Los magistrados de esa corte ostentan cargos vitalicios, y esto les brinda una independencia total de los partidos que los postulan y aprueban. Es por eso que, a pesar de que el magistrado Scalia fue nominado por el presidente Reagan, fueron innumerables las veces que este señor resolvió de forma contraria a las ideas conservadoras republicanas. Esto se debe a que el magistrado Scalia fue desarrollando con el tiempo una teoría de interpretación constitucional que metodológicamente lo llevaba a tomar resoluciones muchas veces contrarias a su propia ideología.
Es así como el magistrado Scalia defendió en sus resoluciones los derechos de los sindicados de delitos penales, pero defendía la pena de muerte con el mismo argumento con el que defendió su postura contra el aborto y el matrimonio homosexual: no por razones morales, sino por la manera como interpretaba la Constitución. Él estaba en contra del matrimonio homosexual y del aborto solo cuando estos eran permitidos a nivel federal, ya que consideraba que eran los estados, de forma democrática e individual (a través del voto), los que debían decidir sobre estos asuntos.
La escuela del originalísimo de Scalia no es un método de interpretación nuevo, pero sí podemos considerar que, en la historia contemporánea, sus resoluciones han marcado una línea importante en la jurisprudencia y el derecho. Scalia rechazaba de forma absoluta el uso de jurisprudencia comparada para resolver casos, pues consideraba que los magistrados debían acogerse únicamente al texto y a la historia de la Constitución de Estados Unidos. En fin, estudiar las resoluciones del magistrado Scalia es una forma en sí misma de entender el derecho en Estados Unidos.
La muerte de Scalia inicia una discusión sumamente complicada para el presidente Obama, quien a los ojos de muchos debe nominar a una persona por sus méritos, sin importar sus posturas políticas, porque en ese foro vitalicio lo que se necesitan son juristas. Las discusiones sobre el remplazo de Scalia han suscitado más controversia que su muerte misma.
En Guatemala vivimos una situación similar este año, pero por varias razones creo que no hemos discutido el tema de quiénes van a participar en el proceso de designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La problemática en este país se puede separar en dos: una parte general y la parte especial.
La general radica en que los puestos en Guatemala no son vitalicios. Ni siquiera son suficientemente largos (al menos ocho años) como para que los jueces puedan tener un grado de independencia política. Y otro de los problemas generales es que no hemos aprendido a estudiar las resoluciones y tendencias de nuestros jueces como para poder siquiera contar con una idea de cómo han resuelto los jueces que puedan postularse. De hecho, muchas de las nominaciones no son de jueces de carrera, sino de abogados en general, lo cual hace imposible la predictibilidad de los razonamientos jurídicos de estos nominados.
Y el tema especial radica en que, a pesar del contexto político guatemalteco, no hay manera de hacer entender al presidente Morales que sus decisiones no deben ser secretas, que la transparencia le otorga a él el filtro ciudadano previo. Al igual que en la escogencia de su gabinete, el presidente no está siendo consecuente con su promesa de transparencia.
A pesar de estar en contra de las posturas del magistrado Scalia, yo deseo que un día podamos tener magistrados de ese corte en la Corte de Constitucionalidad.
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