La crisis de Estado tiene que ver con una incapacidad elitista de querer abordar la profundización de la desigualdad y de la asfixia fiscal, que imposibilita generar un Estado decente. Un Estado cada vez más quebrado sencillamente no puede cumplir sus obligaciones mínimas constitucionales.
La terquedad oligárquica de no construir un proyecto de nación colectivo y democrático para lograr un modelo económico próspero y equitativo es parte de una superioridad exclusivista y de una fe ciega en las fuerzas del mercado, que solo profundizan la pobreza y el atraso.
Pero la crisis de gobierno tenía que comenzar a resolverse con la dirección política del nuevo gobierno, con brújula y políticas claras en los sectores urgentes (salud, fiscal, agro), pero se prosiguió con más de lo mismo. Y mal hecho hasta ahora.
El punto es que el actual gobierno del presidente Jimmy Morales todavía no define el rumbo de nada, como no sea un abstracto nacionalismo, que cada vez se vuelve más pose que estrategia.
Y pese a los esfuerzos del actual Congreso de la República, en particular de su presidente, Mario Taracena, de rescatar la decencia legislativa, los casos personales en su seno no hacen sino alimentar los sentimientos antipolíticos y de depuración de una parte de la opinión pública.
Y ante todo ello, ¿qué? Desde mi punto de mira, las soluciones a esta problemática siguen siendo las de orden institucional y las de orden extrainstitucional, que yo plantearía de la siguiente manera:
- La plaza. Volver a las movilizaciones masivas y pluralistas, las cuales, aprovechando su primer aniversario, podrían tener dos propósitos: reiterar la legitimidad de la ciudadanía activa para mover la democracia hacia adelante, o bien, tal como quisieran algunos, plantear una salida tipo la toma de la Bastilla francesa, que traiga como resultado pasar por la guillotina pública a no pocos funcionarios. Lo primero es deseable. Lo segundo, algo iluso y posiblemente autoritario en su alcance.
- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La ANC sigue siendo un umbral democrático y radical para refundar el Estado, pero depende de quién lo plantee y cómo. Si fuera el corolario de las movilizaciones de la plaza, tendría que estar diseñada de tal modo que tanto el Congreso como el Tribunal Supremo Electoral la organicen para fines del 2016 o del 2017. Por ahora, la ANC solo es una demanda de algunos grupos populares, campesinos y de organizaciones mayas, pues entre las clases medias se desconfía de ella, lo cual debilita su concreción.
- El diálogo nacional entre los poderes del Estado. El presidente Jimmy Morales anunció que, junto con sus pares del Congreso de la República y del Organismo Judicial, realizará un diálogo nacional sobre reformas al sector justicia, lo cual sería bueno si no fuera porque parece ser una iniciativa de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), lo cual indica que aun este tema el liderazgo proviene de otro lado. Como sea, si bien fortalecer el Estado de derecho es condición sine qua non para estabilizar al país, que este diálogo sea circunscrito a actores del sector justicia limita su alcance como instrumento de cohesión política.
- La transición desde afuera. Es la solución que en la práctica se viene aplicando con la inspiración de la Embajada de los Estados Unidos de América (como reflejo, a su vez, de las políticas para Centroamérica y el mundo del Departamento de Estado). En nuestro caso, parece que son en el rescate de las instituciones de justicia, tributarias y bancarias y la promoción de la transparencia en estas lo que a nosotros nos conviene y a lo cual se intuye que la Cicig y el MP son coadyuvantes.
Desde luego que un Estado más predecible y solvente nos conviene a la mayoría. Y por eso es tan fácil hallar coincidencia de propósitos con la transición desde afuera.
En el sentido indicado, ni los golpes de Estado ni las revoluciones súbitas parecen ser opciones viables en los próximos meses, pese a que de todo esto los sectores civiles y políticos más democráticos, progresistas y revolucionarios deberían salir favorecidos.
Porque la agenda disidente que por años hemos mantenido se llena de posibilidades ahora. Debe ser así porque hasta ahora, si bien los sectores conservadores han sido severamente golpeados en su integridad política y moral, el sistema que estos han controlado por décadas sigue mostrando una gran capacidad de resiliencia.
Pero entonces habría que preguntarse si esta capacidad de resiliencia es propia del modelo oligárquico o más bien resultado de la falta de un proyecto alternativo creíble, democrático e inclusivo, con libertades e institucionalismo, que la sustituya. Tiendo a pensar que esto pesa tanto como lo primero.
Las fuerzas rupturistas y de búsquedas alternativas abundan, pero, mientras estas fuerzas no terminen de abrazar ideológica y sustantivamente la democracia representativa, su coherencia será dispersa y su convocatoria escasa.
En la revolución democrática, la democracia, el Estado de derecho y el desarrollo sostenible deben ir de la mano. El año 2019 nos espera. Que no nos coja divididos y debilitados.
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