Entre muchas de las posibles consecuencias del cambio climático para Guatemala, una que destaca es que el país, de ser actualmente excedentario en agua (mayor precipitación que evapotranspiración potencial), podría experimentar marcados déficits hídricos en más del 65% de su extensión territorial, al incrementarse la evapotranspiración potencial, previéndose efectos catastróficos para el “sistema país”. En este sentido, no solo es estratégico, sino urgente, analizar y comprender las características de los cambios y sus implicaciones para poder conceptualizar, diseñar y poner en marcha estrategias de adaptación que permitan darle viabilidad a la nación en el más amplio sentido de la palabra.
Estas estrategias deben tener visiones y horizontes claramente establecidos, procesos definidos para alcanzarlos y estructuras institucionales renovadas y dinamizadas en torno de la prevención y adaptación local al cambio climático abrupto. Asumir directamente estos desafíos urgentes es más importante que las contribuciones de la cooperación internacional, las cuales, usualmente, son parciales y temporales y están enfocadas a la mitigación.
Entre los elementos, en materia de adaptación, que deben ser recogidos a través de esas estrategias —amparadas en políticas públicas— e implementados prioritariamente y en el corto plazo, destacan: (i) la necesidad de realizar una profunda reforma del Estado guatemalteco para dotarlo de un sistema institucional funcional que sea capaz de enfrentar, en el completo sentido de la palabra, las decisiones y acciones que este fenómeno global nos impone. (ii) Este sistema institucional renovado —que incluye capacidades humanas en la materia— deberá ser capaz de identificar, con precisión territorial, los efectos inducidos por el cambio climático y desarrollar capacidades de seguimiento y evaluación continuos, base sobre la cual, deberán descansar nuestras capacidades predictivas —anticipar impactos en cada uno de los subsistemas del sistema socio-ecológico: social, económico, natural, institucional— y de prevención y adaptación periódica de todas las dinámicas sociales y económicas; (iii) bajo el criterio de establecer las necesarias “reservas ambientales” para amortiguar los cambios progresivos en las condiciones ambientales, el país deberá proteger y restaurar su “base ambiental” —stock, dirían algunos economistas— a niveles que satisfagan las necesidades cotidianas de las personas en materia de bienes y servicios ambientales.
Asimismo, el país deberá encaminar esfuerzos para regular los flujos entre la naturaleza y la economía a fin de evitar la transgresión de límites que potencialicen las amenazas del cambio climático. La consideración del stock, los flujos y las relaciones entre ellos, son fundamentales para propiciar la sostenibilidad del país en medio de las nuevas condiciones impuestas por el cambio climático. Dentro de los esfuerzos para lograr reservas ambientales, no solo deberá consolidarse el sistema nacional de áreas protegidas, sino también deberán garantizarse ciertos niveles de calidad ambiental en el agua y la atmosfera. (iv) Para el caso especifico del sistema nacional de áreas protegidas, su fortalecimiento, administrativo y funcional, deberá promoverse en sintonía con el potencial de las áreas individuales para reducir el impacto de los desastres; regular el ciclo hidrológico, clave para el abastecimiento de la demanda; proveer estabilidad en las zonas marino-costeras y facilitar ciclos de vida de poblaciones marinas; proveer soporte para nuevos sistemas de producción incluyendo la domesticación de especies silvestres; provisión de medicinas; provisión de material genético; provisión de materiales para la construcción; entre otros aspectos. Como parte integrante de este esfuerzo deberá preverse la implementación de corredores biológicos (basados principalmente en matrices de cobertura forestal y uso del suelo) mediante conexión de áreas protegidas viables y representativas, a nivel de mesoescala e integrando esfuerzos internacionales —México, Belice, Honduras y El Salvador—, restauración de ecosistemas degradados y fomento de sistemas agroforestales. (v) Conducir la adaptación a las nuevas condiciones ambientales a partir de unidades territoriales diferenciadas. Estas unidades deben ser el escenario para la aplicación de las políticas públicas en materia de adaptación. A partir de las demandas sociales y los escenarios derivados del crecimiento poblacional, deberán hacerse los respectivos balances con la oferta hídrica, oferta energética y de espacio productivo para la producción de alimentos de cada territorio. Asimismo, será el territorio la base para la gestión del riesgo a desastres (derrumbes e inundaciones, por ejemplo) y a eventos extremos como las sequias y las heladas. (vi) Particularmente, por la amenaza de cambios profundos en el ciclo hidrológico, se hace urgente e imperativo, impulsar una política de gestión integral del agua y una política hidráulica. La segunda, subordinada a la primera, encaminada a almacenar y conducir agua lo cual está íntimamente ligado al desarrollo de obras físicas. La primera y con un enfoque más integral, se refiere al conjunto de acciones de la administración pública, a distintos niveles (nacional, regional, municipal, cuenca) y en distintos ámbitos (usos, conservación, almacenamiento, conducción, tratamiento, entre otros), que la gestión de los bienes hídricos para el mayor alcance social.
vii) El sistema institucional renovado también deberá prever la revitalización de las capacidades nacionales en materia de investigación para el desarrollo de tecnologías apropiadas a las nuevas condiciones ambientales con miras a enriquecer los sistemas de producción que se elijan para cada territorio. viii) Promover una adaptación progresiva e inteligentemente conducida de la economía nacional a fin de garantizar el mejor uso del territorio conforme las prioridades sociales dominantes y el bien común. Para ello, el sistema institucional renovado y dinamizado, deberá hacer uso de instrumentos económicos, normativos y de sensibilización para persuadir a los diferentes grupos de interés, de asumir las orientaciones de política pública establecida. Es decir, las actividades productivas no solo serán las de mayor viabilidad en el nuevo contexto climático, sino las de mayor alcance social.
ix) Para apoyar las iniciativas productivas de pequeños y medianos productores, será deseable que el Estado diseñe e implemente, siempre conforme las prioridades y particularidades territoriales, un sistema de soporte integrado al menos por (a) asistencia técnica e investigación adaptativa, (b) capacitación, (c) apoyo a la organización social y para la producción, (d) apoyo al acceso a financiamiento rural, (e) apoyo al acceso a mercados; (vi) apoyo para al diseño y el desarrollo de cadenas de producción; (f) desarrollo de infraestructura productiva y de beneficio público como los caminos rurales; (x)A la luz de las necesidades actuales y aquellas que se derivan de las nuevas condiciones que impone el cambio climático, es evidente que el país necesita más recursos financieros para hacer frente a sendos desafíos. En este sentido, es importante resaltar la necesidad imprescindible de retomar el debate fiscal para mejorar la base impositiva, no como un fin en sí mismo, sino como el medio para corregir las carencias humanas, físicas y financieras, base de una adecuada gestión de las nuevas condiciones que impondrá el cambio climático. Sin más recursos, aplicados con enfoque territorial, el País no podrá encarar exitosamente las consecuencias del cambio climático; (xi) Finalmente, es importante hacer énfasis en las necesidad de asumir, desde ahora, una nueva forma de pensar con respecto al cambio climático y las implicaciones que este tendrá —tiene en de alguna forma— en la vida cotidiana de todos los guatemaltecos. Sin dejar de reivindicar las obligaciones entre países ricos y pobres a escala global, debemos reconocer las obligaciones entre los sectores más solventes y los más vulnerables a escala nacional.
Como he planteado en un artículo anterior, enfrentar la sinergia entre la realidad ambiental local y el cambio climático global, requiere de otro cambio: el socioeconómico e institucional. Algunas consideraciones adicionales sobre el tema serán presentadas próximamente en un informe de investigación de URL-Iarna, bajo el título “Elementos para interpretar y enfrentar los cambios ambientales inducidos por el cambio climático en Guatemala”.
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