Las palabras del ministro Contreras se refieren a un fenómeno del cual todos somos testigos: solamente uno de cada seis trabajadores en Guatemala tiene condiciones decentes en su trabajo. Mientras tanto, la inequidad se hace más profunda –un coeficiente de Gini de 0.74 no es gratuito– y la informalidad abarca a más del 75% de quienes trabajan, en condiciones de irrespeto de las garantías más básicas, destacando el incumplimiento del salario mínimo y la falta de libertad sindical, especialmente en las agroindustrias de exportación.
En este marco, la demanda del DR CAFTA no es un elemento nuevo –esta columna le ha dedicado algunos espacios–. A partir de 2010, cuando el USTR anunció su intención de llevar a Guatemala a un panel arbitral, se han producido varios episodios de tira y afloja, que llevaron a pensar que con el plan de acción ofrecido por el gobierno de Guatemala –justamente por el ministro Contreras– el peligro había pasado. Sin embargo, la falta de aprobación de las reformas legislativas incluidas en el plan de acción, que se refieren a la potestad de imponer sanciones de la Inspección del Trabajo, ha llevado al gobierno de los Estados Unidos a reactivar su petición, para beneplácito de la AFL CIO que ha seguido este caso desde su mismo inicio.
El proceso arbitral presentará algunos episodios de gran interés para los estudiosos del derecho del trabajo. Guatemala es el primer país demandado en el marco de los tratados de libre comercio, y la novedad hará que exista la atención de varios países, que buscarán las lecciones aprendidas del caso para evitar que nuevos casos prosperen en el futuro.
Sin embargo, el proceso es complejo. Lo que el gobierno de los Estados Unidos debe probar es no solo que existen violaciones sistemáticas y comprobadas a los derechos laborales, sino que estas violaciones perjudican al comercio internacional entre los dos países. La tarea no parece sencilla: probar un gigantesco caso de social dumping por parte del sector formal de Guatemala, que estaría buscando en el incumplimiento laboral una ventaja para introducir sus productos en el mercado norteamericano, en condiciones de competencia desleal sobre los productores de ese país.
Las líneas anteriores dan combustible a quienes, especialmente desde el sector privado de Guatemala, piensan que es posible ganar el arbitraje. Sin embargo, si se suman casos como la falta de cumplimiento de sentencias de reinstalación de trabajadores, los asesinatos de líderes sindicales y el incumplimiento generalizado del pago del salario mínimo, la evidencia parece ir sumando. Pero que nadie se engañe a sí mismo, el arbitraje de este caso tiene un alto contenido político, que lo define.
Por cierto, el foro fue organizado por Intrapaz, y el INET, Instituto de Estudios del Trabajo, entidad nueva en nuestro medio, sobre diagnosticado según algunos, pero que pocas veces resiste la prueba del rigor académico, como suele suceder con materia laboral. Ojalá veamos pronto una línea de investigación en materia de relaciones laborales, uno de los grandes vacíos de la región centroamericana.
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