De tal suerte, 13 congresistas, entre quienes se cuentan tres mujeres legisladoras, proponen al Congreso una reforma de fondo al decreto 145-96, Ley de Reconciliación Nacional. En su proyecto, el grupo legislativo argumenta que su propósito es contribuir a instaurar condiciones de paz y reconciliación real. Para ello, afirman, es necesario que cese de una vez por todas la persecución penal contra quienes han resultado responsables por crímenes de lesa humanidad.
En su amplísima exposición de motivos, las y los ponentes afirman que la procura de justicia que se ha impulsado en el país tiene un tinte de selectividad y desproporción respecto a las responsabilidades penales. De paso, la iniciativa contempla la instrucción del cese inmediato de las investigaciones contra violadores de derechos humanos, la suspensión automática de condenas emitidas y la libertad automática de quienes están en prisión preventiva.
El promotor de la idea es el representante por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) Fernando Linares Beltranena. A este le siguen su compañero de bancada Manuel Conde Orellana, así como cinco integrantes del bloque oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación): Estuardo Galdámez, Claude Harmelin, Armando Melgar Padilla, Javier Hernández Ovalle y Javier Hernández Franco. El grupo también lo integran José Ubico, de la bancada Todos; Delia Bac y Eva Monte, de Alianza Ciudadana (AC); Jaime Regalado, del Movimiento Reformador (MR); Julio Lainfiesta, de la Unión del Centro Nacional (UCN), y Boris España, independiente.
Salvo España y Linares, el ponente, el resto avaló el llamado pacto de corruptos que en septiembre intentó hacer pasar una reforma que garantizaba impunidad a congresistas a quienes se señalaba de corrupción. De igual forma, tres de los integrantes, Melgar Padilla, Galdámez y Hernández Ovalle, son militares retirados que no están exentos de ser investigados por diversos hechos constitutivos de delito.
La procura de impunidad no es algo novedoso. De hecho, ha sido la tónica a partir de que por fin se inicia la aplicación de justicia por graves delitos contra la humanidad. En todo el período del conflicto armado interno, más de 240 000 personas fueron asesinadas o desaparecidas por una de las partes enfrentadas. De acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala: memoria del silencio, presentado en 1999, el 93 % de dichos crímenes son atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado y a grupos paramilitares afines a este. De lo que queda, el 4 % es atribuible a la insurgencia, mientras que con el resto es imposible determinar responsabilidades. Esa diferencia se refleja también en el número de casos impulsados, ya que, por cada diez procesos, nueve implicarían a miembros del Estado o de grupos privados patrocinados o tolerados por este.
Así pues, el argumento esgrimido por el pelotón de la impunidad para promover su reforma, de que se persigue solo a militares, y no a miembros de la insurgencia, no es válido. Hay, de hecho, una sentencia en firme contra un exmiembro de la guerrilla sindicado por una masacre. No hay más de diez condenas definitivas en casos atribuidos a integrantes del Ejército, de las fuerzas de seguridad o de escuadrones paramilitares. Hay muchos casos en proceso en los que las víctimas se han esforzado por aportar evidencias y apoyar con peritajes científicos la comprensión de los hechos. En el caso de las acusaciones contra supuestos miembros de la guerrilla, más allá de presentar la queja, no ha habido mayor aporte y en su mayoría se trata de acusaciones espurias con fines de amedrentamiento a defensores de derechos humanos.
Así las cosas, y al querer eliminar la persecución penal de crímenes contra la humanidad durante el conflicto armado interno y negar que se cometió genocidio, el pelotón de los 13 congresistas se convierte en una especie de bancada proimpunidad contra la justicia. Toca a las bancadas o a los congresistas sin compromiso con el pacto de corruptos no considerar esta iniciativa antiderechos y mandarla al cajón de los rechazos.
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