Así, una forma de evaluar el inicio del gobierno de Pérez Molina es analizar su agenda fiscal. Solo días después de la victoria electoral del 6 de noviembre logró que el Congreso aprobara el presupuesto para este 2012, ajustado a sus promesas electorales. Duplicó el presupuesto del Ministerio de Agricultura para cubrir los costos del programa “Hambre cero” y le quitaba el programa de los fertilizantes a los tenebrosos y oscuros fideicomisos.
Siguió una sucesión de victorias parlamentarias: la aprobación de los préstamos que se le negaron al gobierno de Colom, el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo Económico y Social, el Estatuto de Roma y, con enorme impacto en la agenda fiscal, la ley Antievasión II y la ley de Actualización Tributaria. Tal como lo prometió en campaña, con estas dos leyes se aprobaba una reforma tributaria que en términos generales coincide con lapropuesta en 2008 por el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (la última comisión del pacto fiscal), con lo cual nuestro país se ponía al día en materia tributaria ¡incluso sacándole ventaja a Costa Rica!
Sin embargo, el combustible político empezó a agotarse, y al final del primer semestre de gestión, el nuevo gobierno sufre ya preocupantes tropiezos. El fallido intento de declarar el estado de emergencia en el sistema de salud terminó en un escándalo por compras directas de medicamentos, violando la Ley de Contrataciones del Estado. El Ministerio de Agricultura causó enorme controversia por compras anómalas de fertilizantes, retrocediendo lo avanzado al volver a la opacidad de los fideicomisos, ha cedido gran parte de su presupuesto, incluso reduciendo la asignación presupuestaria para el programa “Hambre cero”.
El Ejecutivo presentó una propuesta de reformas para la transparencia, pero prácticamente la dejó abandonada y olvidada en el Congreso. Gravísimos intentos por politizar y manipular cambios de funcionarios, siendo uno de los más escandalosos el caso en la SAT. La propuesta de reforma constitucional padece ya el estigma de distractor que en su momento sufrió la resonada propuesta para despenalizar las drogas. Y la principal oferta electoral, la seguridad, está resultando ser un problema mucho más complejo que ofrecer desde una tarima.
Los retrocesos en lo poco avanzado van más allá del escándalo del programa de fertilizantes. La reforma tributaria está bajo amenaza, ante propuestas y acciones que buscan más privilegios fiscales injustificados, gestiones en el Congreso para aprobar nuevos decretos para debilitarla e impugnaciones ante la Corte de Constitucionalidad. La reforma a la carrera magisterial pasó de algo necesario a un ignominioso ejemplo de incapacidad para dialogar y brutalidad policial.
En vez de ser un gobierno de unidad y con certeza en sus acciones, cada vez emerge pública y claramente el alto grado de fragmentación del actual gabinete de gobierno. Pugnas internas por los grandes “negocios” con el Estado, el forcejeo por ser el próximo candidato oficialista, los hombres del presidente versus lo allegados a la vicepresidenta o a los financistas de campaña (actuales y futuros).
O sea, más de lo mismo y poco del cambio ofrecido. Luego del ímpetu inicial, a solo seis meses de gestión, el gobierno de Pérez parece un boxeador aturdido luego de un golpe de realidad guatemalteca. Por cada paso adelante que logró, pareciera estar dando tres atrás.
Debe hacer un alto y reflexionar que el cambio que ofreció requiere de la valentía y la humildad de aprender de sus errores y corregir el rumbo. Ahora que está a tiempo y antes que sea demasiado tarde.
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