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Un presupuesto con candados para Jimmy y sus aliados
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Un presupuesto con candados para Jimmy y sus aliados

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La falta de acuerdos políticos en el Congreso de la República dejó al gobierno de Jimmy Morales con las manos atadas para 2018. Las negociaciones en las que él mismo participó con las bancadas que hasta hace unos días eran sus aliadas, fracasaron, y el Presupuesto de Ingresos y Egresos de Gasto del Estado para el próximo año no fue aprobado. Sus intenciones de aumentar Q10 mil millones más al presupuesto fue ignorado por la mayoría de los legisladores de oposición, por lo que deberá continuar con uno similar al de 2017.

Como consecuencia de ello, el Ejecutivo no solo tendrá menos recursos de los que esperaba, sino que deberá cumplir por ley con los candados con los que fue aprobado el presupuesto 2017 para garantizar más controles en los gastos y evitar que la contratación de más deuda.

En septiembre pasado el Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas había solicitado al Congreso de la República la aprobación de un presupuesto de Q87,922 millones. La Comisión de Finanzas lo redujo a Q84,596 millones en el dictamen favorable del proyecto que conoció el pleno. Al no haber sido aprobado el pasado 30 de noviembre, el Ejecutivo deberá utilizar el presupuesto vigente 2017 que asciende a Q77,622.6 millones, casi Q10 mil millones menos.

Al concluir la sesión del jueves, Carlos Barrera, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), explicó que, aunque la no aprobación del presupuesto para el próximo año no fue técnicamente “lo ideal”, fue lo “menos dañino” para las finanzas públicas. La propuesta del Ejecutivo, indicó, estaba desfinanciada porque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no iba a obtener la recaudación suficiente para sostenerlo, por lo que se habría tenido que recurrir a la contratación de más deuda para financiar la inversión. “Se pretendía financiar el presupuesto con préstamos externos en gestión por Q2,157.5 millones. Se paga más en intereses de la deuda interna a largo plazo (Q1,769 millones) que en salud, educación y seguridad”, explicó Barreda.

En el presupuesto 2017, que es el que estará vigente el próximo año, aseguró Barrera, el Ministerio de Finanzas cuenta con una pre autorización para la emisión de bonos de tesoro para financiar gasto público por aproximadamente Q11 mil millones, por lo que no tendrá ningún problema de liquidez. Agregó que hay un déficit moderado y que el titular de Finanzas tendrá que hacer una readecuación de fondos para cumplir con los compromisos que se adquirieron en las carteras de educación (refacción escolar), salud e infraestructura.

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El diputado opositor también aseguró que los funcionarios del Ejecutivo y los alcaldes no podrán hacer “piñata” con el uso de los fondos públicos, como lo pretendían con la propuesta del malogrado presupuesto 2018, en el que se pretendía eliminar el control de gastos superfluos que permitían la compra “sin control” de alimentos y bebidas para los despachos de los Ministros, combustible, telefonía móvil, gastos relacionados con viajes al exterior, control para los Consejos de Desarrollo, entre otros. El presupuesto 2017 establece prohibiciones para ello.

La diputada Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala, dijo que la no aprobación del presupuesto fue “positivo”, porque el país no puede seguirse endeudando. La propuesta del Gobierno era adquirir casi Q15 mil millones (18% del presupuesto de ingresos). El Estado no tiene capacidad de amortizar su deuda con los ingresos corrientes, aseguró.

El Ejecutivo también pretendía incrementar la duda externa con la aprobación de más préstamos. En la actualidad, el endeudamiento externo del país ronda los Q2,395 millones.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) había solicitado al Congreso no aprobar el presupuesto 2018 porque, advirtió, había poca transparencia para establecer con precisión a qué contratos de obra pública el Ejecutivo beneficiaría. Además, alertaron que la intención del Gobierno de incluir una “pre-autorizarían” para el pago de las obras de arrastre de 2017 de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), sin especificar monto o techo era una puerta hacia la corrupción. “Esta omisión es un peligro grave, ya que el Ejecutivo tendría ‘autorización’ del Congreso para ampliar el presupuesto para este fin, sin límite alguno, lo cual además de ser posiblemente inconstitucional, es una clara facilidad para la corrupción y otros abusos”, señaló Ricardo Barrientos, del Icefì.

Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anam), visiblemente molesto por la no aprobación del presupuesto, criticó a los partidos UNE y Todos por no haber apoyado al partido oficial. Aseguró que en enero próximo se paralizarán 2,600 proyectos que iniciaron en noviembre, y no podrán honrar Q2 mil millones pendientes de pagos.

A reajustar

Dos horas después de que se acabara la sesión en el Congreso, Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas dijo que la no aprobación del presupuesto era una “mala noticia que impactará al país”, y que “iba a cambiar el chip y trabajar en el plan B” para conocer las disposiciones legales que le permitiera hacer los reajustes presupuestarios necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos como el de la Ley Nacional de Alimentación para la que habían previsto un incremento de Q450 millones en el presupuesto de Educación. También anunció que los fondos para las carreteras que están en mantenimiento serán prioridad.

Los Ministerios con mayor asignación presupuestaria aprobada el año pasado son: Educación (Q13,937,205,078 millones), Salud (Q6,897,096,196 millones), Gobernación (Q5,250, 283,144 millones) y Defensa (Q2, 085,946,751 millones). El pago de deuda pública será de Q11,646.1 millones. El presupuesto asignado a las entidades del sector justicia: Organismo Judicial tendrá un presupuesto de Q2,454,204,355.81 millones; Ministerio Público Q2,102,170,756.77 millones; Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) Q280, 293,358.97 millones.

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La falta de acuerdos y de confianza, así como el fracaso de las negociaciones políticas fueron las causas responsables de que no se aprobara el presupuesto, según Estrada.

El ministro aseguró los sectores de seguridad, justicia, infraestructura, educación y el primer nivel de atención de salud se verán afectados por no contar con la ampliación presupuestaria que se había solicitado para 2018. Anunció que el próximo año promoverá una iniciativa de ley para hacerle frente a la problemática que van a enfrentar los Consejos de Desarrollo y solicitará una ampliación presupuestaria si fuera necesaria.

En los corrillos del Congreso abundan los rumores sobre por qué la bancada Todos, que lidera el diputado Felipe Alejos, no apoyo a la bancada oficial como lo hizo el martes pasado, cuando diez de sus legisladores votaron para alterar la orden del día y conocer en primera lectura el proyecto de presupuesto. Algunos como Mario Taracena, diputado de la UNE, asegura que “no le llegaron al precio de los votos para apoyar a los oficialistas”.   

El legislador de Todos negó esa acusación y, previo a empezar la plenaria, anunció que su bancada no iba apoyar el presupuesto porque las enmiendas a cuatro artículos del presupuesto no contaban con los 80 votos necesarios para su aprobación. “Soy el responsable del partido y teníamos que hacer lo correcto”, indicó. 

Finanzas tendrá que hacer una readecuación de fondos para cumplir con los compromisos
El pago de deuda pública será de Q11,646.1 millones.
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