La denuncia que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) destaca que la togada literalmente se hizo la loca para evitar emitir las órdenes respectivas, diligencias que resultaban vitales para ahondar en la investigación y encontrar evidencias que permitieran documentar las acusaciones, establecer vínculos y procesar a los responsables. Los días perdidos gracias al tortuguismo de Sierra de Stalling podrían resultar irrecuperables.
Otras jefas de tribunal como Carol Patricia Flores y Jisela Yadel Reinoso Trujillo, al igual que Adrián Rodríguez y el magistrado Erick Santiago de León, han sido señalados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de delitos como lavado de activos, prevaricato e incumplimiento de deberes.
Son una pequeña muestra del universo de la alta investidura judicial en manos de personas faltas de escrúpulos, protectoras de intereses particulares. Esta situación queda totalmente expuesta en las judicaturas que procesan a líderes comunitarios para satisfacer las exigencias de las empresas de la industria extractiva. Superan la centena los defensores del territorio encarcelados merced a la colusión de jueces y juezas con los empresarios.
No es un secreto que, durante el proceso de comisiones de postulación para integrar las salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hubo influencia de grupos vinculados al poder político. Tal es el caso del expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez, hoy procesado por corrupción, desde cuya oficina se controlaron los fondos para ganar voluntades.
El interés del Ejecutivo dirigido por el Partido Patriota (PP) quedó al descubierto cuando la entonces magistrada Claudia Escobar denunció y evidenció cómo el diputado oficialista Gudy Rivera intentó sobornarla. Rivera le dio a entender a Escobar que, si modificaba su resolución para que la exvicepresidenta Roxana Baldetti ocupara simultáneamente la secretaría general del partido y la segunda posición en el Ejecutivo, podría resultar reelecta en la magistratura.
Aunque resultó designada, Escobar renunció a la posición otorgada como muestra del rechazo de una ciudadana a la corrupción que empañaba la elección en la CSJ y las salas de apelaciones. Junto con ella, otras juezas y otros jueces rechazaron la corrupción en el sistema de justicia y plantearon la necesidad de sanearlo. Escobar debió salir del país y enfrentar acciones en contra de su padre, originadas en el IGSS, presidido por Rodríguez.
El manto de vergüenza que empaña la acción de la justicia en Guatemala no abarca a todos los juzgadores. Si bien los administradores de justicia que venden la investidura que les otorga la sociedad son muchos, no son la totalidad. De ahí que, mediante la iniciativa de Claudia Escobar, Patricia Galdámez y María Cristina Fernández, en alianza con el Instituto de la Judicatura, se dé paso a un movimiento social, desde las juezas y los jueces, para sanear la impartición de justicia.
Con el nombre de Manos Limpias por la Justicia, el proyecto se encamina a convocar a servidores y servidoras del Organismo Judicial a conducirse mediante un pacto contra la impunidad y por la independencia. Pretende también llegar al Ministerio Público, al Instituto de la Defensa Pública Penal y al gremio de abogadas y abogados.
A la afrenta recibida por el intento de soborno y la persecución, las juezas responden con una propuesta de dignificación de la comunidad profesional vinculada a la judicatura. De esa manera, corresponde dar la bienvenida y saludar la llegada de las Manos Limpias por la Justicia, que serán manos hermanas de la sociedad y de la nueva Guatemala.
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