y privadas y cuyos efectos inciden en la inefectividad de la salud, la educación, la seguridad, la justicia y demás aristas del aparato estatal. Como en estos tiempos llegar a la administración pública significa tomar un botín cuya repercusión es desatención de las necesidades de la población, ello explica por qué estamos como estamos.
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