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US$24.5 millones de soborno en efectivo

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US$24.5 millones de soborno en efectivo

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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) propinaron este viernes 15 de abril, un nuevo golpe a la supuesta estructura criminal que bajo el mando del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, saqueó las arcas nacionales durante el gobierno del Partido Patriota. Gracias a las delaciones de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, los investigadores armaron las piezas un tramado de corrupción iniciado en los primeros meses de la administración de Pérez Molina, en 2012. Se trata del fraudulento usufructo del Puerto Quetzal, que por 25 años el Gobierno otorgó a favor de la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona, subsidiaria de la Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), por el que esta compañía habría pactado pagar a funcionarios y particulares, sobornos por US$24.5 millones en efectivo entre 2012 y 2016. Según la CICIG, en los primeros tres años, la empresa habría entregado a los funcionarios unos US$12 millones en efectivo, de los cuales US$8 millones habrían correspondido a Pérez Molina y Baldetti, la mitad a cada uno.

“Otto Pérez Molina utilizó su cargo para facilitar un negocio por el que obtendría un beneficio económico directo, en detrimento de los intereses de la nación”, aseguró Iván Velásquez, durante una conferencia de prensa ofrecida junto a la fiscal general, Thelma Aldana, en la sede del MP, en la cual dieron a conocer los pormenores del caso. Además de Pérez Molina, Baldetti y Monzón, que desde el año pasado guardan prisión por el caso de defraudación aduanera “La Línea”, por este nuevo hecho fueron capturados Julio Sandoval, exinterventor del Puerto Quetzal; el yerno y exsecretario del exmandatario, Gustavo Martínez, así como el español Juan José Suárez, personero de TCQ; Jonathan Chevez, supuesto testaferro de los exgobernantes; y los directivos del sindicato de la Portuaria Quetzal,  Julio Esquivel, Lázaro Reyes y Julio Zamora. Las autoridades emitieron órdenes de captura internacional en contra de otras cinco personas supuestamente implicadas en este caso, que se encuentran en el extranjero. Además, solicitaron retirar la inmunidad al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal Ramos, a quien señalan de haber recibido sobornos de parte de la estructura criminal para favorecer la fraudulenta negociación.

El anuncio de este nuevo caso de corrupción, se produjo un día antes de que se cumpliera el primer año del destape del caso “La Línea”, el cual les costó los cargos a Baldetti y Pérez Molina, y los envió a prisión junto a medio centenar de personas, entre funcionarios públicos, empresarios y particulares.

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