La iniciativa cuenta con el respaldo de un equipo técnico que incluye al Ministerio Público (MP) y al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la representante residente de las Naciones Unidas.
En su parte inicial, el proceso apunta a las reformas constitucionales indispensables para avanzar en profundidad con la reforma del sector justicia, ya que procesos previos de reforma se han limitado a la normativa ordinaria. Una circunstancia que a la larga ha devenido en limitante para evitar que la impunidad y la corrupción hagan del sistema su residencia permanente.
La evidencia palpable de las camisas de fuerza en que se han convertido las reformas sin cambio constitucional la constituyen los últimos tres procesos de designación de autoridades, en particular la designación de las magistraturas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a las salas de apelaciones, así como a la Corte de Constitucionalidad (CC).
En dichos procesos, pese a que se ha puesto en evidencia el lamentable rol desempeñado por las comisiones de postulación, el fenómeno se repite evento tras evento, en los cuales deben designarse autoridades judiciales. De esa suerte, aun cuando las reuniones ahora se hacen a la vista pública, gracias al monitoreo social se han podido obtener indicios de las negociaciones para la nominación. Conflictos de intereses y carencia de idoneidad son parte de las prácticas antiéticas que se aprecian en las comisiones, las cuales se convierten en un espacio de mercadeo más que en un filtro efectivo para la selección.
Si bien en su inicio dichas comisiones representaron un punto de partida positivo en los esfuerzos por liquidar la impunidad y la corrupción, con el paso del tiempo se convirtieron en incubadoras de lo que pretendían combatir. Así las cosas, resultó que, como la academia (las universidades con escuela de Derecho) hacía parte automática de la comisión, en pocos años creció la oferta de casas de estudio que tenían facultad de Derecho, aunque no contaban con estudiantes. Tal parecía que se creaban y fundaban con el solo propósito de ocupar un lugar y tener un voto para negociar en las comisiones de postulación.
La academia y el gremio, por medio del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se reservaban entonces importantes cuotas de poder. Pasaban al dominio de la política. Por lo tanto, las afirmaciones del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Carlos Alvarado Cerezo, en el sentido de que la academia debe participar para evitar la politización devienen en un absurdo eufemismo. Politizado ha estado el proceso desde que la academia adquirió licencia de mercader y convirtió la impartición de justicia en mercancía.
El cambio desde la Constitución es indispensable también, no solo para acabar de tajo con el vicioso procedimiento de las comisiones de postulación, sino para corregir la plana a la misma CSJ. En la actualidad, las magistradas y los magistrados tienen que dividir su tiempo entre la responsabilidad de la función jurisdiccional y la administrativa. Con la separación de ambas funciones mediante la integración de un consejo de la judicatura se podrá alcanzar este propósito. Y como corolario, hay que modificar también los ámbitos del antejuicio, limitando los de quienes tienen dicha prerrogativa, a fin de facilitar la acción de la justicia.
El proceso apenas empieza. La necesidad de participación social es básica. No podemos dejar algo tan serio en manos de quien se ha burlado día tras día de nuestro derecho a la justicia y a vivir sin corrupción y sin impunidad.
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