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Una sentencia y 87 casos en investigación contra la guerrilla
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Una sentencia y 87 casos en investigación contra la guerrilla

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Al igual que las fuerzas de seguridad del Estado, aunque en menor proporción, la insurgencia también cometió violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno que, hasta ahora, siguen impunes. A pesar de que el Ministerio Público (MP) tiene varios expedientes abiertos desde hace años, con señalamientos directos a integrantes de la guerrilla, solo uno ha sido presentado ante los tribunales.

Si se juzgan los resultados a través de las cifras, la unidad del MP que conoce los Delitos Cometidos por Grupos no Estatales durante el Conflicto Armado Interno, se merece una calificación deficiente. Desde que fue creada, en 2011, esta unidad solo ha presentado un caso a los Tribunales, el cual terminó en sentencia condenatoria. Pero tiene 87 expedientes más con la perenne etiqueta “en investigación”. Aunque lo obvio permite armar conclusiones, hay una historia más allá de los números para explicar por qué no avanzan los casos contra la guerrilla.

El MP argumenta una serie de dificultades que le impiden avanzar: a diferencia del Ejército, las organizaciones no estatales (guerrilleras) eran grupos irregulares que funcionaban en la clandestinidad y no dejaron pistas de las directrices con las que funcionaban ni los nombres reales de sus integrantes. Los fiscales aseguran que no cuentan con peritos independientes que colaboren con informes, y que tampoco tienen el apoyo de las víctimas, de los líderes guerrilleros que han entrevistado, o del Ejército, para reconstruir la historia.

Pero eso no ocurre en todos los casos. Hay denuncias en donde los familiares de personas ejecutadas por grupos guerrilleros han impulsado la investigación por años. En los que hay testigos y documentos que detallan cómo ocurrieron los crímenes y que confirman la participación de los líderes guerrilleros en las muertes. Esas también están detenidas y la justificación oficial no pasa de puros trámites burocráticos.

La oficina del MP contra la guerrila

En el tercer nivel de la sede central del MP, en el Barrio Gerona en la zona 1 de la capital, funciona la unidad que investiga los Delitos Cometidos por Grupos no Estatales (exclusivamente organizaciones guerrilleras). A esta también se le conoce como la agencia cinco de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno (Ucai) de la Fiscalía de Derechos Humanos. Las otras cuatro agencias de la Ucai se encargan de las denuncias en contra de órganos estatales (militares, policías, funcionarios de gobierno) y están ubicadas en otras instalaciones.

Erick De León, jefe de la Ucai, señala que la proporción de unidades y de personal asignado para investigar los hechos atribuidos a grupos estatales, versus los que conocen procesos contra insurgentes (4 unidades para los estatales y uno para los guerrilleros), se estableció con base en la cantidad de denuncias que ingresan. Las primeras cuatro agencias de la Ucai suman casi cuatro mil expedientes de violaciones a los derechos humanos. Cada una de estas agencias cuenta con un agente y tres auxiliares fiscales, solo una de ellas tiene un auxiliar más. La que ve las denuncias contra la guerrilla tiene 87 expedientes, un agente y dos auxiliares fiscales.

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La cantidad de denuncias que ha recibido la Ucai es apenas comparable con el número de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto. El informe Memoria del Silencio, publicado en 1999 por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) –un proyecto que nació como parte de los acuerdos de paz y que en sus conclusiones afirmó que hubo genocidio hacia la población maya– estima que hubo por lo menos 160 mil ejecuciones y 40 mil desaparecidos, además de otros cientos de torturas, privaciones de libertad y violaciones sexuales. Hechos que en su mayoría son atribuidos al Ejército. A la guerrilla le asignan el 3% de las violaciones.

Aunque el informe es extenso, quedó limitado, porque no fue posible documentar todos los casos. La dirigencia de la guerrilla, por ejemplo, asumió varios hechos, pero se desconoce si fueron todos los que cometió. Entre los que aparecen publicados hay tres atribuibles al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP): el asesinato de Guillermo Monzón, el primer comisionado militar en Ixcán, 1975; la masacre de Chacalté, en San Gaspar Chajul, Quiché, en donde fueron ejecutadas 55 personas, entre ancianos, hombres, mujeres y niños civiles y desarmados. El fusilamiento de integrantes del EGP en Nicaragua, acusados de traición, así como secuestros de diplomáticos, funcionarios y empresarios o sus familiares por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) o la Organización del Pueblo en Armas (Orpa). Estas tres agrupaciones, más el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) formaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que se convirtió en partido político después de la firma de la paz.

La oficina que ve los casos contra la guerrilla fue creada en 2011, luego de que Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), denunció a 26 supuestos exlíderes guerrilleros por su secuestro en 1982. Su acción fue una exigencia pública para que el MP igualara la persecución a estos grupos con la que dirigía en contra de militares, luego de la sentencia a un grupo de kaibiles por la masacre de Las Dos Erres.

Desde entonces Mendez Ruiz y su fundación se han convertido en voceros de los militares, en los principales detractores del MP y la CICIG y de que se juzgen casos relacionados con el Ejército.  En 2013 un grupo de 50 personas, miembros de organizaciones sociales denunciaron ante el Procurador de Derechos Humanos a la FCT por una serie de publicaciones en las que decían se sentían amenazados. La oficina del PDH resolvió que las publicaciones eran “insidiosas y agresivas” y sancionó a la fundación por utilizar un “discurso de odio que pretende degradar, intimidar y promover prejuicios”.

Otra sombra sobre la FCT es la captura, el año pasado, de Moisés Galindo, abogado de la fundación, acusado de participar en una red de corrupción en presidios, en el caso denominado Caja de Pandora.

El expediente de Méndez Ruiz inauguró la oficina fiscal, seis años después no ha visto la luz en tribunales.

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En contraste con el ambiente general en las instalaciones del MP, en la agencia que lleva los casos contra la guerrilla hay silencio. No hay filas de personas que busquen ser atendidas, no suenan los teléfonos con insistencia, ni hay legajos de papeles desordenados sobre las mesas.

Benito Herrera, que perseguía crímenes contra periodistas hasta inicios de 2017, asumió como jefe de esta agencia en febrero del año pasado. Su nombramiento ocurrió luego de una obligada reestructuración en la fiscalía, a partir de la destitución del exjefe Orlando López. En una hoja de papel, con unas pocas anotaciones a mano, Herrera tiene el reporte de su unidad en lo que va de su gestión.

Uno de sus auxiliares está a cargo de 43 expedientes y el otro tiene 44. “Solo uno de ellos tiene uno (caso) con más de dos mil hechos” explica, para ilustrar las complejidades de las denuncias que tiene bajo su responsabilidad.

Herrera es reservado con los datos, no proporciona detalles de las denuncias, ni de las pesquisas que ha requerido. Tampoco cita cuál fue la directriz que le dieron al asumir este puesto de trabajo.

Resume que el despido de López condujo a una serie de movimientos en la fiscalía de Derechos Humanos. La persona a la que sustituyó fue trasladada a otra área de la misma fiscalía, pero después de un tiempo pidió un nuevo cambio y ahora está en la fiscalía Contra el Crimen Organizado.

Lo único que sí detalla Herrera es que, desde que llegó, no ha parado de leer documentos y de revisar archivos. Suena agobiado cuando explica que “las denuncias que ponen son muy generales”. Por ejemplo, antes del juicio por genocidio, a finales de 2011, Michael Plocharski presentó una querella en contra de 50 personas, por hechos cometidos durante el conflicto armado. En su denuncia señalaba a personas fallecidas y a otros que eran menores de edad cuando ocurrieron los actos denunciados.

Por aparte, Ricardo Méndez Ruiz denunció a la cúpula de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) por su secuestro, cuando “los hechos denunciados son de grupos individuales”, refiere. El plagio es atribuido por el mismo Méndez Ruiz al PGT y al EGP.

Otras denuncias asesoradas por la FCT llevan el mismo modelo. Abarcan varios hechos y señalan como responsables a la vieja cúpula de la URNG. Sin embargo, la queja constante es que no individualizan acusaciones ni aportan pruebas.

Méndez Ruiz explica que su intención con esa forma de plantear su caso es que el MP aplique el mismo modelo de persecución que ha usado en los casos contra el Ejército, en donde se ha procesado a los altos jefes bajo el supuesto de haber ordenado y dirigido las masacres en contra de población civil. “Por igualdad procesal debería seguirse la cadena de mando contra la guerrilla”, asegura.

Sin hablar específicamente de este caso, el fiscal Herrera asegura que ir contra los líderes guerrilleros “es la línea que tenemos”. Adiciona, “porque eran los que dirigían y organizaban, aunque a la hora de operativizar tenían un encargado que era el último que ejecutaba”.

Aunque algunos de los líderes guerrilleros ya fallecieron, todavía hay a quiénes pedirles cuentas, explica Herrera. Lo que no se sabe es cuándo van a iniciar esa persecución penal ni contra quiénes.

Hay todavía muy poca información sobre la forma de trabajar de la guerrilla. Y eso es una debilidad para la investigación. Si los fiscales presentan un caso poco sustentado, pueden perder en la primera fase. Los fiscales saben que caminan sobre territorio delicado, como si lo hicieran sobre una capa de hielo que puede quebrarse. Eso también los ha inmovilizado.

Méndez Ruiz, uno de los más férreos opositores a la judicialización de militares, es crítico con el MP porque su caso no avanza, pero también porque no han podido emprender investigaciones por hechos que han sido ampliamente documentados en los medios de comunicación. Como el de la bomba que explotó el 5 de septiembre de 1980 en el parque central de la capital. Un acto que asumió el EGP, pero que no tenía un expediente abierto. Méndez Ruiz presentó una querella sustentada en una nota de prensa que ofrece la explicación de un exintegrante de la organización.

“Eso no es suficiente para conducir un proceso penal”, se queja Herrera. La justificación del fiscal es que hacen falta testigos y documentos que respalden las denuncias. Incluso, peritos independientes que puedan presentar un análisis profundo de cómo funcionaba y operaba la guerrilla y que puedan explicar el contexto histórico que se vivía en aquellos años.

El fiscal Herrera dice que los testigos no se aparecen en su oficina “por falta de confianza” en el sistema de justicia. En el caso de los guerrilleros del EGP fusilados en Nicaragua en 1982, hay un testigo en México y otro en Oceanía que estuvieron en comunicación telefónica con la unidad fiscal, pero que con el paso del tiempo dejaron de responder a las preguntas.

Más que falta de colaboración, en este caso hubo un tropiezo administrativo. El MP no pudo visitar a los testigos en el país en donde residen para tomar la declaración, porque no fue autorizado el viaje. Tampoco se facilitó otro método para obtener el testimonio. El caso sigue en el limbo y no se sabe si los testigos querrán retomar conversaciones con los fiscales.

 

El caso de Guisela y otros cinco tachados como traidores

La historia de los seis guerrilleros del EGP que fueron fusilados en Nicaragua en 1982 aparece documentada como el caso ilustrativo número 20 en el informe Memoria del Silencio de la CEH. Fue catalogada como una ejecución extrajudicial, con responsabilidad para la dirigencia de la agrupación.   

Guisela Irasema López, Aída Marilú Castillo Estrada y Eugenio Contreras fueron ejecutados “por supuesta infiltración”. Carlos Ranferí Morales López, primo hermano de Guisela y Ligia de Contreras, esposa de Eugenio, fueron asesinados por investigar lo que había ocurrido con sus familiares. Un joven más, no identificado, murió junto a ellos. La CEH obtuvo declaraciones de integrantes del EGP que, bajo reserva de su identidad, reportaron fechas y cómo ocurrieron los crímenes.

Los cuerpos de los seis muchachos quedaron en Nicaragua; a pesar de la insistencia de la familia, el EGP nunca reveló la ubicación de los restos.

Guisela, Aída y Eugenio fueron capturados por las fuerzas estatales, pero lograron escapar. Al estar en libertad, volvieron a contactar con el EGP, que les facilitó su traslado hacia Nicaragua, en donde se resguardaban los integrantes del grupo. Ahí, en una casa de la comunidad de Casares, en el departamento de Carazo, en las cercanías del océano Pacífico, escribieron un informe de 90 páginas que fue entregado a la Dirección Nacional del EGP, en el cual contaron lo que sucedió en los días que estuvieron retenidos por el Ejército. Pero no les creyeron. El EGP sentía al enemigo en su propia casa. Tenía certeza sobre infiltrados que habían sido “ganados” por el Ejército y eso dejaba al descubierto sus reductos y las identidades de sus integrantes. Así que decidieron fusilarlas.

El EGP enterró el secreto y los cuerpos en Nicaragua. Dos años después, una dirigente se reunió con la madre de Gisela en México, para comunicarle el final que tuvo su hija. “Soy … de la Dirección Nacional y vengo a notificarte lo siguiente: sobre el caso de ‘Beatriz’, a ella se le juzgó y se le encontró culpable de entregar recursos de la organización y se le fusiló por órdenes de la Comisión Ejecutiva del EGP”, le dijo. Beatriz era el seudónimo que utilizaba la joven. Beatriz tenía 20 años. 

Un líder del grupo que colaboró con la CEH justificó así los fusilamientos: “El aparato no destruye, ni tortura, ni retiene a todos los que captura, a algunos los deja ir. Los suelta revueltos, deja ir a traidores, infiltrados o personas que ya no le son útiles. Este método sirve para ocultar a sus agentes y crear confusión, porque cómo se puede saber quién fue el traidor, quién el infiltrado y quién permaneció fiel. De esa forma siempre permanece la zozobra y además es posible cometer errores e injusticias”.

En un campo pagado publicado en ElPeriódico, el 23 de febrero de 1998, la URNG admitió las ejecuciones. Iinformó que Guisela Irasema López y Carlos Ranferí Morales “perecieron víctimas de prácticas y procedimientos indebidos e injustos”.

Nunca se comprobó que fueran infiltrados. La duda del EGP pudo más y los mató.

La madre de Gisela Irasema López ha sido la principal impulsora de la denuncia, incluso ha contactado a los testigos. Ella y la familia han señalado a Yolanda Colom, Gustavo Meoño, Gustavo Porras, Julio Barrios y Enrique Corral Alonso como los responsables. Corral Alonso falleció el 3 de marzo último.

Aunque la historia de lo sucedido con Gisela y los otros cinco jóvenes guerrilleros está documentado en el informe de la CEH, al MP solo le sirve como referencia, porque las declaraciones de los testigos fueron anónimas.

La jefa adjunta de la Fiscalía de Derechos Humanos, Sonia Montes, dijo que no tenía información actualizada del caso ni recordaba haber escuchado del viaje frustrado para contactar a un testigo. “Tengo que hacer una investigación, voy a pedir información y pediré que se diligencie de nuevo y de inmediato. De repente le faltó cumplir con algún requisito y por eso no se le autorizó el viaje, porque en lo administrativo y por ser cuestiones monetarias, si no se hace bien el requerimiento no lo aceptan”, explicó.  

La burocracia, infaltable en una institución pública, ha impedido que el MP tenga contacto personalizado con los testigos. La fiscal Montes sugiere que se usen otros mecanismos, como una video conferencia para recoger el testimonio como prueba anticipada. Eso les ahorraría el viaje a los fiscales o a los testigos. El procedimiento suena fácil, pero tendría que contar con autorización de juez aquí y asistencia judicial en el país en donde se encuentra el testigo.

Otros casos

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que ha  acompañado varias causas en donde los acusados han sido integrantes de órganos estatales, ha asesorado dos casos contra la guerrilla. El primero fue el de la muerte de 21 campesinos en El Aguacate, San Andrés Itzapa, Chimaltenango. En este proceso se consiguió una sentencia de 90 años de prisión en contra de Fermín Felipe Solano, alias Teniente David. El segundo es el de un joven cadete asesinado durante un viaje a Quiché. Carlos Juárez, abogado de esta institución, explica que decidieron atender estas denuncias a petición de los familiares porque “aunque no sean en la misma proporción, las violaciones a derechos humanos fueron de ambos bandos… y el dolor es el mismo en los dos bandos”.

Juárez dice que la justicia de estos hechos también suma a la reconciliación. Sin embargo, la realidad es que el camino a esa reconciliación está lejos. Los delitos de la guerrilla apenas presentan avances en el ámbito penal. En el caso del cadete, los avances son “incipientes” refiere Juárez, al igual que en muchos otros que se conocen en el MP.

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Méndez Ruiz, el más crítico del trabajo del MP en estos casos, dirige su inquina a las autoridades de la institución y no a los agentes fiscales. “Percibo que hay voluntad de trabajar (en la unidad que ahora dirige Herrera), pero se topan con un muro. Desde la administración de la Fiscal (Claudia) Paz y Paz y con la de Thelma Aldana no ha variado. Siguen en precariedad, no tienen vehículos ni seguridad”, insiste.

Juárez, el abogado del GAM, es más concreto en su análisis. Las cosas no avanzan en la unidad fiscal por una combinación de elementos: hace falta personal, soporte económico, los fiscales no han tenido la misma cantidad de apoyo, en comparación con los otros casos del conflicto armado y se enfrentan a una carencia de fuentes de información.

“Hay que entender la dificultad a la que se enfrentan los investigadores. Hay carencia de recursos humanos pero también carencias para investigar. La clandestinidad era una de las bases del trabajo de la guerrilla y eso elimina los caminos para rastrear documentos. Eso se lo dejamos claro a las personas con las que hemos tratado (denunciantes). Les decimos que hay que tener mucha paciencia y tratar de colaborar lo más que se pueda”, dice el abogado.

De su experiencia, cuenta que hay personas que no quieren declarar después de tantos años de silencio, o porque vivieron engañados por los órganos del Estado que les aseguraron que iban a ayudarles a buscar justicia. Otros dudan, porque no han visto que otros casos similares a los suyos progresen.

Una violación y dos asesinatos

Teresa Marcos, una mujer ixil de Santa María Nebaj, denunció en 2012 con apoyo de la FCT, el asesinato de Pedro Marcos y Jorge Marcos Bernal; su padre y hermano, el 19 de junio de 1982.

Ella conoció a la FCT cuando asistió a una manifestación en rechazo a la persecución penal en contra de militares. Sintió afinidad, cuenta, porque sus familiares fueron ajusticiados por el EGP y a ellos no se les ha juzgado. En la querella que presentó, relata que fue violada cuando tenía 12 años por miembros del EGP que la capturaron en su casa y la llevaron a la montaña. Tres meses después, su padre y hermano de 10 años, así como otros campesinos, fueron emboscados y fusilados por un grupo del EGP.

Teresa Marcos tiene 46 años, se dedica a las ventas, es madre, ama de casa, y desde que se vinculó con la FCT también es traductora de la defensa del general Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio.

Recuerda que después de ser abusada logró escapar, pero nunca se atrevió a contar lo que le habían hecho. Su papá, al igual que muchos vecinos, apoyó un tiempo a la guerrilla. Pero más tarde se desencantó y decidió alejarse y aliarse con los soldados. El informe de la CEH explica que muchos campesinos dejaron de colaborar con los grupos revolucionarios cuando notaban que las promesas que les hacían no se cumplían.

El padre de Teresa fue catequista, agricultor, trabajador de finca, negociante y patrullero relata Teresa Marcos. Después de su muerte, la familia no pudo mantenerse estable.

“Perdimos todo, nos quitaron las propiedades, vivimos pobres y nos quemaron la casa tres años después”, relata. En su denuncia no colocó nombres de los guerrilleros que la ultrajaron o de quienes asesinaron a su padre y hermano. Aseguró que uno de los responsables del EGP en Nebaj, conocido como Comandante Pancho, ya había fallecido. Al igual que Méndez Ruiz, la denuncia de Teresa Marcos  también señala a la dirigencia de la URNG.

Dos años después de su denuncia, Marcos tuvo que someterse a un peritaje psicológico a petición del MP. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) emitió un dictamen en el que informó que el relato de Marcos fue “espontáneo”, dicho con “fluidez” y que guarda coherencia con los hechos denunciados y el contexto de su comunidad en el conflicto armado interno. La encontraron mentalmente capaz de comparecer en un juicio.

El MP espera que Marcos facilite el contacto con los testigos que ofreció. Algunos iban a establecer comunicación a través del abogado de la FCT, Moisés Galindo, pero actualmente está detenido bajo sindicación de lavado de dinero en un caso de corrupción en presidios.

Mientras ella busca a los testigos, los fiscales esperan. El fiscal De León, jefe de Herrera, indica que ha dado la instrucción de priorizar los casos. “Que vean cuáles tienen más elementos para que, de forma inmediata o a mediano plazo, puedan ser presentados ante órganos judiciales para una tutela efectiva a favor de víctimas”,  refiere.

Añade que: “Lo que he podido notar es que los casos tienen una dificultad mayor a los que conocen las otras cuatro agencias (de la Ucai), porque a diferencia de la guerrilla, en los órganos estatales hay más fuentes de información que pueden ser consultadas. Hay manuales, órdenes generales para oficiales y documentación que se refiere a órganos del Estado”.

A través del departamento de Información y Prensa del MP se pidió conocer la postura de la fiscal Thelma Aldana, ante lo que ocurre en esta unidad. En respuesta se recibió una comunicación de la jefa adjunta de la fiscalía de Derechos Humanos, Sonia Montes. Ella asegura que la fiscal Aldana está al tanto de las dificultades que enfrentan para “reconstruir la historia”.

“La justicia es para todos y estamos consciente de ello. Hay que rescatar hechos de hace 30 años, hay que rescatar información de testigos, peritajes y recolectar información. No es como un asesinato, (en donde) tenemos cámaras viendo y todo lo técnico, aquí hay que construir y armar un rompecabezas”, excusa.

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