Como mafia que son, se manejan con impunidad y descaro, apelando a todo método para conseguir sus fines. Guatemala vive actualmente bajo un narco-Estado delincuencial, donde el empresariado local y transnacional sigue haciendo sus negocios, con un gobierno títere que no garantiza los satisfactores básicos mínimos que establece la Constitución.
La proclamada institucionalidad ya ni siquiera sirve como pantalla: palabras como «democracia» y «derechos humanos» son absolutamente vanas. Si bien no existe una feroz y sangrienta represión del campo popular como sucedía años atrás durante la guerra civil, la agresión de la clase dominante sobre la clase trabajadora, las comunidades y los pueblos continúa. La poca confianza que en algún momento hubo en algunas de las instituciones del Estado, se perdió completamente debido a la cooptación que las mafias han logrado de los tres poderes. Aunque no está de más recordar que la represión selectiva continúa: sistemáticamente son asesinados o encarcelados líderes comunitarios y sindicalistas que levantan la voz contra los atropellos de quienes intentan aplastar la protesta popular o negar la organización comunitaria y sindical, todo con el silencio cómplice del gobierno y de la prensa.
Si quedaba algún espacio resguardado de esa corrupción e impunidad, la derecha conservadora se está encargando de cerrarlo. Se vio recientemente con la fraudulenta elección de rector de la Universidad de San Carlos, dejando a un lado la supuesta autonomía universitaria, intentando convertir esa casa de estudios, única universidad pública del país, en un apéndice más de las mafias dominantes. Lo vemos también en los continuados esfuerzos por desacreditar, entorpecer e intentar destituir el funcionamiento del Procurador de Derechos Humanos.
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Pero más aún lo vemos con la repulsiva vendetta que esa derecha se está tomando contra ciertos operadores de justicia. Una vez que se fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, ese Pacto de Corruptos se sintió dominador absoluto de la escena. Lentamente comenzó la venganza contra todos aquellos funcionarios probos que habían impulsado investigaciones contra las mafias. La fiscal general y jefa del Ministerio Público Thelma Aldana, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público Juan Francisco Sandoval, la jueza Erika Aifán, miembros de la ahora desaparecida CICIG, en estos momentos el juez Miguel Ángel Gálvez, todas y todos ellos son víctimas de la persecución, aduciéndose cualquier excusa o invención de casos para buscar enjuiciarlos. En realidad, no es justicia alguna: es decididamente una vendetta, venganza política contra quienes «osaron» mandar a la cárcel a empresarios, militares y políticos corruptos.
Todo esto demuestra que en Guatemala ni siquiera puede cumplirse a cabalidad el cacareado estado de derecho dentro de los marcos capitalistas. Es decir: estamos viviendo una virtual dictadura de un grupo delincuencial que se siente dueño y señor del país. El alto empresariado respira tranquilo con este gobierno, porque le garantiza la más completa impunidad para continuar explotando y acumulando capital, y la narco-economía (que representa hasta un 10 % del PBI nacional) se siente segura, intocable, eufórica.
Por todo ello, la única manera de detener estas injusticias que ni siquiera pueden mantener la fachada de un Estado capitalista medianamente funcional, es la movilización. Hoy, si bien las condiciones objetivas lo reclaman, no están creadas las condiciones subjetivas para una masiva movilización popular que detenga estas tropelías. Es sabido que la corrupción es un efecto del sistema, y no la causa última de las penurias que sufren las grandes mayorías. De todos modos, denunciar con la mayor fuerza la corrupción y la impunidad que se han ido enquistando en el Estado es, hoy por hoy, una tarea vital. Una publicación como la presente que levanta la voz y denuncia sin pelos en la lengua estas arbitrariedades, es un instrumento de cambio fenomenal. Hagamos circular estas denuncias.
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