Un país a la deriva

Más que notoria resulta la incapacidad de quienes deberían atender responsablemente las distintas áreas del aparato del Estado. Si un candidato debe rodearse de personas de toda su confianza para hacer conocer su propuesta, llegado al poder tiene la obligación de nombrar a los más capaces, y no a los amigos. Pero el actual gobernante ha demostrado que para él lo normal es dar propinas a los suyos y que no le importan un comino las capacidades de los nombrados. El poder público es para él una simple piñata en la que mete la mano para sacar confites que luego reparte a sus cómplices y aliados.

Colocar en la dirección de la Conred a un médico que ni siquiera ha validado su título en el país, y con lo cual comete el delito de usurpación de calidades, ha traído como consecuencia cientos de muertos y desaparecidos en la primera emergencia que le ha tocado atender.

Pero ese solo es el botón de muestra, pues adonde se mire se descubren incapacidad, oportunismo, irresponsabilidad, como el caso del ministro de Ambiente, quien cínicamente acepta no saber nada del asunto, pero que eso a él y a su jefe los tiene sin cuidado.

La demagogia ha sido, al final de cuentas, la principal característica del gobernante y de su grupo, detrás de la cual esconden su tendencia al uso ilegítimo y descarado de los recursos públicos para su personal y particular beneficio, así como su conducta delincuencial en el proceso electoral en el que resultaron elegidos. Nada de bueno han podido realizar en sus ya largos y caóticos 29 meses de gobierno. Mucho de irresponsable y de dañino han producido.

Los nombramientos por compadrazgo y amiguismo, eso que se conoce como tráfico de influencias, no solo limitan y atrofian el funcionamiento de las instituciones, sino también dañan a los ciudadanos que tienen derecho a esos servicios. La ineficiencia y la corrupción en los ministerios de Agricultura, Ambiente y Comunicaciones son causa directa del desmantelamiento y la destrucción de los bienes y recursos físicos y naturales que son de todos los guatemaltecos. El uso clientelista y oportunista del Ministerio de Desarrollo impide, cada día más, que millones de guatemaltecos consigan salir de la pobreza extrema. La actitud cómplice, por decir lo menos, de los ministerios de la Defensa y de Gobernación ante los asesinatos de líderes comunitarios y ante la ampliación del crimen organizado mantiene al país en zozobra permanente.

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Morales y su grupo no han conseguido ni siquiera ofrecer una solución digna a los cientos de sobrevivientes de la catástrofe volcánica, pero sí han procedido aceleradamente a comprar barcos y a exigir una ampliación presupuestaria para el Ejército. En su absurdo comportamiento de entender los recursos públicos como un loteriazo privado, no cejan en defender a sus funcionarios incapaces, a quienes mantienen en los cargos porque eso los beneficia, y no les preocupa cuánto daño esos funcionarios le están causando al país.

Guatemala ha entrado en un proceso de fracaso económico y político riesgoso. Los afectados por los lahares incandescentes, que se han quedado sin vivienda y medios de sustento (pues agricultores y pequeños comerciantes lo perdieron casi todo), no están pidiendo limosna o caridad. Exigen responsabilidad pública y eficiencia del Estado. Pero las respuestas efectivas no han llegado. Conforme el susto y el pesar público desaparezcan, la solidaridad individual dejará de fluir y los damnificados se encontrarán, de nuevo, en el abandono e intentarán sobrevivir con lo que encuentren. Algunos, los más desesperados, intentarán escapar hacia Estados Unidos, donde pueden encontrar la muerte a manos de algún guardia fronterizo envalentonado, como le sucedió a Claudia Gómez.

La Guatemala de hoy, la de ayer, la de antes, ya no puede ni debe ser reconstruida. Como afirmara Manuel Colom Argueta cuando el terremoto de 1976, debemos avanzar en un inmediato y efectivo pacto interclasista para construir la Guatemala de todos y para todos, la que nos haga solidarios ante el futuro (y no simplemente en las catástrofes), la que nos permita tener escuela y salud digna para todos, la que haga de la migración solo una opción, y no una necesidad. Y es evidente que, en este pacto, delincuentes y criminales como Jimmy Morales y sus cómplices no tienen cabida.