El poder que paulatinamente acumuló Ortega le permitió quedar impune de un acto atroz de pederastia y violencia sexual. Contó para ello con la complicidad de su principal aliada y hoy vicepresidenta, su esposa Rosario. Esa dupla que han formado trasciende el ámbito meramente conyugal y sostiene ahora una alianza política que ha destruido la institucionalidad en Nicaragua.
Mientras cuatro décadas atrás fue abanderado de una joven revolución en el continente, ahora Ortega traiciona todos los preceptos del movimiento por el cual alcanzó el poder en 1979. Con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un grupo de combatientes, jóvenes o adultos jóvenes en su mayoría, inició el desafío de transformar las arcaicas estructuras de la dictadura somocista en un nuevo proyecto. Sin embargo, ya sea por el origen de clase, por la falta de solidez de sus principios revolucionarios o por la embriaguez del poder, Ortega se enajenó.
Luego de perder la presidencia contra Violeta Barrios en 1990, el político se transformó y adaptó a las nuevas formas no revolucionarias. Estableció alianzas y acuerdos que lo llevaron a un pacto con Arnoldo Alemán. Desde entonces, con celo de ajedrecista preparó su retorno a la presidencia en 2007.
Catorce años han transcurrido desde entonces y sucesivas elecciones lo han mantenido como gobernante. Mediante el control de la Asamblea Legislativa (Parlamento) se garantizó las reformas legales que le permitieran reelegirse una y otra vez. En la más reciente elección llevó a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, y desde entonces ambos gobiernan con mano dura e imponen su ley a sangre y fuego.
Aunque en noviembre de este año debe haber nuevos comicios, difícilmente se realizarán en un marco democrático. Al movimiento que en 2018 se alzó contra las políticas gubernamentales, Ortega y Murillo le respondieron con una brutal represión. Cárcel, tortura, crímenes contra deberes de humanidad (negación de alimento y de medicinas a personas privadas de libertad), censura férrea, violencia sexual, diseminación de discurso de odio y deslegitimación de derechos esenciales como reunión, manifestación y protesta son algunas de las prácticas del régimen.
[frasepzp1]
En junio, a menos de un semestre de las elecciones, arremetieron contra las principales figuras que desde la oposición podrían disputarle la presidencia. Así, Cristiana Chamorro Barrios, hija del periodista asesinado por Anastasio Somoza, Pedro Joaquín Chamorro, y de la también periodista Violeta Barrios, quien derrotó a Ortega en 1990, está secuestrada en su vivienda, privada de libertad por el Gobierno. Como ella, otras cinco figuras de oposición se encuentran en prisión por disposiciones de una entidad fiscal que violenta todas las normas de procedimiento en materia de derecho y de derechos.
La agresión ha ido también contra la prensa independiente. A profesionales que dirigen medios de comunicación no aliados al régimen se les ha citado a declarar sobre sus fuentes de financiamiento, fuentes de información y contenidos publicados. A quienes se niegan a mentir para incriminar a Chamorro Barrios, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios, se les modifica el estatus y, en lugar de tomar su testimonio, se les acusa de varios delitos. En acciones y operativos de terror montados en horas de la noche, la policía y grupos parapoliciales y paramilitares sostenidos por el Gobierno allanan las viviendas de sus víctimas, llevan a estas a prisión y les roban equipos y dispositivos de trabajo. Mediante comunicados oficiales sustentan sus actividades en las leyes que convenientemente se recetaron Ortega y Murillo antes de su embestida. De manera arbitraria, mediante dichas normas hicieron ilegal el ejercicio de derechos.
Han impuesto un orden de terror y han forzado al desplazamiento o al exilio. Han impuesto censura total a los medios y a la sociedad. Han instalado retenes migratorios en las salidas de las principales ciudades, no necesariamente las fronterizas, sino de todo el país. Han metido a la sociedad nicaragüense en una enorme prisión llamada Nicaragua. Pero lo que ni Ortega ni Murillo saben es que, pese a todo el poder y al terror que ahora imponen, al final de cuentas quienes van a terminar con el país por cárcel serán ellos y su régimen de terror, violencia, corrupción e impunidad.
Más de este autor