2022 fue devastador para el sistema de justicia en Guatemala. De seguir las cosas como están, 2023 podría ser igual o peor. Las cortes, que exceden en dos tercios el período para el que fueron electas, favorecieron con resoluciones absolutorias a evidentes criminales de cuello blanco. Al mismo tiempo, fueron verdugos de personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos o periodistas que han combatido la impunidad y la corrupción.
Al igual que expulsa a personas empobrecidas por la inequidad, Guatemala también se ha convertido en expulsora de profesionales del derecho, de periodistas y de quienes defienden derechos humanos. El exilio o la cárcel. Así lo han afirmado los principales operadores del proyecto de la guillotina judicial que utiliza el derecho no como mecanismo de garantía y control de arbitrariedades sino como instrumento de venganza.
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Con una lógica de tierra arrasada, al mejor estilo de los planes contrainsurgentes de los gobiernos genocidas, el grupo encabezado por Ricardo Méndez Ruiz como presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y su abogado, Raúl Falla Ovalle, alardea de sus hazañas. El martes, Méndez Ruiz afirmó que este año, “como desde hace más de una década, la @FCTGuatemala reafirma su disposición de luchar contra el socialismo y en defensa del Estado de Derecho, cueste lo que cueste y le pese a quien le pese”.
La contundencia de su amenaza solo se explica en la permisividad que sus acciones tuvieron todo el año en los tribunales. En abril, el Observatorio Internacional De Abogacía (OIDA), se refirió a los casos de varias abogadas defensoras de operadoras de justicia que eran perseguidas por su ejercicio profesional. En un comunicado, el OIDA señaló la gravedad de la persecución a la defensa técnica y la violación a los principios de Naciones Unidas para la Función de los Abogados.
En ese momento, las profesionales Flor de María Gálvez y Claudia González, denunciaron ser objeto de demandas y amenazas por ejercer la defensa de Leidy Santizo, Siomara Sosa y Virginia Laparra. Una práctica que se repitió en el proceso contra el periodista José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, privado de libertad desde julio y procesado por supuesto lavado de dinero. El medio conducido por Zamora ha sido uno de los más críticos contra el régimen de Alejandro Giammattei y la élite de partidos políticos que se distingue por acciones de corrupción.
En una columna publicada el martes tres de enero, Zamora refiere que el juez a cargo del proceso intimidó a testigos de la defensa, toleró maltrato por parte de querellantes de la FCT, descalificó los argumentos de la defensa, forzó la renuncia de tres abogados y ordenó investigación para otro. En su nota, Zamora señala que “...el juez fue el arquitecto eficaz de un escenario en el que nos asesinaron moral y civilmente una manada de hienas enajenadas, crueles e insaciables. Hizo juicios de valor sobre los testigos y medios de prueba en contra de las limitaciones que la propia ley establece”.
A mediados de diciembre fue condenada Virginia Laparra, ex jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de Quezaltenango. La condena que se supone es conmutable impide la liberación mediante pago de fianza pues ha de seguir en prisión hasta que la sentencia quede en firme. Una maniobra para mantenerla en la cárcel, pese a los quebrantos de salud que enfrenta y a las condiciones de tortura psicológica que la acción penal le ha representado. Paradójicamente quien la acusa es el titular del Mecanismo Nacional Contra la Tortura, Lester Castellanos.
De manera que iniciamos 2023 con un sistema roído por la corrupción y la miseria, que lejos de funcionar como balanza contra la arbitrariedad y el crimen, es una herramienta de retaliación a quienes buscan combatirlo. De cómo la sociedad enfrente y busque ponerle un alto a esta injusticia y abuso de autoridad, dependerá la recuperación plena del ejercicio de nuestros derechos.
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