Un nombre con el cual el Estado Mayor General del Ejército (EMGG) —ahora Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN)—, designó al operativo de “limpieza” que desarrolló entre junio y agosto de 1982. Una operación diseñada y ejecutada en el marco del Plan de Campaña Victoria 82, y que fue encomendada a la Fuerza de Tarea Gumarcaj.
Los hechos sucedidos en ese período, así como el entorno ideológico que fundamentó el operativo, son muestra de los actos de genocidio atribuidos al Estado de Guatemala y ejecutados por el Ejército nacional en su estrategia contrainsurgente. Estando además en control total del aparato de Estado en ese período, la responsabilidad de la institución castrense por los sucesos es de doble vía.
La ciencia militar y la organización universal de los institutos armados establecen que el Estado Mayor de estos tiene la responsabilidad por la conducción técnica de la entidad. A cargo de dicha instancia está el diseño y conducción de los planes militares en situación de paz o de despliegue para el conflicto. Los jefes de todo Estado Mayor son, por norma, los líderes naturales de la entidad, su figura fundamental en el desempeño de las misiones que la institución defina a sus subalternos. La mecánica funcional militar también establece que, para el cumplimiento pleno de la misión y funciones del Estado Mayor, el mismo ha de estar informado a plenitud, en tiempo real, del desarrollo de las acciones en el terreno, a fin de generar las modificaciones tácticas necesarias para precisar el logro de la estrategia planteada o bien para asegurar la provisión de los recursos necesarios para los objeticos trazados. Un jefe de Estado Mayor no es una figura decorativa ni un mero puesto burocrático. Es, por naturaleza, el líder evidente de cualquier Ejército y por ende su responsable profesional. No en balde, esa posición precede por tradición no escrita en las fuerzas armadas de Guatemala, el ascenso al cargo político por excelencia que significa la titularidad en el Ministerio de la Defensa.
El oficial militar a cargo de un Estado Mayor es por norma un general, rango que puede alcanzarse a los 50 años más o menos. Se trata de una persona con plenitud de desarrollo síquico y emocional, además de las características profesionales que ha de reunir para ocupar la plaza. Un general, y menos un general jefe de Estado Mayor, no improvisa, no tiene altibajos emocionales, no actúa temperamentalmente. Suele tener una mente fría y calculadora, un temperamento estable capaz de mantenerse bajo control.
Todos y cada uno de los elementos que debía reunir para ocupar la posición en la jefatura de Estado Mayor, formaban parte de la mochila de Héctor Mario López Fuentes cuya firma autoriza el Plan de Campaña Victoria 82, el Plan de Campaña Firmeza 83 y el plan de la Operación Sofía, ejecutada en la zona ixil. Él, como jefe militar de las tropas ubicadas en el área de operaciones, fue responsable de ordenar, supervisar, proveer insumos y orientar al detalle, la realización de las acciones militares que representan la anatomía del genocidio en Guatemala.
Hoy, a sus 81 años, porque se pasó más de un cuarto de siglo evitando la responsabilidad por los actos que constituyen delitos contra la humanidad, suele ser presentado como un anciano frágil que lleva la carga del “resentimiento” y de la “sed de venganza” de las víctimas de los crímenes que cometió por razón de su cargo. Sin embargo, la imagen de supuesta fragilidad se desvanece con la dureza casi pétrea de un rostro que evidencia ira contenida. De un rostro que se diferencia poco de la faz de Augusto Pinochet quien al final fingió demencia para evadir la justicia. La dureza de ese rostro pone sobre el tapete la certeza de que los hechos atribuidos a López Fuentes en el proceso abierto por genocidio, fueron cometidos con plena conciencia y con la mente fría de quien era el jefe de Estado Mayor del Ejército.
Al igual que el pueblo judío ha logrado el juzgamiento de los criminales de guerra nazis, aún con más de 90 años encima, el pueblo ixil tiene derecho a recibir justicia por el genocidio y los crímenes de que fue víctima. Es una deuda del Estado y la sociedad guatemaltecos, que no puede ser eludida.
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