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Un pueblo sin ley
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Un pueblo sin ley

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“La pregunta que me hago yo es si Pochuta no es parte de Guatemala, porque está en un estado de ingobernabilidad”, Víctor Abel García, vecino del municipio.
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que están esperando a contar con un respaldo legal para poder apoyar en la toma de posesión del alcalde. “El problema en San Miguel Pochuta es que está en una situación de ingobernabilidad y anomia".
Parque central de San Miguel Pochuta con su ceiba centenaria. Fotografías de Simone Dalmasso.
Las puertas de la Municipalidad llevan un año y medio cerradas con candado. Los carteles de protesta en contra de la corporación municipal están por todo el edificio.
Lester Ovidio López Salazar, alcalde en funciones, atiende a la población desde su oficina improvisada en la sala de su casa.
Un palo de bambú obstruye el acceso al parque central, durante las noches de vigilancia...
Integrante del grupo de seguridad ciudadana frente a la Municipalidad.
Un miembro del grupo de seguridad ciudadana es felicitado por otro integrante.
Entrada de la finca municipal “El Peñón”. La maquinaria para procesar el café, al fondo, están abandonadas hace décadas.
La Oficina Municipal de la Mujer, ubicada dentro de la finca, sirve para almacenar reservas de maíz.
Empleados municipales salen en picop’ desde la finca para entregar víveres a la población de las aldeas.
Una mujer de la finca “California” recibe la ayuda de la Municipalidad. La mayoría de personas que viven en las fincas privadas llevan varias quincenas sin cobrar su pago.
Un trabajador de una finca privada cubre su rostro para no ser identificado.
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Historia completa Temas clave

En San Miguel Pochuta, Chimaltenango, la vida transcurre al margen del Gobierno y de la Ley. Un día después de las elecciones generales, en septiembre de 2011, vecinos descontentos con el resultado expulsaron al alcalde, reelecto por la UNE, a quien acusaban de corrupción y fraude electoral. Desde entonces se organizó un comité cívico que tomó el control del Municipio. En mayo cerraron la municipalidad para impedir la entrada de los trabajadores. Por las noches un grupo de hombres se encarga de “la seguridad”, se encapuchan y dan tiros al aire. El Gobierno parece no tener prisa en recuperar la gobernabilidad.

Un bidón con fuego ardiendo calienta una olla con café. Son las nueve de la noche y una veintena de hombres se encuentra en fila en la parte frontal de la municipalidad de San Miguel Pochuta, frente a la gran ceiba que preside el parque central. La mayoría supera los 40 años, hay varios ancianos, uno de ellos descalzo, con un sombrero y un morral, un hombre sordo y algún que otro borracho.

Todos forman parte del grupo de seguridad que patrulla las calles de Pochuta desde mayo de 2012. Los coordina el comité cívico del Municipio, creado en septiembre de 2011 por vecinos descontentos con la gestión de José Benjamín Vásquez Reyes, quien gobernaba el pueblo desde 2008 con la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y fue expulsado del pueblo el día que logró su reeleción.

Acusaban al alcalde de haber robado del erario público y de amañar el resultado electoral, que le dio 42 votos más que al candidato del Partido de Avanzada Nacional (PAN). La noche del 11 de septiembre, quemaron la municipalidad y en los días posteriores lograron la salida de los representantes del Registro Nacional de Personas (Renap), del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e incluso del párroco del municipio, acusados todos de haber confabulado con Vásquez para modificar el resultado de las elecciones.

También impidieron su toma de posesión el 15 de enero de 2012. Aquel día instalaron retenes con neumáticos en llamas a la entrada del pueblo y más de 500 personas se coordinaron para evitar la entrada del alcalde, enfrentándose para ello con dos pelotones antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC). El ejército también llegó, pero optó por replegarse. Quinientos agentes de la PNC volvieron a intentarlo hace dos semanas, pero también salieron del pueblo sin que haya cambiado nada.  

Desde entonces, el Municipio sigue funcionando por su propia inercia, al margen de la gestión de la municipalidad. Pareciera que la preocupación principal, tanto del Gobierno como del Concejo, ha ido más encaminada a acumular el caudal electoral que a controlar la situación. El ex candidato del Partido Patriota (PP) coordina el Bono Seguro y la entrega de fertilizantes. El Concejo, prácticamente en el exilio, solo ha gastado este año en sus propios programas sociales: han regalado gallinas, útiles escolares, juguetes, gabachas y medicinas. 

El alcalde, mientras tanto, vive escondido, y cuando llega a Pochuta lo hace ocultándose de la población.

El pueblo de los mozos colonos

Son las 12 del mediodía y cientos de adolescentes y niños invaden la plaza central de este municipio, ubicado en la frontera entre Suchitepéquez y Sololá. Al norte se ve la gran montaña del altiplano, la que separa este pueblo de Patzún (Chimaltenango). Unos kilómetros al sur se encuentra Patulul y pocos kilómetros más allá, Cocales. El clima es ya tropical, vegetación frondosa, palmeras y cañas de bambú.

Hasta hace poco más de 130 años, según el primer documento del Archivo General de Centro América, Pochuta no existía, sólo había fincas cafetaleras. Pero el alto número de mozos colonos que llegaba a trabajar en ellas terminó por darle la categoría de municipio en 1882. Muchos llegaron de Quiché, otros tantos de oriente. Aunque el pueblo originario del lugar es el kaqchiquel, también se perdió su idioma, y sólo se habla el castellano. 

Marta Calderón se encuentra en un costado de la plaza, parece que no tiene mucho más en lo que pasar el rato y se entretiene hablando sobre la situación. “El pueblo está abandonado y las autoridades no hacen nada”. “Pero ustedes fueron quienes expulsaron al alcalde”, se le cuestiona. “Era muy prepotente, robaba dinero”, responde. “En todos los pueblos de este país los alcaldes roban dinero, ¿los otros alcaldes no robaban?”. “Mi padre fue alcalde, y el barreño siempre rebalsa, eso hay que reconocer. El problema de él (de Vásquez) era su actitud. El alcalde no hacía nada por el pueblo, así como ayudaba a las otras aldeas. En las aldeas sí hizo obras, pero aquí en el casco urbano, nada”.

“Esto es un pueblo sin ley”, cuenta el dueño de un comercio, quien se muestra a favor de la entrada del exilado Vásquez y no quiere identificarse por miedo a represalias. “Los que salen a patrullar cargan sus grandes armas y se pasan las noches disparando al aire” y explica que están organizados por los candidatos del Partido Patriota y del PAN. “Esos señores que vieron ustedes sentados en la puerta de la muni, les dan tres tiempos de comida. ¿Quiénes les pagan? son los candidatos.  Ellos son gente ignorante”, explica, refiriéndose a los integrantes del comité de seguridad. 

“¿Y los impuestos?” “Ahí sí que…”, responde ahora con una sonrisa burlona. “No estamos pagando ni siquiera la factura del agua. Tampoco pasan a recoger la basura”, cuenta.

Los vecinos de Pochuta no pagan el IUSI (Impuesto Único sobre Inmbuebles) o el boleto de ornato –un maestro muestra el suyo, obtenido en Santa Lucía Cotzumalguapa, otro cuenta que lo consiguió en Escuintla. Tampoco pueden casarse ni inscribir a los niños que nacen. Hace 20 días, el secretario municipal, José Edilzar Acuta Chacón, fue asesinado. Aunque el alcalde acusa directamente al comité de seguridad, según la madre e hijo de Edilzar, en el momento de realizar este reportaje, no se habían iniciado las investigaciones por parte del Ministerio Público.

Aquí es un huevito para poner Estado de Sitio

“Lo raro es por qué el ministro de Gobernación no viene a dejar al alcalde o no manda a los antimotines, porque aquí el pueblo es un huevito para poner Estado de Sitio y aquí la fuerza pública es grandísima. ¿Y por qué no han venido? Esta es la incógnita”, decía Juan Antonio Mendoza, portavoz del Comité Cívico.

San Miguel Pochuta no tiene intereses económicos más allá de las fincas, que funcionan rigiéndose por sus propias reglas, no genera interés para la cooperación internacional ni para el turismo, tampoco es territorio para grandes hidroelécticas o minas que puedan dejar sobras en los representantes del poder.

Las únicas medidas emprendidas hasta el momento, tanto por la Municipalidad como por el Gobierno, han ido más bien encaminadas a captar el caudal electoral para los próximos años.

El Gobierno, a excepción de una débil mesa de negociación iniciada y concluida en febrero de 2012 y los vagos intentos de instaurar el orden por la fuerza –enero 2012 y marzo 2013- no ha realizado ningún esfuerzo más. La municipalidad de Pochuta, por su parte, lleva a cabo sus propios programas sociales, prácticamente desde el exilio, regalando productos de primera necesidad. El alcalde se reúne con los demás empleados en la clandestinidad, en una finca comprada en la anterior legislatura.

La municipalidad clandestina

La finca El Peñón, de 17 hectáreas de tamaño, fue comprada por la Municipalidad de San Miguel Pochuta en 2009. En aquel momento, la adquisición se justificó por la  presencia de tres nacimientos de agua, con el fin de entubarla para abastecer a las colonias ubicadas a la entrada del municipio. La Contraloría General de Cuentas denunció la compra de esta propiedad, por Q700 mil, por haberse realizado mediante un cheque manuscrito. “¿Quién es el dueño de la finca El Peñón, del pueblo o la corporación?”, pregunta uno de los carteles de protesta pegados en la fachada de la municipalidad.

“Nunca he visto el título de propiedad”, dijo el candidato del partido PAN, Héctor Alfaro, quien negó la existencia de fuentes de agua. Según los vecinos del pueblo, El Peñón se encuentra custodiada por hombres fuertemente armados.  En realidad, “la finca del pueblo” está casi abandonada e inutilizada.

A un par de kilómetros de la entrada, un anciano, que apenas puede hablar, indica que la finca es de “don Mincho (Benjamín Vásquez)”, que él la cuidaba para su anterior dueña y que sigue haciéndolo. Un trabajador municipal –que no quiere dar su nombre porque “pueblo pequeño, infierno grande”-, muestra los tres nacimientos de agua y los árboles sembrados a través del Proyecto de Incentivos Forestales Pinfor, del Ministerio de Medio Ambiente. Éste indica que el proyecto es para aumentar el cauce de los nacimientos y en unos años, utilizar la finca como un astillero. Explica, además, que de momento sólo están recogiendo el café “que Dios quiere dar”.

En un pequeño alto de la finca se encuentra la casa principal. En el interior de ésta, pegados a las paredes, pueden verse varios carteles escritos con un lapicero sobre hojas de cuaderno: “salón municipal”, “oficina municipal de la mujer”, “oficina contable”. Una de las habitaciones de la casa tiene dos camas, otra de ellas está repleta de sacos de maíz. Esa es la municipalidad clandestina. 

“Nos reunimos en la finca, porque forma parte de la jurisdicción de Pochuta y las reuniones allí son válidas”, explica el alcalde, Benjamín Vásquez, quien cuenta que también sesionan en otros lugares.

Llega un picop con otros dos trabajadores que comienzan a cargar los sacos de maíz de 10 libras. “Estamos llevando maíz a las fincas y a las colonias más pobres”, cuenta el empleado de la municipalidad. “¿Pero a los jornaleros de la finca por qué?, ¿no debería alimentarles su patrón?”, se le pregunta. “Por el problema de la roya llevan ya semanas sin pagarles, no tienen qué comer”, dice como si fuera obvio el motivo de la ayuda.  

Cinco meses sin cobrar sueldo

Finalmente, nos permiten que les acompañemos en su recorrido para repartir maíz entre los más desfavorecidos del municipio. El primer punto es la finca California, en la entrada de Pochuta desde Patzún. Adentrarse a una de estas propiedades privadas es como retroceder cuatro siglos y regresar a la sociedad feudal. La finca California tiene una escuela privada –el Estado no puede invertir en su interior- y pequeñas casas de ladrillo pintadas de blanco. Un hombre, una mujer y una muchacha con aspecto muy humilde caminan hacia el interior de la propiedad.

 “¿Cómo llevan la situación de que Pochuta esté sin alcalde?”, son cuestionados. La mujer se queda mirando con cara de no comprender nada.  “Bien. No hay”, responde Miguel Pinulo, de 45 años, originario de Uspantán, Quiché, quien cuenta que llega a trabajar a esta finca dos meses al año. “Aquí nos pagan Q30 el jornal”, dice. ¿Y el resto del año? “Tengo un terrenito donde siembro frijol”. 

Actualmente, el dueño de la finca lleva 10 quincenas sin pagar. “El patrón dice que ya no tiene mucho dinero, que va a ver cómo lo arregla”, cuenta Concepción Ajquí, de 23 años y un bebé recién nacido –madre soltera, dice-, quien recibe el maíz entregado por la municipalidad. Tres meses atrás, repartieron otras 25 libras, explica Juan Gutiérrez, de 68 años, quien indica que el jornal es de Q40 “a mí me está ayudando un primo”, dice.

Gallinas y juguetes, las compras de Pochuta

Desde 2012, cuando la municipalidad quedó clausurada, la compra de juguetes y regalos ha sido el único gasto realizado por el concejo. Este año, según el portal de compras del Estado, Guatecompras, ha ejecutado Q247,000 de los Q1,740,547 entregados hasta el momento por el aporte constitucional y el IVA Paz.

Éstas son algunas de las compras que figuran en Guatecompras: Medicinas para los vecinos del municipio (Q30 mil), cuadernos y juegos de geometría (Q22,804), cuadernos y útiles para todos los niños de las escuelas de Pochuta (Q69 mil), 100 quintales de maíz y 20 de frijol (Q23,000), diez juegos de gabachas y equipo de fútbol (Q17,450) y 900 gallinas ponedoras (Q49,995.80)

Además, seis escopetas más un arma semiautomática (Q22,800) y los servicios de asesoría del abogado Néstor René Cifuentes Díaz (ex fiscal del MP de Quetzaltenango, expulsado de la entidad en 2009 con acusaciones de corrupción) y otros tres abogados, por servicios “prestados a la municipalidad en el conflicto político y social del municipio”.

También se arregló el camino que dirige a la aldea Unión Victoria y allanó el camino que conduce a este aldea desde Patzún, el que recorre el alcalde para llegar al municipio.

La CPR: los ixiles de Pochuta

Debido a su origen de territorio finquero, Pochuta no tiene aldeas. La única excepción es Unión Victoria, ubicada en el acceso al pueblo desde el altiplano. Si entrar en las fincas es como retrotraerse cuatro siglos en el tiempo, pasear por Unión Victoria es como hacerlo por una aldea del área ixil. Las mujeres visten los cortes color corinto con la línea transversal bordada y sus huipiles blancos también bordados. Desde el año 2000 –por los Acuerdos de Paz y por los repartos de Fontierras- en este terreno residen 120 familias de Nebaj y Cotzal.

Unión Victoria es una Comunidad de Población en Resistencia (CPR), de las poblaciones que se conformaron en los años ochenta por familias de campesinos que abandonaron sus hogares debido al hostigamiento del Ejército.

“Nosotros vivíamos en una aldea de Chajul, pero en el 82 llegó el Ejército y empezó a perseguirnos, a quemar nuestras casas y nuestras cosechas.  Entonces nos escondimos en la montaña, donde nos siguieron persiguiendo. Estuvimos 17 años escondidos, sin comida, sin casa. Imagínese usted”, cuenta Andrés  López, presidente de la Cooperativa Integral Agrícola Flor de Café de Altura de la CPR.

Éste añade que la ausencia del alcalde casi no se nota en Unión Victoria “porque tenemos Cocodes, tenemos autoridades, una alcalde con vara, la cooperativa”. Los habitantes de esta CPR son prácticamente los únicos de Pochuta propietarios del terreno que habitan. Allí siembran café y frijol.

De hecho, Unión Victoria es una de los lugares que se benefició de la gestión anterior del alcalde, que construyó una cancha de fútbol, el instituto de básico e iniciaron un proceso para renovar las turbinas de la energía eléctrica y para construir una hidroeléctrica comunitaria. Los vecinos del casco urbano acusan a los vecinos de esta comunidad de tener escondido al alcalde. “Que vengan a buscarlo”, dice López.

“Algunos problemas de que no haya alcalde es que para cualquier cosa no tenemos a dónde ir. No ha llegado la refacción para los niños porque no hay contacto. Cuando este alcalde empezó sí nos daban el dinero de Mi Familia Progresa, pero ahora ya no, muchos papeles están pidiendo”, cuenta Juana Chávez Raymundo, 40 años.

Los programas sociales sí llegan, los gestiona el PP

El Gobierno, a juzgar por los hechos, no ha estado muy interesado el recuperar la gobernabilidad del municipio. El Partido Patriota, en todo caso, ya comenzó a afianzar votantes para las próximas elecciones. Lo hace a través de la gestión de los programas sociales y fertilizantes, en manos del ex candidato del Partido Patriota, Gustavo Ramírez.

Ramírez nos atiende en su oficina, ubicada en el interior del Centro de Salud. El candidato patriotista ocupa el puesto de administrador de este centro desde hace 27 años.

“Es un pueblo sin ley y eso es lo preocupante. Lo que pasa es que el alcalde es muy prepotente, egocéntrico, vengativo. Él era administrador de una finca, y administraba Pochuta como si fuera una finca. Eso le llevó a un periodo de confrontación”, dice.

Preguntado por las acusaciones de algunos vecinos  de ser el impulsor del comité de seguridad, dijo sentirse también amenazado por ellos. “Esta junta está integrada por personas radicales, sin mayor instrucción”, explica, y acusa al candidato del PAN de ser quien los dirige. Dijo que éste se encuentra apoyado por el gremio de los autobuses y mototaxis.

Cuestionado también sobre los rumores de que él es quien dirige los programas sociales y el programa de fertilizantes, Ramírez no tuvo ningún problema en confirmarlo:

“Yo le supliqué a Luz Lainfiesta que nos diera los programas sociales y los dos diputados de Chimaltenango nos apoyaron. Yo dije que me responsabilizaba”, -indicó- “de momento ha llegado un solo desembolso de Q600 y yo me encargo de velar por los problemas y necesidades que surgen”, dijo –según el esquema de los programas sociales, ofrecido por Acción Ciudadana, éstos se gestionan desde la municipalidad, y es el alcalde, en último término el encargado de velar por los inconvenientes que puedan aparecer.  

-¿También gestiona los fertilizantes?

-Sí, hice un listado de 800 personas que envié al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) pero sólo me enviaron 800 sacos para 400 personas.

Para reafirmar su imagen recta y firme –él viene de la Iglesia católica, dice-  cuenta cómo después de las elecciones, el diputado del PP por Chimaltenango, Alfredo Cojtí, le solicitó dar trabajo en el centro de salud a las personas que le habían apoyado en la campaña. “Me dijo que diera la oportunidad, trabajos como guardias, pilotos, pero este año despedí a los que no habían  hecho buen trabajo”, explica.

También acusa al párroco de haber apoyado al alcalde. “Él cedió mesas del salón parroquial para las elecciones”, pero indicó que el sacerdote no se fue en los mismos términos que el alcalde sin municipalidad, sino que había salido del municipio por un “problema de faldas”. “Ya sabe usted que pueblo pequeño, infierno grande”, concluye.

Por qué no quieren al alcalde

En cuanto a los motivos de oposición al acalde, tanto el ex candidato patriotista como el del PAN, Héctor Alfaro, adujeron el fraude electoral: “llegaron a votar personas de Jutiapa, de Jalapa, de Sololá”, dijo Alfaro. Fue una de las 83 denuncias interpuestas en el Tribunal Supremo Electoral por irregularidades en el proceso electoral, todas ellas rechazadas o desestimadas por fallos de forma. 

Alfaro también denunció las compras fraudulentas realizadas por la municipalidad. “¿Por qué llegaron a capturar al alcalde de Antigua y aquí no llega nadie?”, se preguntó el candidato del PAN. 

El síndico primero, Léster López, vive en una casa a la que no le falta de nada y que destaca al compararse con la pobreza en la que vive el resto del pueblo. Su salón, decorado en colores rosados, está equipado con una gran televisión de plasma y una cadena de música gigante. Sentado en un sofá, cuenta que el comité cívico surgió directamente de los partidos que no ganaron en las elecciones y cuestionado por la falta de apoyo en el casco urbano, dijo que se debía al hecho de que la gestión del concejo se hubiera apoyado más en las colonias y caseríos.

“Le voy a poner un ejemplo. Una señora que es directora de un colegio del pueblo, que tiene una tienda, un carro, su marido trabaja, y ella alegando que por qué no se le da una bolsa de maíz a ella también”, dijo López.

“Mucha coincidencia que el comité cívico surgiera después de que yo ganara las elecciones, claro que son los rivales”, reiteró Benjamín Vásquez en una entrevista telefónica, quien explicó que estaba realizando su gestión “pero con algunas limitaciones”, “pero ahora el municipio está en la ingobernabilidad, cualquier persona con un arma se cree superior a las personas humildes”, explicó el alcalde.  

Muchos de los motivos de oposición al alcalde, en todo caso, son rencillas, problemas de pueblo. “El vocero de los encapuchados  es un maestro de música. Él quería cantar para la muni, pero no tiene chiste ni chispa cuando canta, y nunca lo quisieron contratar”, contó un vecino del municipio. “Juan Antonio Mendoza me quería hacer canciones para la campaña, pero yo le dije que no y está enojado”, confirmó el Benjamín Vásquez

Vásquez agregó que, en la actualidad, la mayor parte de los propietarios de las fincas no están pagando el impuesto de salida de los productos y que nuevamente la asociación de picoperos volvió a recuperar el poder entre el gremio. Benjamín Vásquez acusó también al grupo de encapuchados de ser los responsables del asesinato del secretario, José Edilzar, hace tres semanas. “Él estaba recibiendo amenazas y la gente que vio el ataque los vio encapuchados”, dijo. 

En una entrevista telefónica, Vásquez, en un tono que denotaba ya una tranquilidad de quien se acostumbró a la situación después de un año y medio, contó  también que se habían reunido con el presidente, Otto Pérez Molina, y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pero que de momento no habían solucionado la situación.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que están esperando a contar con un respaldo legal para poder apoyar en la toma de posesión del alcalde. “El problema en San Miguel Pochuta es que está en una situación de ingobernabilidad y anomia. Los pobladores han actuado de forma violatoria de la ley  porque las elecciones fueron avaladas y supervisadas por el Tribunal Supremo Electoral. Es un tema al que hay que darle una respuesta integral, como Estado. Necesitamos un respaldo jurídico para poder actuar y estamos buscando hablar con el TSE y realizar una consulta en la Corte de Constitucionalidad para que ambas instituciones nos respalden en dar apoyo a la toma de posesión”, dijo Bonilla, quien agregó que si no se había actuado hasta el momento es por la cantidad de problemas que deben resolver. “No podemos permitir que los ciudadanos de otros municipios lo tomen como ejemplo”, concluyó. 

***

Los hombres ubicados frente a la municipalidad se comienzan a encapuchar. Sacan sus armas: machetes, palos y tubos. Varios guardan también una pistola en su pantalón. En unos minutos comenzarán el patrullaje nocturno, que se prolongará hasta las dos de la madrugada. Cuatro cuadras al norte, dos a la izquierda, cuatro de vuelta, y de regreso a la municipalidad.  Algunos permanecen recostados, medio dormidos, otros más atentos.

Uno de ellos, vestido con una chumpa militar, mira la imagen que le acaba de tomar el fotógrafo  y exclama “¡Puta! Sí doy miedo”.

“Yo no tengo arma”, dice uno de ellos quien llevaba un gran palo al que ha atado una cadena de bicicleta en el extremo superior y anclado clavos por todo el madero.

Los patrulleros cierran los accesos al casco de San Miguel Pochuta con largas varas de bambú. Para avisar al pueblo de cualquier incidente, lanzan bombas pirotécnicas. Hace unos días, cuentan, guardaron un minuto de silencio por la muerte de Hugo Chávez.

-¿Qué es lo que buscan ustedes con la expulsión del alcalde, con la clausura de la municipalidad?

-El comité lo que ha pedido siempre es que se investigue al alcalde. Pero la gente mantiene su postura de que ya no quieren al Concejo Municipal. Y no podemos cambiar su postura a la gente, responde Juan Antonio Mendoza, vocero del comité cívico y también miembro de la junta de seguridad.

-Entonces, ¿qué quieren?, ¿quedarse ustedes?

-Eso sí sería una bonita idea, ¿verdad? Mire, aquí a ellos legalmente la gente ya no los quiere, no los tolera, la gente está feliz. Las ferias han estado bonitas, alegres. Aquí estamos felices, mire.

 

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