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"Vetar la LEPP sería darle un golpe a la democracia”

Reconocemos que aunque las reformas no recogen en su totalidad todo lo que el pueblo hubiera querido, sí es un paso cualitativo y sustantivo en la democratización de la política en Guatemala.
Yo lo que siento es una gran extrañeza por la posición del Presidente. Confío que con las consultas que está planteando, él cambiará de criterio y sancionará la ley. Quizá a él le llegó la noticia de que las reformas no contenían nada que fuera sustantivo para el sistema político.
"Todos esos aspectos deben seguir discutiéndose y perfeccionarse".
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"Vetar la LEPP sería darle un golpe a la democracia”

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El repentino interés de presidente Jimmy Morales por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ha causado "una gran extrañeza" a la magistrada del TSE, María Eugenia Mijangos, debido a que ni él ni la bancada oficial se manifestaron durante el proceso de discusión y aprobación en el Congreso. La magistrada confía en que el mandatario sancione el Decreto 26-2016, de lo contrario, advierte, dará un duro golpe a la democracia y al proceso de reforma del sistema político.

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La abogada Mijangos Martínez es la única mujer con una posición titular dentro de los cinco magistrados que integran el pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Feminista y experta en derecho electoral, ha sido una de las principales promotoras de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), todo el paquete original de cambios para reformular el sistema político de Guatemala, pero principalmente del establecimiento de cuotas de participación política para que las mujeres y los indígenas tengan las mismas oportunidades que los hombres y los ladinos en el ejercicio del derecho universal de elegir y ser electo. Aunque a última hora el Congreso de la República mutiló el proyecto original de reformas a la LEPP, dejando fuera el artículo que concedía los derechos de paridad, la magistrada considera que las modificaciones aprobadas el pasado 19 de abril al Decreto 1-85, “son un primer paso” hacia la evolución de la democratización de los partidos políticos, el fortalecimiento y modernización del sistema político y, sobre todo, una herramienta para fiscalizar el financiamiento privado de los partidos y sus candidatos, distribuir de manera equitativa la propaganda electoral entre todos los competidores, y sancionar a quienes han sabido burlar los agujeros y defectos de la ley aún vigente.

En esta entrevista, Mijangos Martínez sugiere al presidente Jimmy Morales sancionar el Decreto 26-2016, que contiene las reformas a la ley, y abstenerse de “hacerle daño a la democracia” vetando el mismo. Coincide con el mandatario en que las modificaciones aprobadas por el Congreso no recogen todas las exigencias manifestadas por la ciudadanía, pero, el mejor camino para ello, señala, es iniciar de inmediato la discusión de una nueva generación de reformas para “perfeccionar el sistema”, sin echar por la borda lo ya avanzado.

El presidente Jimmy Morales ha convocado a diferentes sectores del país para analizar las reformas a la LEPP aprobadas en abril por el Congreso, y en base a ello decidir si veta o sanciona el decreto para que cobren vigencia. ¿Qué opina el TSE de esa decisión?

Él está dentro de sus derechos como presidente, pero nos ha sorprendido esa posición, porque la bancada de su partido en el Congreso (Frente de Convergencia Nacional), no asumió con interés el proceso de reformas ni las propuestas que sobre éstas presentaron los sectores sociales, y él tampoco se pronunció antes al respecto. Ahora ha convocado a consultas a diversos sectores, analistas y tanques de pensamiento. Yo esperaría que como resultado de éstas decida sancionar la ley.

¿Qué consideraciones debería tomar en cuenta el presidente Morales para decir al respecto?

La última reforma que se le hizo a la LEPP se hizo en 2006, es decir diez años sin poner al día una de las leyes más importantes del sistema democrático. Los anteriores plenos del TSE presentaron propuestas de reforma al Congreso, pero éstas no fueron aprobadas por diversas razones. Esta vez, yo que estuve llegando al Congreso a observar el proceso, vi que hubo una tendencia homogénea de apoyar del proyecto por parte de muchas bancadas. Para nosotros, acometer la construcción de una propuesta de forma fue un reto grande. Cuando asimismo en nuestro período (en 2014) lo primero que tuvimos que enfrentar fue la campaña electoral anticipada. Dimos pasos sustantivos yendo más allá de la interpretación positivista del texto. La ley actual sólo permite sanciones de US$125 (por campaña anticipada) y nosotros, con una interpretación histórica evolutiva y finalista de la ley, impusimos sanciones de hasta US$250 mil. Hicimos el esfuerzo, tratamos de incidir, algo logramos pero no lo suficiente. De ahí el reto de hacer una propuesta de reforma a la LEEP, en la que trabajamos los diez magistrados (titulares y suplentes), tomamos en cuenta la experiencia y las propuestas de todos, de las organizaciones de la sociedad civil, de los tanques de pensamiento, de la Universidad de San Carlos.  Por eso es que defendemos el Decreto 26-2016. Reconocemos que aunque las reformas no recogen en su totalidad todo lo que el pueblo hubiera querido, sí es un paso cualitativo y sustantivo en la democratización de la política en Guatemala.

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¿Aunque en el proceso de aprobación los diputados hayan mutilado el proyecto original?

Sí,  pero también se lograron avances importantes. En primera instancia, se estableció un régimen de fiscalización a los partidos políticos, el cual está contenido en al menos siete artículos. El TSE deberá crear una unidad específica para ello, y ésta podrá pedir información sobre los partidos y los candidatos a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Administración Tributaria, a la Contraloría General de Cuentas, entre otras. En cualquier momento se les podrá auditar a los partidos, y los Secretarios Generales de éstos deberán asumir la responsabilidad del manejo de los recursos; además, se acaba con la secretividad respecto al origen de los fondos; se prohíben aportes directos para los candidatos, sólo se permitirán aportes de instituciones. El otro avance importante, es el establecimiento de un régimen de medios de comunicación. El TSE creará una unidad especializada que se encargará de distribuir de manera equitativa los espacios y tiempos en los medios de comunicación para la compaña electoral, con lo cual se logrará democratizar la comunicación para que todos los partidos, grandes y pequeños, puedan informar sobre sus propuestas políticas a la ciudadanía. Se establece prohibición, tanto a los partidos y candidatos como a los medios, de contratar espacios de propaganda electoral. Es un cambio importante que quizá las empresas de medios no ven con mucha simpatía, porque incluso será el TSE el que establezca las tarifas, y el que se encargue de pagarles, pero es algo necesario. En el sistema político actual, los principales lastres son el clientelismo, y la forma en que se establecen las relaciones entre los partidos y los medios de comunicación. El tercer elemento, es el régimen de sanciones. Se fortalece al TSE con multas acordes a las faltas; se sancionan prácticas como la promoción de personas antes de las elecciones, así como la promoción de candidatos por medio de asociaciones u otros grupos, solo podrán hacerlo por medio de los partidos. También se establecen con claridad las razones y motivos para cancelar partidos.

¿Qué aspectos importantes de la iniciativa original quedaron fuera?

Algunos puntos quedaron fuera por decisión de la Corte de Constitucionalidad, no por el Congreso. Otros, como el artículo 212, el que establecía la paridad política para mujeres y pueblos indígenas, quedo fuera por disposición de los diputados. Yo me identifico con esto porque vengo de las organizaciones de mujeres, pero vea que madurez la que han asumido estas agrupaciones, que públicamente han manifestado su apoyo a las reformas, a pesar de que la paridad no fue aprobada. En un país como el nuestro, con un sistema político tan débil, no podemos pretender que en una sola reforma se incluyan todos los cambios que se necesitan. Además, es importante destacar que se incluyó un artículo que obliga al mismo Congreso a revisar la LEPP después de cada proceso electoral, para impulsar las reformas que se consideren necesarias, con el fin de perfeccionar el sistema democrático.

¿Cuándo sería el momento oportuno para iniciar la discusión de una tercera generación de reformas de la LEPP?

Desde ya. Todo es perfectible. Nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Pero para ello es importante apoyar el salto cualitativo que se dio con lo ya aprobado. Hay muchos aspectos que se incluyeron en esta reforma que se deben mejorar. Por ejemplo, el voto nulo vinculante o el voto en el extranjero. Todos esos aspectos deben seguir discutiéndose y perfeccionarse. Otros puntos, como la no reelección de diputados o la posibilidad de que los comités cívicos presenten candidatos a diputados, fue la Corte de Constitucionalidad la que dijo que no.   

Uno de los argumentos del presidente Morales para vetar las reformas, es que el número de diputados al Congreso, en lugar de reducirse como lo exigían los manifestantes el año pasado, se incrementó…

Eso es algo que se está tergiversando, y no se está valorando en su justa dimensión. Actualmente el número de diputados, 158, está de acuerdo al censo de población. Y en la reforma, el Congreso lo subió a 160, es decir dos diputados más, pero fijos. Se cambió el sistema actual, lo cual implica que ese número no crecerá cuando haya un nuevo censo.

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Alguien como el Presidente, que tiene un enorme equipo de asesores, debería de entender eso, ¿no?

¿Qué le puedo decir? Yo lo que siento es una gran extrañeza por la posición del Presidente. Confío que con las consultas que está planteando, él cambiará de criterio y sancionará la ley. Quizá a él le llegó la noticia de que las reformas no contenían nada que fuera sustantivo para el sistema político.

¿Ve en la posición del Presidente, la defensa de los intereses de las grandes corporaciones de medios de comunicación?

No me atrevería a asegurar tal cosa. Insisto en que es una posición extraña, porque antes no había manifestado interés por esto.

Si el Presidente veta las reformas, las elecciones de 2019 se harían con la ley actual…

Ese sería el peor de los escenarios. Seguiríamos en las mismas.

Pero existe la posibilidad de que el veto obligue a un nuevo proceso de discusión, consenso, consulta constitucional y aprobación en el Congreso…

La complejidad de intereses de los diferentes grupos de este país, de los partidos, de los sectores, no permitiría la aprobación en tiempo de nuevas reformas. Eso dañaría la democracia. Sería lastimoso perder todo el esfuerzo que se ha hecho.

¿Cuánto daño le haría el veto a la democracia?

Sería un golpe a un proceso evolutivo que todos quisiéramos que caminara más rápido, pero que ya está visto que en las actuales condiciones tienen que ser gradual. Sería un golpe a la democracia. Hay que leer detenidamente las reformas para ver que sí tiene avances importantes.

¿Qué debe hacer el Presidente?

Sancionar el Decreto 26-2016.

¿Y si no lo hace?

El TSE tendría que seguir en la lucha junto a las organizaciones sociales. Yo confío en que el Presidente lo hará (sancione la ley), y que tomará la mejor decisión para el país.

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