Una pieza de impunidad

La CC le indicó cuál es el procedimiento para la suscripción de un convenio como el que intentó firmar con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Previamente, Morales había cometido otro desliz en política exterior al fracasar su intento por comprarle, mediante otro procedimiento anómalo, dos aviones Pampa III al Gobierno argentino. El jefe del Ejecutivo guatemalteco no se ha destacado precisamente por respetar los procedimientos de ley, algo que la fiscal general, María Consuelo Porras, ha tolerado pese a que hay varias denuncias contra el gobernante por violaciones a la normativa legal en vigor.

Esa condescendencia con el gobernante, así como con otros actores responsables de la crisis, pinta de cuerpo entero a la jefa del Ministerio Público (MP). La impasibilidad de la que ha hecho gala es imperdonable y la convierte en cómplice de la procura de impunidad que impulsan Morales y sus aliados. Pero tampoco es sorprendente, puesto que la designación de Porras al frente del MP buscaba precisamente ese tipo de actuación.

Una conducta que la fiscal general ha sostenido y de la cual ha dado muestras palpables en el proceso de transición que desarrolla la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Es un hecho que el mandato de la Cicig concluye el 3 de septiembre, puesto que Morales anunció hace un año que no pediría la ampliación.

Sin embargo, dado el mandato de la Cicig, no se trata solamente de empacar y salir cuando el plazo llegue. Los procesos que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha impulsado con apoyo de la Cicig requieren de continuidad en el respaldo de los asuntos que de estos puedan derivar y en su seguimiento.

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En la puesta en marcha de dicho proceso, la jefa del MP tiene un alto grado de competencia. En primer lugar, porque tiene la responsabilidad, por mandato legal, de conducir la persecución penal. En segundo lugar, porque la FECI y la querella requerirán de recursos para completar su misión legal. De ahí que el MP y su institucionalidad deban prepararse para garantizar dichos procesos, así como para prevenir que los casos sufran reveses ante la ausencia del ente internacional.

La fiscal general lo sabe y por ello le da largas al proceso. Dada su cercanía con la entente de la impunidad, se siente cómoda incumpliendo su deber y fallando en aportar el compromiso que le corresponde mostrar. Más bien busca beneficiarse, eso sí, de los recursos económicos que pueda haber para su administración, pero sin que esta cumpla con darles el debido seguimiento a los casos a su cargo.

Más que esa actitud vigilante que la fiscal Porras afirmó que mantendría, en realidad ella ha mantenido una conducta de aquiescencia con quienes —como el presidente Morales— buscan impunidad. Pero además la jefa del MP obstruye la posibilidad de que los procesos avancen y tengan garantía de éxito mediante la pasividad y la indolencia en el proceso de transición.

Tal parece que, lejos de cumplir con su mandato, doña Consuelo Porras es un engranaje muy bien aceitado de la maquinaria de la impunidad, ante la cual sí cumple a plenitud su cometido: impedir que el proceso de transición de la Cicig se consolide y garantizar que Morales y su séquito puedan gozar de impunidad, incluso si defenestran a la CC y con ello acaban con una de las pocas instituciones del Estado de derecho que aún lo resguardan.