Pero la pomposa iniciativa mencionada ha sido todo lo contrario: antidemocrática, opaca y excluyente. Fue preparada durante los últimos meses de 2014 en reuniones a puerta cerrada en Washington D. C., en las que participaron los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Guatemala, El Salvador y Honduras, organismos multilaterales de crédito y las asociaciones empresariales de los tres países centroamericanos. La sociedad civil fue descaradamente excluida, como si la problemática de la región y sus soluciones fueran un asunto solamente de bancos internacionales, Gobiernos y empresarios.
En febrero pasado, nuestro embajador en Washington D. C. se lució con denodado esfuerzo con presentaciones específicamente dedicadas al sector privado guatemalteco, como si fuese el único sector relevante en nuestro país. Y, bueno, de la exclusión y la opacidad no se puede esperar un resultado legítimo e incluyente. El Icefi analizó el plan de esta alianza. Encontró un sesgo notorio hacia los intereses y la agenda del empresariado privado y concluyó que, de implementarse, resultará perjudicial para los ya frágiles y débiles sistemas fiscales del Triángulo Norte. No sorprende entonces que las líneas estratégicas de acción contenidas en los lineamientos de este plan identifiquen como prioridades la atracción de inversión privada y la promoción de sectores económicos como el textil, el agroindustrial, la industria ligera (incluyendo la maquila) y el turismo a través de privilegios y ventajas fiscales, así como de la reducción de costos de las empresas, especialmente en el subsector eléctrico.
La misma cantaleta de privilegios fiscales y el insulto ese de los salarios diferenciados, que ya causan indignación y daño. Eso sí, en contraste dramático con los objetivos citados, el plan se cuida mucho de obviar medidas para alcanzar estándares que aseguren el acceso a trabajo decente, con remuneración justa, cobertura y prestaciones de seguridad social. ¿Qué tal?
Todo esto es un show internacional muy bien montado: empezó en Washington D. C. al final del año pasado y continuó la semana pasada en la ciudad hondureña de Tela, donde la participación se limitó, otra vez, solo a organismos internacionales, Gobiernos y empresarios y se excluyó a la sociedad civil organizada, a la academia, a las Iglesias y, sobre todo, a las organizaciones de migrantes, en tanto que ayer alcanzó su clímax con la visita del vicepresidente estadounidense, Joseph Biden.
Con motivo de la visita de Biden, el Icefi y otras organizaciones de la sociedad civil con capacidad técnica sólida han rechazado este sesgo proempresarial y señalan la grave ilegitimidad del plan. Y es que no se vale lavarse de la cara la vergüenza de la tragedia de la niñez migrante con este tipo de espectáculos, mucho menos con los 5 000 millones de dólares que el Gobierno estadounidense estaría donando a Guatemala, El Salvador y Honduras para que, según está resultando evidente, vayan a parar a los ya gordos bolsillos de un grupo de empresarios de estos países, que ciertamente no se cuentan entre los más necesitados de nuestra atormentada región.
Para transformar la cruda realidad actual es imprescindible una agenda para el desarrollo y la consolidación democrática que atienda esfuerzos para el crecimiento económico sostenible, la construcción de la igualdad y una mayor efectividad del sector público. Es verdad que se necesita financiamiento adicional, interno y externo, pero es imperativo que se observen principios de justicia fiscal y que su ejecución sea transparente, sujeta a procesos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas.
Sin estas condiciones, especialmente inclusión y transparencia, esta Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, o cualquier otra, no puede ser legítima, menos efectiva.
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