Los medios de prensa fueron prolijos en mostrar las detalladas explicaciones del juez sobre los elementos de convicción que obraban en el proceso. Con paciencia de docente, se auxiliaba de elementos didácticos para analizar los aspectos de un caso sumamente difícil por su entramado de red criminal.
La misma actitud desarrolló durante el tratamiento del caso conocido como Diario Militar, que involucra en esta fase a nueve militares retirados y policías. Un nuevo inculpado es Toribio Acevedo Ramírez, ex jefe de seguridad del monopolio de Cementos Progreso.
Si bien desde el inicio de los casos contra implicados en el caso La Línea, el juez Gálvez enfrentó presiones, campañas de difamación y solicitudes de antejuicio, estas se intensifican a raíz de la disposición de enviar a juicio a los implicados en el Diario Militar. Especialmente cuando ordena continuar la investigación contra Acevedo Ramírez, quien fue capturado por la Interpol en Panamá, cuando buscaba viajar a Europa.
A partir de entonces, se han sucedido acciones que involucran actores estatales y no estatales, encaminadas a eliminar la inmunidad al juez Gálvez. La voz cantante, para variar, la lleva la entidad que ha sido mascarón de proa en la criminalización de operadores y operadoras de justicia: la Fundación contra el terrorismo (FCT).
La FCT, que ha llegado a tener pase libre en el octavo nivel del Ministerio Público (MP), donde funciona la jefatura de este, suele hacerse cargo, como dice, del trabajo sucio de la criminalización. Para lograr su propósito, la FCT cuenta con el apoyo del MP y con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), particularmente de la presidenta de esta. Con esas credenciales, utiliza redes sociales, especialmente Twitter, para anunciar sus acciones y, coludida con otros perfiles al servicio de la impunidad, diseminan discurso de odio, difaman a sus víctimas y presumen del poder que les facilita los recursos de su mecenas.
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El hostigamiento contra el juez Gálvez es permanente y sostenido. Busca con esta acción, asegurarse que le sea retirado el derecho de antejuicio a fin de criminalizarle y garantizar impunidad para los procesados en su judicatura. No han descansado en mentir y generar una falsa narrativa en aras de justificar la acción penal espuria, como lo han hecho con las otras personas procesadas al amparo del accionar de la FCT.
Cual verdugos medievales se erigen con la guillotina de la impunidad en el cadalzo de la corrupción para cercenar la vida profesional de un hombre honorable e intachable, como jamás podrán serlo sus victimarios.
Sin embargo, si algo es conocido dentro y fuera de Guatemala, es la enorme calidad profesional y humana del honorable juzgador, Miguel Ángel Gálvez. Es y ha sido una persona, un hombre de honor de quien el sistema de jusiticia y la sociedad guatemalteca deben sentir orgullo. En un entorno permeado por la corrupción y dominado por la impunidad, la presencia de Miguel Ángel Gálvez en la judicatura representa un respiro para la justicia. Por eso es indispensable que la CSJ deje de servir al crimen y responda garantizando que el juzgador pueda llevar a cabo sus funciones en total independencia, sin amenazas espurias, tal y como lo demandan la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
Guatemala necesita más personas como Miguel Ángel Gálvez en el sistema de justicia. Que figuras como la suya y la de la jueza Éricka Aifán sean la norma y no la excepción. Para ello, hace falta que de una vez por todas, derrumbemos la muralla de la impunidad y sepultemos el estado de la corrupción.
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