Tomó 19 meses lograr que el Congreso de la República aprobara una de las denominadas “leyes de transparencia.” Contiene reformas importantes a la Ley Orgánica del Presupuesto, en las que destacan: la vigencia permanente de las normas que eran aprobadas anualmente en el presupuesto; se prohíbe gradualmente la contratación de ONG; la Ley de Contrataciones del Estado se aplicará gradualmente a los fideicomisos; por primera vez se sancionan las violaciones a esta Ley Orgánica, en particular se sanciona penalmente la “deuda flotante” y las constancias de disponibilidad presupuestaria y financiera quedan como obligaciones permanentes; se transparentan las transferencias presupuestarias y el gasto ejecutado por los consejos de desarrollo; y la permanencia de los clasificadores presupuestarios temáticos (género, niñez y adolescencia, pueblos indígenas, etc.), entre otras.
Entre las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas destacan: facultad para fiscalizar a los fideicomisos y a las ONG; incremento presupuestario del 0.7% al 1% de los ingresos ordinarios del Estado; auditoría independiente a la Contraloría; y, se sanciona la resistencia a la acción fiscalizadora. En las reformas a la ley Orgánica de la SAT destaca el fortalecimiento a sus facultades para el combate al contrabando y a la defraudación aduanera; se eliminan los directores vitalicios, estableciendo un mecanismo de elección periódica; y, se mejora la definición de las metas de recaudación.
Estas medidas son correctas y necesarias: estaremos mejor con ellas que sin ellas, y no están mal como condición para la aprobación de un préstamo que, de todas formas, ya está presupuestado y es necesario para salir del agujero fiscal en el que el gobierno tropezó. Ahora bien, estas reformas no son perfectas ni tampoco resuelven totalmente el problema de la corrupción, por lo que es imperativo no relajar el esfuerzo y el trabajo por la transparencia.
El primer desafío luego de la aprobación de la ley, es velar por su cumplimiento. Porque, de hecho, algunas de las normas aprobadas tienen el propósito de llenar vacíos legales para castigar el incumplimiento de normas que ya estaban vigentes antes de esta reforma. Todo el lío de la “deuda flotante” se debe a un problema de impunidad: pese a la vigencia de normas que lo prohíben, durante años muchos funcionarios públicos adquirieron compromisos de gasto público sin crédito presupuestario, pero hoy permanecen impunes.
Luego, el resto de la agenda legislativa. Faltan importantísimas reformas legales como la regulación del secreto bancario, una ley de fideicomisos públicos (aún y cuando las reformas aprobadas ya contienen algunos avances), las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, a la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos (sin las cuales la Ley Contra la Corrupción, mejor conocida como “ley contra el enriquecimiento ilícito,” no se puede aplicar plena y correctamente), a la Ley de Servicio Civil, y un largo etcétera.
Y quizá lo más importante, falta que la ciudadanía se involucre más. El proceso para la aprobación que concluyó el jueves pasado también fue un avance en este sentido. Organizaciones de la sociedad civil como el Icefi y el resto de la Alianza por la Transparencia, o la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo jugaron un papel central de acompañamiento y apoyo técnico.
La aprobación del Decreto 13-2013 no sólo es importante por su contenido, sino también porque demostró que la ciudadanía organizada y respaldada técnicamente sí puede incidir a favor de sus intereses. Toca no bajar la guardia ni el empeño por la transparencia.
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