Vielmann y Vila acusaron a Martínez Lohayza de traficar con drogas

Según el cable 06GUATEMALA84, del 18 enero de 2006, entregado por WikiLeaks a Plaza Pública, Vielmann y Vila, ex presidente de la Cámara de Industria de Guatemala y uno de los principales azucareros del país respectivamente, y ambos hombres fuertes durante el gobierno anterior, le solicitaron al Berger que separara al líder jutiapaneco del partido y calcularon cómo reducir los daños políticos para el Gobierno.

“Mientras revisaban su lista de las familias del crimen organizado, Vila y Vielmann dijeron que estaban terminando una investigación interna por acusaciones de narcotráfico contra Jaime Martínez Lohayza, jefe de bancada de la GANA. Dijeron que intentan presentar el caso al presidente Berger y que, como mínimo, Martínez Lohayza debía ser relevado de su posición como líder del bloque parlamentario de la GANA en el Congreso. Intentaban hacerlo conteniendo el daño político que esto causaría a Berger y la GANA”.

A diferencia de lo que sucede en otros cables, Derham no puso en duda la aseveración de ambos funcionarios.

La investigación interna y la petición a Berger de expulsar al diputado no dio resultados. Martínez Lohayza continuó como jefe de bancada del bergeísmo hasta el fin de la legislatura, y el presidente Berger no dejó de aparecer junto a él o de visitarlo en su casa de Jutiapa cuando hizo giras presidenciales por el departamento.

Batalla entre ex aliados

La relación entre Berger y Martínez se desarrolló al menos desde la campaña de 2003, cuando el jutiapaneco fue uno de los principales financistas regionales. Con el cambio de legislatura, en 2008 el partido GANA se dividió entre los diputados que habían sido funcionarios del gobierno de Berger, y los distritales, caciques en el interior, con menos vínculos con el expresidente. Así, dividieron sus caminos y los primeros formaron la bancada Guatemala y luego el partido CREO, y los segundos se aliaron con la UNE para apoyar a Sandra Torres rumbo a la Presidencia.

Consultados sobre el cable, Carlos Vielmann respondió desde Madrid que necesitaría leer el cable completo para saber el contexto en el que se produjo tal acusación. Alfredo Vila, de viaje fuera del país, respondió por teléfono que era correcta la información sobre el viaje a Washington, los logros presentados y la anuencia de Estados Unidos de aumentar la cooperación. “Pero no recuerdo haber pedido al presidente retirarlo (a Martínez Lohayza). Algo sobre el tema (de las sospechas sobre la relación del diputado con el narcotráfico) salió públicamente, pero nosotros en Washington no hablamos de ningún tema específico de ninguna persona”.

Jaime Martínez Lohayza, actual diputado y secretario de la Gana, rechazó tener ningún vínculo con el narcotráfico y reconoció que sí fue acusado por Vielmann y Vila ante la embajada de Estados Unidos. “Estos señores (Vila y Vielmann) malintencionadamente trataron de perjudicar a medio mundo. La investigación se llevó y la embajada buscó en todos los países con los que tienen relación y no me encontraron nada”, dijo, confirmando que hubo una investigación interna de la que Vila y Vielmann hablaron en la embajada."

“De hecho, la embajada se disculpó conmigo, no me quitó la visa, y yo entro y salgo de Estados Unidos y sigo viajando con toda la libertad del caso. En el partido tampoco me quitaron la jefatura de bancada. Se lo inventaron todo. Vila mismo intentó expulsarme del partido, tiempo después, pero las bases lo impidieron. En ese grupo había mala fe. Sentían envidia porque como jefe de bancada nunca les di mayor importancia y pasaba a hablar directamente con el Presidente. Yo era amigo de Berger. Y sí supe que me estaban investigando. Me informaron de la investigación”, concluyó Martínez.

Visita para evitar un narco-Estado

Según el cable diplomático visitarían Washington del 23 al 24 de enero de 2007 para solicitar un mayor apoyo antinarcóticos de parte del Gobierno de Estados Unidos. Su intención, informaba el embajador James Derham, era hacer hincapié en que Guatemala vivía, embrionariamente, una situación como la colombiana. “La administración de Berger (a diferencia de su antecesora), reconoce el peligro y está comprometida con evitar que Guatemala se convierta en un narco-estado, pero el Gobierno de Guatemala requiere un apoyo mayor. La Embajada recomienda que se tenga en cuenta favorablemente su solicitud”.

Según el cable de Derham, el Gobierno había identificado once organizaciones criminales cuyo nombre no menciona, y las autoridades estaban preocupadas porque habían detectado una transformación del negocio: de la distribución al pormenor al narcotráfico al por mayor.

La evaluación que hicieron los miembros del Gobierno aludía a las “vastas franjas del país que el Gobierno era incapaz de patrullar por falta de recursos e inteligencia”. Y señalaba que una inspección reciente había revelado 1048 pasos fronterizos informales, de los cuales 31 eran transitables por vehículo.

En Guatemala, el narcotráfico llegó procedente de Colombia desde la década de los ochenta, cuando Estados Unidos empezó a cerrar la vía directa por el Caribe y Florida. Se instaló en las rutas del contrabando, al amparo de los regímenes militares, que financiaron con dinero de la droga parte de las guerras contrainsurgentes cuando fue embargado el apoyo estadounidense por las violaciones a los derechos humanos. 

El gobierno del presidente Óscar Berger y Eduardo Stein fue especialmente activo en el trabajo para que Estados Unidos levantara un embargo de la época de Jimmy Carter y Romeo Lucas que impide cooperación militar entre el Pentágono y el ejército de Guatemala.

Las aspiraciones del ministro

Vielmann buscaba unidades especiales, acuerdos para compartir inteligencia y equipo, desde helicópteros hasta chalecos antibalas. Y mostraba también interés por que, “dado que el Gobierno de Guatemala había incrementado su compromiso contra el narco tráfico”, Estados Unidos ofreciera ayuda para proteger a los altos funcionarios de posibles represalias.

Ese compromiso lo ilustraban, según Vielmann, ciertas medidas como la aprobación de una ley para inteligencia civil y la propuesta de otra para combatir el crimen organizado, la extensión de las operaciones Maya Jaguar, la detención en Estados Unidos de tres mandos de la SAIA, la erradicación de 15 millones de plantas de amapola y casi un millón de marihuana, o la incautación de casi US$2 millones en activos.

Vielmann además se mostró muy impresionado por la rapidez con la que Colombia lograba responder a las solicitudes de extradición. El ex ministro de Gobernación -cuya extradición de España a Guatemala acusado de formar parte de cuerpos ilegales de seguridad estuvo pendiente durante más de un año, antes de que el Ministerio Público renunciara a ella- reconoció que en el país tomaba 48 meses cumplimentar una extradición y que su intención era que se lograra hacerlas un mes en promedio.

Aunque los resultados de este compromiso no impresionaban demasiado a Derham (en su comentario final subrayó que los esfuerzos del gobierno seguían siendo debilitados por una combinación de corrupción, incompetencia e intimidación en el nivel operativo de la policía, los fiscales y los jueces), el embajador declaró que las autoridades estaban conscientes de la amenaza que significaba el narcotráfico y que consideraba que debía atenderse las peticiones.

En 2007, el último del Gobierno de Óscar Berger, Estados Unidos entregó a Guatemala  US$17 millones 786 en cooperación policial y militar, según el portal especializado Just the Facts. En los dos años que siguieron, aunque la ayuda se incrementó en las áreas sociales, en materia de seguridad la cifra menguó hasta poco más de US$6 millones en 2008 y poco más de US$5 en 2009.