En teoría, una maquiladora aprovecha incentivos fiscales para generar empleo y otros beneficios socioeconómicos. Sin embargo, la percepción popular sobre los maquiladores, en particular de los textiles, es muy distinta a ese ideal. Se los percibe como explotadores laborales que encima gozan de privilegios fiscales, como gente inescrupulosa que lucra de la enorme necesidad de quienes no tienen más opción que dejarse explotar a cambio de un salario exiguo.
Es un tema complejo porque, por un lado, es innegable que, para mucha de la fuerza laboral de la maquila textil, esos empleos son mejores que otras opciones de trabajo e ingreso y, por supuesto, que el desempleo y la precariedad económica extrema. Pero, por otro, es perverso y asqueroso cuando un empresario lucra con la necesidad de la gente, ya que no hay excusa ni defensa para la violación de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores ni para la explotación laboral.
Por supuesto, no será el caso de todas las maquilas textiles, por lo que no se debe generalizar. Pero, lamentablemente para el sector maquilero textil, el escandaloso caso de la empresa KP Textil de Guatemala, S. A., ubicada en Prados de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, se ajusta a la percepción negativa de ese sector. Este caso ilustra vergonzosamente el menosprecio de un empresario maquilero textil hacia sus trabajadores, quien, según el informe circunstancial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pudo haber cometido varios delitos, ya que no asumió medidas mínimas para prevenir los contagios, ocultó información, proporcionó información falsa, entorpeció a las autoridades el acceso a la fábrica y discriminó a su conveniencia a qué trabajadores hacerles la prueba, entre otras actitudes criminales que se resumen en su queja de «falta de tiempo para las acciones de salud, lo cual repercute en la producción».
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Esta actitud de los dueños de KP Textil Guatemala, S. A., no solo es criminal, sino además estúpida, porque demuestra incapacidad para entender que menospreciar la salud de sus trabajadores es, al final del día, aun para el más descorazonado comerciante, malo para el negocio. Tal como efectivamente ocurrió, el contagio de covid-19 entre los trabajadores de KP Textil produjo el cierre de la fábrica, pérdida de empleos y ojalá sanciones severas y persecución penal para los dueños.
Es mi mejor entender que KP Textil no está agremiada a la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex) ni a la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), entidades que sí están tomando medidas en la dirección correcta para evitar estas tragedias. La Agexport ha elaborado y está aplicando protocolos de bioseguridad. Y la Vestex, en particular, cuenta con un protocolo para empresas del sector vestuario y textiles. Los informes de las autoridades muestran que KP Textil no siguió los protocolos de ambas asociaciones. De haberlos seguido, muy probablemente no habría ocurrido la tragedia.
El primer nivel de responsabilidad es de los dueños de la maquila. El segundo, del Gobierno, que debería convertir protocolos como los de la Agexport y la Vestex en normas obligatorias de observancia general, ejercer más control, especialmente sobre las empresas no agremiadas a entidades que han diseñado y están aplicando protocolos de seguridad, y sancionar drásticamente, persiguiendo penalmente cuando corresponda, a los infractores.
Solo procurando más control y denunciando a los explotadores laborales el sector maquilero podrá superar el estigma que la criminal maquila KP Textil Guatemala, S. A., se encargó de empeorar.
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