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Una postuladora en la encrucijada
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Una postuladora en la encrucijada

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Tipo de Nota: 
Opinión
13 04 18

La designación de la persona que dirigirá el Ministerio Público (MP) y se convertirá, por lo tanto, en fiscal general de la república es determinante para la consolidación democrática.

De acuerdo con la ley de la materia, el presidente de la república designa, de una nómina de seis personas, a quien ocupará la jefatura del MP a partir del 15 de mayo. Esa nómina habrá de seleccionarla una comisión postuladora (CP) que en la actualidad se compone de 15 personas.

Desde su instalación y durante las sesiones realizadas, la CP ha estado bajo la lupa de la sociedad guatemalteca, en particular de organizaciones y sectores vinculados al sector justicia. Esta presencia ciudadana se ha reflejado en la propuesta de mecanismos de evaluación, en los criterios para valorar indicadores de evaluación y en otros aspectos enfocados a garantizar un proceso transparente.

De esa suerte, por ejemplo, se le planteó a la CP que los elementos de la tabla de gradación (es decir, el criterio y las calificaciones asignadas a los indicadores establecidos) eran incompatibles. Pese al error señalado, la CP continuó e hizo oídos sordos al planteamiento, circunstancia que ha llevado a comprobar que el perfil de idoneidad elaborado por dicha entidad es incongruente con la tabla en cuestión y le ha significado otorgar puntajes inapropiados.

Tal es el caso de la aspirante Claudia Lissete Escobar, por ejemplo. La CP evaluó con baja nota el expediente de la exmagistrada, reconocida por su valiente denuncia del tráfico de influencias realizado por el poderoso exdiputado Gudy Rivera. Por la nota obtenida en las condiciones hasta ahora vigentes y acordadas por la CP, ella deja de ser elegible en la nómina de seis. Ello, a pesar de que cuenta con títulos de doctorado en la Universidad de Barcelona. Escobar también reporta ser docente en universidades como Harvard, que en el rango mundial se encuentra en el tercer puesto.

Por el contrario, Ilse Magalia Álvarez de Espada alcanzó una nota de 71, aunque su experiencia docente es en universidades que se encuentran entre los puestos 4,028 y 15,892 a nivel mundial. En cuanto a la pericia penal, mientras Escobar refiere experiencia como jueza y magistrada, Álvarez se ha desempeñado como asesora empresarial y consultora (con contratos en el Estado siendo esposa del vicepresidente).

Otro caso que muestra la incoherencia en la valoración es el del exmagistrado Érick Álvarez. Como se recordará, Álvarez fue sancionado por haber gastado fondos públicos para cuestiones personales en virtud de que en un viaje a Brasil se hizo acompañar de una secretaria. La justificación de dicha compañía resultó insatisfactoria, por lo que debió reembolsar los gastos. Bajo el argumento de que devolvió lo gastado, la CP aseguró que el exmagistrado continuara en el proceso y, de hecho, lo calificó con 63 puntos. Esto le permite ser elegible a pesar de su actuación cuestionada.

Es decir, estamos ante un equipo de profesionales del derecho a quienes por ley se les asigna la tarea de seleccionar las mejores opciones para conducir los destinos del MP a partir del 15 de mayo. Sin embargo, mediante el uso de criterios como una tabla de gradación señalada de defectuosa, la tarea asignada está muy lejos de cumplirse. Así lo evidencian las calificaciones otorgadas, que les permiten el paso a una siguiente fase a personas no idóneas y que dejan fuera a quienes pueden jugar un rol esencial en la persecución penal.

El momento en el cual nos encontramos reclama que la CP deje de lado los intereses particulares e incluso se cuide de responder a proyectos espurios. Las decanas y los decanos de las facultades de Derecho, en su mayoría de universidades privadas, tienen la obligación de asegurar que se elija a las mejores personas. Continuar al ritmo en que se ha llevado el proceso de calificación de expedientes, desestimando objeciones que se encuentran fundadas, solo reitera las dudas planteadas anteriormente: que estamos ante una CP al servicio de la corrupción y de la impunidad. De esa manera, pese a las dudas, aún tienen tiempo de enmendar la plana o, en el peor de los casos, de dar la razón por ser señalados como parte del #PactoDeCorruptos.

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