Una falacia antiderechos

Esta semana, aunque estaba el entretenimiento de las elecciones en Estados Unidos, en realidad se tendió otra cortina de humo. El mismo Giammattei, cual activista de la misoginia, utilizó sus espacios en redes sociales para levantar la agenda antiderechos. Se centró así el debate en torno al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, tema que los ideólogos del patriarcado resumen en sí o no al aborto y en tildar de proabortista a toda persona que defiende derechos sexuales y reproductivos.

En una semimagistral operación estilo propaganda nazi, las personas y organizaciones violadoras del derecho de las mujeres a decidir y promotoras del control ajeno de los cuerpos femeninos levantaron el vendaval contra la asociación Planned Parenthood. Dicha entidad buscaba abrir formalmente una sucursal en el país y promover sus servicios de acceso a información sexual y reproductiva. Sin embargo, desde la entente inquisidora antiderechos se alzaron las voces estridentes de la falacia provida para argumentar contra la inscripción de dicha entidad.

Tamaña movilización de influencias derivó incluso en la renuncia del titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Oliverio García Rodas. No era para menos la reacción de García Rodas cuando en menos de diez días el Gobierno reculó en dos disposiciones sustanciales de protección de derechos que el Mingob había impulsado. Primero, cancelan la reactivación de la Instancia de Análisis de Ataques a Defensores de Derechos Humanos. Luego, a la siguiente semana, cancelan el registro de Planned Parenthood, autorizado por García Rodas.

Además de los reveses políticos y de la deslealtad del gobernante para con su funcionario, destaca un tema no debatido. La violación de derechos que ambas decisiones representan. En lo que respecta a la instancia de análisis, el Gobierno se hace a un lado de su obligación de responder a la creciente ola de agresiones contra quienes defienden derechos humanos. Sigue estando al margen de esta.

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En cuanto a la inscripción de la organización internacional, son dos ámbitos los violentados. En primer lugar, lo que significa el conjunto de derechos sexuales y reproductivos, contra los que se levanta una ola de reacciones negativas sin base científica que tan solo defienden la imposición de decisiones sobre las mujeres y sus cuerpos. En segundo lugar, la inconstitucionalidad manifiesta contra el derecho de libre asociación, protegido por la Constitución Política de la República y por el conjunto de tratados y convenios internacionales de derechos humanos suscritos por Guatemala.

Ese es el verdadero meollo del problema derivado de la cancelación del registro. La arbitrariedad en la actuación presidencial no solo viola el derecho de asociación, sino además violenta el principio de presunción de inocencia. Esto, porque, sin haberse instalado en el país, Giammattei le atribuye a la organización la intencionalidad de actuar contra la ley del país.

Acciones como la ejecutada por Giammattei son las que han llevado a cabo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. En el país hermano, el gobierno Ortega-Murillo ha cancelado arbitrariamente diversidad de organizaciones sociales, nacionales e internacionales, sin más argumento que su desacuerdo con ellas o que tales instituciones, como ha dicho acá Giammattei, «atentan contra los intereses de la nación».

Nada más falaz cuando los intereses de la nación están plasmados en el texto constitucional, y allí el espíritu de protección al ejercicio de los derechos es totalmente transversal. De esa manera, tanto el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) como todas las organizaciones que ejercen legalmente las libertades de asociación y expresión del pensamiento están llamadas a accionar contra una disposición a todas luces inconstitucional y violatoria de derechos.