El mejoramiento debe ser simultáneo para estas dimensiones, debe ser sistémico, no sectorial.
El espíritu y las orientaciones operativas de este planteamiento son compatibles con la “Propuesta de abordaje del desarrollo rural integral” recientemente presentada por las Universidad de San Carlos y Rafael Landívar a través de sus centros de investigación especializados en la materia. Del planteamiento, deseo enfatizar en cinco aspectos.
Primero, la pobreza y la desnutrición infantil son males esencialmente concentrados en el área rural. Al menos el 70% del total de pobres están ahí y al menos la mitad de los niños rurales padecen desnutrición crónica. Madres desnutridas, inevitablemente, darán a luz niños con retardo de crecimiento intrauterino, ensanchando la proporción de la población infantil que sufre retardo en el crecimiento postnatal y desnutrición severa. El riesgo a morir, a vivir expuestos a múltiples enfermedades, a una esperanza de vida mermada o a un desempeño limitado de la ciudadanía, son las secuelas de esta condición.
Segundo, pretender resolver una situación de tanta envergadura y de tanta significancia humana como esta, solo con ayuda alimentaria ocasional o con un eventual derrame de la economía, equivale a una tentativa que raya en la demagogia y en la inmoralidad. La propuesta de las Universidades plantea la necesidad de ofrecer de manera directa, una “plataforma económica” que permita a más de un millón de familias rurales asegurar una dotación anual de granos básicos para solventar sus necesidades alimentarias fundamentales. Esta plataforma estaría representada por lo que en el mundo se conoce como “economía campesina” dos de cuyos rasgos esenciales, entre otros, son la producción de alimentos y el uso intensivo de la mano de obra familiar. La diversificación de esos sistemas familiares –a través de sistemas agroforestales variados, incluyendo los huertos caseros–; la venta de excedentes de producción y el uso eficiente de los bienes naturales –agua, tierra, biodiversidad, energía– son factores que están ligados al grado de desarrollo que esa economía va alcanzando progresivamente y que permitiría transitar hacia esquemas alimentarios y nutritivos más integrales.
Tercero, revitalizar la economía campesina requiere de condiciones que hoy no existen y que deben ser provistas por el Estado bajo el mandato constitucional del “bien común”. Sobre la base de un sistema funcional de instituciones públicas, el gobierno –central departamental y municipal– debería proveer, al menos, acceso a recursos financieros –quién puede tener éxito sin éstos–; asistencia técnica para optimizar las cosechas; apoyo a la organización para la obtención de insumos, la producción y la comercialización de excedentes; y provisión de caminos rurales. Numerosos estudios econométricos en los que se relaciona el desarrollo agrícola con diversas variables, muestran consistentemente el papel preponderante que juegan los caminos rurales, situándose cercanamente al papel de la inversión en investigación agrícola. Estudios de Iarna/URL muestran que unidades productivas que están ubicadas más allá de 2.5 kilómetros de una carretera transitable son inviables cuando se trata de vender excedentes. El impulso de estas condiciones, diferenciadas en función de territorios particulares, debe ser susceptible de programación para dimensionar las inversiones requeridas y las fases de ejecución. Nuevamente la propuesta de mejoramiento de caminos rurales para el Altiplano Occidental, formulada por Iarna/URL es un buen ejemplo.
Cuarto, la propuesta plantea la necesidad de cultivar e impulsar simultánea y sinérgicamente las intersecciones entre este modelo de producción con el “modelo empresarial”, esbozado en el seno del reciente Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE. El concepto de intersecciones se refiere a la existencia objetiva de elementos que son comunes a ambos modelos de producción y que, teóricamente, impulsaría a ambos. Algunas de estas intersecciones son, por ejemplo, la competitividad impulsada de manera sistémica, no de manera selectiva: una competitividad nacional, no una competitividad empresarial. Las condiciones mencionadas en el punto anterior abonan a este enfoque. Otro elemento se refiere a la participación gubernamental de manera diferenciada. Un rol promotor para la economía campesina de subsistencia a fin de impulsarla hacia niveles excedentarios, un rol subsidiario para los productores excedentarios y un rol facilitador y regulador para grandes productores.
Quinto, la dimensión económica, promovida a través de la “economía campesina” deberá ser complementada por acciones de política pública en las dimensiones social y ambiental. En el primer caso, priorizando servicios de salud y educación. Las escuelas deberían convertirse en centros de excelencia para la formación, la nutrición, el deporte y las artes. En el segundo caso, priorizando la gestión del riesgo a desastres, del agua y de los bosques. Si vamos a asumir más deuda que sea para tentativas de alto alcance, de largo plazo y capaces de modificar radicalmente nuestra realidad y poner el desarrollo al alcance de todos.
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