Para empezar, como si no fuera suficiente escándalo la sucesión de actos de corrupción, el Gobierno preparó el proyecto de presupuesto a puerta cerrada y de espaldas a la ciudadanía. Esto no solo violenta estándares de transparencia y apertura presupuestaria, sino además, y quizá más importante, atenta contra un principio democrático básico: este no es su presupuesto, sino el de toda la nación. Es nuestro presupuesto. Y como tal, el Gobierno tenía mucha obligación de exponerlo al escrutinio público desde hace meses.
El contenido de su propuesta de política fiscal para 2014 evidencia una crisis en las finanzas públicas en un tiempo en el que no hay crisis económica. El Ejecutivo proyecta una carga tributaria de solo 11.4 %, por debajo del 12.1 % de 2007 y casi sobre el 11.3 % de 2008 (los años anteriores a la Gran Recesión Mundial de 2009-2010), no porque la reforma tributaria haya caído en la Corte de Constitucionalidad o porque las empresas estén pagado menos ISR (a agosto de 2013 han pagado 33 % más que en igual período de 2012), sino porque el mismo Ejecutivo está desmantelando su propia reforma tributaria (el retroceso en el impuesto de circulación de vehículos, el bloqueo a la Ley Aduanera Nacional, etcétera). Pero quizá el tiro de gracia a los ingresos públicos sea la corrupción que galopa vigorosa e impune en el sistema aduanero.
Como agravante, la dependencia del Gobierno del endeudamiento público es cada vez más crítica. Y acá le pesa la torpeza del intento de los bonos para pagar la deuda flotante, porque ahora se ve que, además de embarrar los préstamos presupuestados en 2013, también cercenó las posibilidades de financiamiento en condiciones favorables para 2014. Los desembolsos de préstamos a tasa de interés baja y plazo largo pasarían de financiar el 47 % del déficit fiscal, según se propuso para 2013 (con la aprobación de los préstamos que se tornaron políticamente inviables con los bonos para la deuda flotante), a solo 17 % en 2014. Esto significa que la gran mayoría del déficit fiscal de 2014 (82 %) se financiará con Bonos del Tesoro a tasas más altas y plazos más cortos que los de los préstamos.
Y con ingresos magros, corrupción y deuda insostenible, no queda mucho espacio para mejorar la calidad y cobertura del gasto público. Como porcentajes del PIB, el Ejecutivo propone incrementar la asignación de gasto para el servicio de la deuda pública y para el Ministerio de Educación, básicamente para atender el incremento salarial acordado con el magisterio. Propone reducir el presupuesto para los ministerios de Salud y de Comunicaciones, las secretarías y otras obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. El resto de entidades del Ejecutivo se quedaría con la misma asignación de gasto (como porcentaje del PIB).
Sin transparencia, ingresos insuficientes, endeudándose de manera insostenible y sin posibilidades de incrementar la calidad y efectividad del gasto público, el Gobierno se encuentra fiscalmente de rodillas y al borde del colapso financiero. Este escenario hace creíble que el oficialismo no tiene intención alguna de lograr la aprobación del presupuesto para 2014, ya que, ante la debacle, le conviene más no asumir el reto de avanzar y quedarse donde está, o incluso retroceder. Vaya panorama…
Esta es la factura por errores como los del impuesto de circulación de vehículos, la amnistía fiscal o, el peor, los bonos para la deuda flotante. ¿Será que el presidente y el Partido Patriota están aprendiendo la lección? ¿Enmendarán combatiendo la corrupción e impulsando una política fiscal responsable?
Más de este autor