Hoy, luego de la clara y abierta denuncia que la Cicig y el MP han presentado contra dos exministros de la Defensa de ese gobierno, las razones de aquel comportamiento quedaron un poco claras: nadie en el Ejército se movió ni en favor ni en contra de Pérez Molina porque no hubo suficiente pago y los altos mandos prefirieron sacrificar al jefe de una cuadrilla para que las demás lograran subsistir. En el Ejército, como en el Congreso y en los partidos políticos, la corrupción campea y flota porque así se han beneficiado los negociantes y los libres mercaderes.
El Ejército, con sus tres fuerzas, es inherente a toda estructura de Estado bajo el supuesto de que resulta indispensable para la vigilancia y la protección de las fronteras. Sus funciones básicas están debidamente delimitadas en la Constitución de la República, y en ninguna de ellas se lo exime de los controles administrativos y contables que todas las instituciones del Estado deben tener.
Sin embargo, bajo el supuesto de la seguridad nacional, es el más opaco de todos los entes públicos, lo que hace que el enriquecimiento ilícito de sus altos mandos sea constante y evidente. Todos los regímenes militares de nuestra historia moderna han estado manchados por la corrupción abierta de sus miembros. De Ydígoras Fuentes a Pérez Molina, pasando por Arana Osorio y sus seguidores. El pretexto del conflicto interno fue cínicamente usado para el enriquecimiento ilícito de los altos mandos. Si por un lado ahora nos dicen que la guerrilla era escasa, escuálida y poco equipada, los presuntos militares heroicos que la combatieron exigieron erogaciones gigantescas para supuestamente enfrentarla. Sin batallas significativas, el sinnúmero de víctimas civiles da cuenta del ensañamiento de los oficiales a cargo. Todo funcionó en la oscuridad y en el anonimato, pero con erogaciones de recursos de las que nunca se ofrecieron cuentas públicas. Los empresarios de aquel entonces se dejaron extorsionar y hasta participaron en las acciones militares bajo el supuesto de que así salvaban al país del comunismo. Es evidente que muchos de ellos, como ahora también se ha demostrado, eran parte beneficiada de los negocios turbios de la alta oficialidad.
Si hasta hace 20 años el negocio militar era la supuesta agresión comunista, ahora se invoca al Ejército para acciones de bacheo, de vigilancia armada en calles y avenidas, de manufactura de pupitres y cualquier menester en el cual, al no mostrarse transparentes, pueden jefes y subalternos quedarse con la mano untada. Pérez Molina no quiso adquirir aviones cuya compra ya estaba contratada porque, como lo anotamos en su momento, la comisión que exigía no podía ser cubierta por el vendedor. Pero adquirieron radares para aviones inexistentes. Municiones y armamento desaparecen de los cuarteles sin mayor explicación, y uno que otro alto mando cae de helicópteros en situaciones poco claras y nada investigadas.
Especializar al Ejército en sus tareas de vigilancia y protección fronteriza es indispensable no solo porque su intromisión impide que otras instituciones se desarrollen, de modo que hacen más oneroso su funcionamiento, sino también porque el mismo Ejército, al vincularse a otras tareas, pierde su sentido institucional. Las fuerzas de tarea asociadas a la Policía hicieron más caros los patrullajes, sin por ello inhibir la violencia urbana, mucho menos las extorsiones. Si bien la PNC tiene sus defectos y malformaciones, estas no se resuelven poniendo soldados junto a policías. Si la reforma policial debe ser profunda, inmediata y urgente, la reforma del Ejército también. Si el Cuerpo de Ingenieros del Ejército es tan admirable que hasta monumentos se autoerige y devela con solemne presencia presidencial, lo lógico es que esa experiencia se traslade a la Dirección General de Caminos y que sean instancias civiles las que ejecuten las obras, pues una cosa es la ingeniería de caminos para el Ejército y otra, muy diferente, la civil.
La detención de dos exministros de la Defensa acusados de crímenes asociados a la corrupción debe encender las alertas en todos los ámbitos sociales: un Ejército corrupto es mucho más nefasto que cualquier otra instancia pública porque de ellos depende la seguridad de toda la nación. Que muchos, muchísimos exoficiales estén involucrados en las distintas causas penales por cohecho debe hacer pensar seriamente sobre la formación ética y política que a los oficiales se les esté inculcando. Orar en todos los actos públicos no es el camino. Ya el riosmonttismo demostró que la histeria moralista no es más que una forma de esconder delitos y triquiñuelas de las más nefastas.
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