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Un gancho al hígado para Byron Lima Oliva

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De 975 traslados, solo 216 fueron solicitados por jueces competentes. El resto, 759 casos (77.85%), fue por orden de la Dirección General.
El capitán fue más allá: acusó a López Bonilla de exigir una cuota semanal por cada centro penitenciario.
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Un gancho al hígado para Byron Lima Oliva

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Tras más de un año de investigaciones, la Cicig, bajo el mando del fiscal colombiano Iván Velásquez, hizo lo que ninguno de los tres últimos Gobiernos habían podido: desmantelar una red criminal supuestamente dirigida por el excapitán del Ejército, Byron Lima Oliva, considerado el reo más poderoso de Guatemala. El golpe de la Cicig pone en aprietos al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y aleja la ansiada redención de pena esperada por el exmilitar acusado del asesinato de monseñor Juan Gerardi.

La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) puso contra la pared al excapitán del Ejército, Byron Miguel Lima Oliva, condenado en 2001 por el asesinato del Obispo Juan José Gerardi, al descubrir una red criminal que funcionaba al interior de las cárceles guatemaltecas supuestamente liderada por éste, y en la que estaba involucrado, entre otros, el titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Edgar Josué Camargo Liere, quien según las investigaciones recibía de Lima Oliva, no menos de US$6 mil por cada transferencia de privados de libertad de una prisión a otra, la principal actividad delictiva a la que se dedicaba esa red.

Lima Oliva ha sido considerado por diferentes autoridades de seguridad pública y penitenciaria del país, en al menos los últimos tres gobiernos, como uno de los reos con mayor poder dentro de las cárceles guatemaltecas y se le ha acusado de “gobernar” con puño de hierro en el Centro Preventivo para Hombres Pavoncito, donde dirigía la estructura criminal. Desde hace más de una década, sobre Lima Oliva pesan sospechas sobre su responsabilidad en supuestos delitos cometidos al interior de los recintos penitenciarios, pero hasta ahora nadie pudo probarle ningún ilícito.

El Ministerio Público (MP) abrió a lo largo de ese período doce investigaciones penales en contra de Lima Oliva por casos que van desde amenazas, extorsiones y agresiones, hasta tráfico de drogas, pero todas fueron desestimadas, archivadas o no se obtuvieron pruebas suficientes para llevarlo ante un juzgado. La última vez que Lima Oliva acaparó los titulares de los diarios fue en febrero de 2013, tras ser descubierto en un caso por evasión a la justicia, coludido con autoridades penitenciarias, que fue desestimado en la primera etapa judicial. Todo terminó con la destitución del entonces titular de la DGSP y la directora de Pavoncito. Lima Oliva regresó a su feudo y, a fuerza de recursos de apelación, nunca pudo ser trasladado a una penitenciaria de máxima seguridad, como lo solicitaba el Ministerio de Gobernación.

Ahora, la Cicig asegura tener elementos de prueba suficientes para procesar a Lima, quien esperaba que el viernes 5 de septiembre se cerrara una causa pendiente por falsificación de documentos para luego solicitar la redención de la pena de 20 años de prisión que cumple por el asesinato de Gerardi. La fiscal general Thelma Aldana encabezó la conferencia de prensa, el miércoles 3 de septiembre, en la que se dieron a conocer las líneas generales de una investigación iniciada hace más de un año. Ésta incluyó la revisión de documentos internos de la DGSP; intervenciones telefónicas; seguimiento del movimientos de dinero, vehículos y personas; y verificación de compras y traspasos de inmuebles, entre otras diligencias.

Según dijo Aldana, había 13 personas acusadas de traslado indebido de privados de libertad a cambio de pagos en dinero o bienes inmuebles, además de un funcionario señalado por incumplimiento de deberes. A la cabeza de la red estaba Lima Oliva. Bajo él, siete supuestos integrantes de una poderosa estructura criminal, entre ellos, Camargo y seis civiles: Carlos Cermeño Espina, José Ávila Mazariegos, William Estuardo Salguero Tobar, Christian René Picón Cifuentes, Martín Arévalo Godoy y Alejandra Saraí Reyes Ochoa.

Edy Fisher Arbizú, exsubdirector general del sistema, quien también fue detenido, fue acusado de incumplimiento de deberes. Le atribuyeron comunicaciones telefónicas con el capitán, pero no se ahondó en el contenido de éstas. “No se tiene pruebas que haya participado en los traslados”, reconoció después el jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez Gómez.

La Cicig asegura que los privados de libertad Fabio Campos Morales; Juan Fernando de León Amézquita; Andy Cristian Urbizú Castillo y los hermanos Silverio Otto Guillermo Chicas de León y Edgar Enrique Chicas de León, pagaron a la estructura de Lima para ser trasladados del Centro de Detención Preventiva de la zona 18 a Pavoncito, con órdenes especiales firmadas por Camargo en diferentes momentos de 2013 y 2014.

A Camargo se le acusa de cohecho pasivo –haber recibido sobornos–, asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero. El allanamiento de su casa fue sólo uno de los procedimientos realizados el 3 de septiembre, por 15 equipos de fiscales y policías de manera conjunta en diferentes residencias, negocios y en las oficinas de la DGSP, en la zona 1 de la capital.

El primer golpe del comisionado Velásquez

Desde la salida del anterior jefe de la Cicig, el costarricense Francisco Dall'Anese, en septiembre de 2013, esa instancia de las Naciones Unidas había tenido un perfil bajo. A Velásquez no se le vio beligerante en la revisión de expedientes de las comisiones de postulación, como lo hizo Carlos Castresana, el primer comisionado, en 2009 y 2010; ni había hecho denuncias, como las del informe “Jueces de la impunidad”, presentado por Dall'Anese en noviembre de 2012.

Velásquez Gómez ha dicho que prefiere hacer investigaciones que dar declaraciones. Pero el miércoles 3 de septiembre habló con los periodistas del poder de Lima Oliva: “En ocasiones, el poder de convictos, de reclusos, ha dado lugar a que se realicen acciones de diverso orden en los que se cobra por beneficios”, dijo. Hablaba de beneficios que iban desde las mínimas condiciones de seguridad hasta privilegios “incompatibles en cualquier sistema penitenciario del mundo”: control de visitas, uso de teléfonos celulares, manejo de negocios internos y negociaciones para traslados. “Sólo hay que ver su cuenta en Facebook para ver el poder que ostenta.”

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“Lima Oliva imparte órdenes a otras personas para lograr el traslado de reos a cambio de lo cual obtiene pagos que son compartidos con los que intervienen para hacer efectivo estas acciones”, afirmó Velásquez Gómez. Según la investigación, que inició por el traslado de Fabio Campos Morales, acusado de tráfico de drogas, la estructura funcionaba así: Salguero Tobar —excuñado de Lima Oliva y detenido con él en febrero de 2013—, Ávila Mazariegos y Cermeño eran los encargados de contactar a los reos, negociar los pagos que podrían alcanzar hasta los US$100 mil (cerca de Q880 mil) y cobrar. Lima Oliva hacia las solicitudes de traslado a Camargo. Luego Cermeño entregaba la parte que le correspondía al Director General, que no bajaba de US$6 mil (cerca de Q53 mil).

Para lograr los traslados, Camargo empleó de un resquicio en la Ley del Régimen Penitenciario. Según el artículo 8 de esa normativa, toda pena de cualquier reo está bajo el control de los jueces de ejecución y de los jueces respectivos para el caso de personas en prisión preventiva; y son los únicos que pueden autorizar un traslado de un centro penitenciario a otro o a un centro médico asistencial. Aun así, la ley permite que en caso de emergencia, la DGSP disponga los traslados, siempre y cuando de cuenta inmediata al juez correspondiente.

Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) con base a estadísticas oficiales, el número de casos de traslados por emergencia aumentó a partir de septiembre del año pasado hasta marzo de este año. De 975 traslados, solo 216 fueron solicitados por jueces competentes. El resto, 759 casos (77.85%), fue por orden de la Dirección General.

La Cicig determinó que Salguero Tobar, junto a Arévalo Godoy, Reyes Ochoa y Picón Cifuentes —exdirector de la granja penitenciaria Canadá, en Escuintla, y contratado en el primer semestre de 2014 como asesor bajo renglón el 189 en el Ministerio de Gobernación— eran testaferros para la adquisición de propiedades y vehículos. En manos de Alejandra Saraí Reyes Ochoa, la pareja sentimental de Lima Oliva, quedaba la administración de los bienes y el manejo de las cuentas bancarias.

“Obtuvo ingresos importantes en lo que hemos detectado y esperamos que la investigación pueda concretar más resultados”, dijo Velásquez Gómez, quien aseguró que las propiedades y vehículos están registrados a nombre de sus colaboradores directos, pero que se tenía toda la documentación para probar que el verdadero propietario es Lima Oliva. Según el comisionado, hay actos que demuestran la capacidad de administración o de control sobre estas propiedades; además que los que figuran como propietarios no tienen capacidad económica de ello.

Según la Cicig, los testaferros de Lima Oliva tenían seis propiedades, incluyendo una casa en la playa, nueve vehículos de lujo, dos vehículos para transporte de visitantes dentro del preventivo Pavoncito, un spa y nueve caballos de raza. Velásquez Gómez aseguró que la próxima semana se enviarán el caso al Juzgado de Extinción de Dominio.

La incomodidad del Ministro

El teléfono de Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, sonó pasadas las 6:00 de la mañana del miércoles 3 de septiembre. Del otro lado de la línea estaba Camargo Liere. “Están allanando mi residencia y tiene una orden de detención en mi contra”, le dijo. Esa llamada fue el primer aviso que tuvo el Ministro de que el funcionario que él nombró con bombo y platillo 19 meses atrás estaba bajo una investigación de la Cicig. Esa llamada fue el inicio de un día duro para López Bonilla.

Al medio día, después de la exposición tajante de Velásquez Gómez, el ministro de Gobernación prefirió un tono parco: “Este es un tema en el que ha habido una investigación por parte de la Cicig y el MP, y como Ministerio de Gobernación estamos obligados a dar toda la colaboración”, dijo a los periodistas. No mencionó un solo nombre de los acusados ni se atrevió a dar por cierta las palabras del jefe de la comisión internacional. “Este no es el final de una investigación, esta es la primera fase”, agregó.

La incomodidad de López Bonilla no era gratuita. En febrero de 2013, después de que detuvieron a Lima Oliva por evasión afuera del centro preventivo de Pavoncito y destituyó al entonces director general José Luis González Pérez, anunció la llegada de Camargo Leire.

Aquel 20 de febrero, Camargo, graduado de la Escuela de Carabineros de Chile y licenciado en Administración de Recursos y Tecnología, vestía camisa color salmón y corbata a puntos. Lucía la barba recortada y apenas dibujó una leve sonrisa cuando fue juramentado como Director General del Sistema Penitenciario, un puesto para el que no tenía experiencia alguna.

Hasta entonces, Camargo había sido director de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECATID), una dependencia de la vicepresidencia de la República, desde 2008; además de dirigir la Escuela de Estudios Penitenciarios y haber colaborado con la formación de la Policía Metropolitana del municipio de Mixco. Lo más cercano que el funcionario estuvo del tema penitenciario era haber participado en la junta calificadora de la licitación fallida por Q543 millones para la construcción y equipamiento de cárceles en noviembre 2012, otorgada a una empresa radicada en Las Vegas (EE.U.), y con nexos con Carlos Fabián Castellanos, amigo del ministro de Gobernación.

Pero López Bonilla tenía una visión diferente. A su juicio, Camargo había hecho una labor sobresaliente en el fortalecimiento de la Escuela de Estudios Penitenciarios y su trabajo junto a varias organizaciones de la sociedad civil en el tema de la rehabilitación de privados de libertad le proporcionaban “la total garantía” de darle continuidad a lo que llamaba el plan estratégico del Sistema Penitenciario.

Ese mismo día, Edy Fisher Arbizú, hasta entonces subdirector de operaciones de la institución, asumió la subdirección general y relevó a Nicolás García Fuentes, quien había ocupado el puesto durante los últimos tres años. “Para mí es una garantía que estos dos funcionarios tengan un alto nivel y que hayan pasado por procesos constantes de confiabilidad de los programas de cooperación de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés)”, resaltó López Bonilla. El puesto de Fisher lo ocuparía Néstor Rainier García Contreras, hasta entonces jefe de seguridad.

Fisher, el compañero, el amigo

Los periodistas reunidos en el salón de conferencias de la octava planta del Ministerio Público parecían buscar un culpable y López Bonilla fue el blanco de las críticas. ¿Cómo no serlo después de recordar al Ministro defendiendo los nombramientos de Camargo y Fisher? ¿Cómo no cuestionarlo después de que elPeriódico publicará una investigación que demostraba las vinculaciones directas y un pasado común como compañero de armas de este último con Lima Oliva y éste les restara importancia?

Según consta en los anuarios de la Escuela Politécnica, Fisher y Lima Oliva fueron compañeros en la promoción 108 de la institución militar. La misma generación a la que pertenecen Juan de Dios Rodríguez, presidente del Instituto de Seguridad Social de Guatemala (IGSS) y exsecretario privado de la Presidencia; el diputado del Partido Patriota por Quiché, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez; y Edgar Rolando Hernández Franco, exjefe de requisas y transporte del DGSP.

El mismo Fisher, en una entrevista a La Hora, reconoció la amistad con Lima Oliva. “Byron es mi amigo, estuvimos en el Ejército, él es parte de mi vida. No puedo negar algo que es una realidad y que todo el mundo sabe. En los medios (de comunicación), todo el mundo lo sabe”, dijo el 26 de septiembre de 2013.

Su amistad no habría cobrado relevancia si no fuera porque él fue el encargado de firmar los permisos de ingreso de los vehículos en los que salió Lima Oliva de Pavoncito y luego fue detenido en febrero de 20013, cuando supuestamente regresaba de una intervención odontológica. Un hecho que ahora Velásquez Gómez llamó “el génesis” de la investigación.

Dos días después de juramentar a los nuevos funcionarios, López Bonilla regresó a los medios de comunicación a defender sus nombramientos. Recordó que ambos habían pasado diferentes pruebas de confiabilidad y aseguró que Fisher sólo había cumplido con “la cadena de mando” firmando los documentos de ingreso y trasladándolos a su superior, el destituido director González. “Puede traer suspicacias (pertenecer a la misma promoción), pero ellos son de mi equipo”, dijo el Ministro entonces. Lo repitió el 4 de septiembre a los periodistas: “Ante la ley, no respondemos porque somos de una misma promoción (de la Escuela Politécnica), si no por las cosas que hacemos como individuos”.

El mismo presidente Otto Pérez Molina aseguró que la selección era la idónea. “Pueden tener la certeza de que se fue cuidadoso con la selección del director”, dijo. Luego matizó su discurso: Si existían pruebas de la relación entre los funcionarios y cualquier reo, éstas serían investigadas y si era necesario, no se vacilaría en destituirlo. “No vamos a permitir que sigan dándose esos abusos, que los privados de libertad sigan haciendo lo que les dé la gana”, aseguró.

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Si se investigó o no a Camargo y Fisher, nunca se supo. Ni aun cuando el mismo García Contreras, tres días después de haber asumido las nuevas autoridades, apareció en una fotografía posando junto a Lima Oliva y unas edecanes durante un evento realizado por los reos en Pavoncito. Una imagen que había salido del muro de Facebook de Lima Oliva. Una imagen a la que Camargo le restó importancia porque, según él, los reos siempre querían tomarse fotografías con los funcionarios.

Pasarían seis meses antes de que García Contreras dejara el cargo de subdirector de Operaciones. Seis meses más, en febrero de 2014, para que Fisher dejara la subdirección general del Sistema Penitenciario, relevado por Silvia Guinea Chavarría. Para este año, ambos trabajaban bajo el renglón 189 en dependencias del Ministerio de Gobernación. El primero, contratado por un año en la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la Policía Nacional Civil (PNC) como técnico profesional del Departamento de Material y Equipo de Defensa, con un salario de Q15 mil. El segundo, contratado por nueve meses por como técnico profesional en el Centro de Coordinación de Información Institucional (Cecoin), con un salario de Q20 mil, de mayo a diciembre este año.

Las acusaciones de Lima Oliva

Si en la conferencia llovieron críticas sobre López Bonilla por la defensa de los funcionarios que hizo en su momento y las contrataciones a personal destituido de la DGSP, las declaraciones de Lima Oliva, tras su traslado a la Torre de Tribunales, en la zona 1, fueron la cereza de un pastel amargo para el ministro.

Lima Oliva estaba molesto. Justo en 48 horas tendría una audiencia para cerrar un caso pendiente por falsificación de documentos. Sin esa traba legal, sus abogados podrían pedir el beneficio de redención de penas. “Casualmente, cada vez que voy a obtener mi libertad aducen un problema más”, dijo a los periodistas. Y luego aseguró que tenía el dinero suficiente para tener todas las propiedades y vehículos que las autoridades aducían que provenían del pago de traslados ilegales.

Lima Oliva afirmó que apoyó en la campaña presidencial del Partido Patriota (PP). “Pueden ver las mismas camionetas por las que hoy me acusan durante la campaña”, señaló. Él personalmente, agregó, le recomendó al ministro un listado de nombres para ocupar los puestos en la DGSP. Horas después, López Bonilla reconoció que ambos hechos son ciertos en el programa de entrevistas “A las 8:45”, de Canal Antigua.

El capitán fue más allá: acusó a López Bonilla de exigir una cuota semanal por cada centro penitenciario. “Eran Q100 mil semanales, pero nosotros no accedimos”, precisó. El Ministro estaba enojado con él, añadió, porque le frustró la licitación de Q543 millones para la construcción y equipamiento de nuevas cárceles en 2012, que sería pagado con fondos del gobierno de Taiwán. “El problema del Ministro es que le arruiné. Yo mismo hablé con el embajador Adolfo Sun y le dije que la empresa que se usaba era fantasma”, aseguró. No fue posible contrastar esa información con el diplomático taiwanés.

López Bonilla tenía otra versión: la imposibilidad de trasladarlo de Pavoncito a otro centro penitenciario, a fuerza de recursos legales, a pesar de ser un reo condenado y no una persona esperando condena, tensó la relación que algún día tuvieron, y reconoció que fue instructor de Lima Oliva en la Escuela Politécnica.

“Yo tengo todos los correos electrónicos enviados a mi persona por el ministro de Gobernación, todos los mensajes de texto, todas las fotografías y todos los videos, para ponerlos a su disposición porque aquí hay una confabulación en mi contra”, aseguró Lima al juez.

Lima Oliva y el resto de detenidos —con excepción de Camargo Leire, que fue llevado a un hospital de zona 10— fueron remitidos a prisión preventiva en el Mariscal Zavala; Alejandra Saraí Reyes Ochoa, a la cárcel para mujeres Santa Teresa, en la zona 18.

“Quieren enviarme a una cárcel de máxima seguridad con la intención de que me asesinen. ¡Están planeando eliminarme!”, espetó Lima Oliva, al salir del juzgado. No serán las últimas palabras del capitán en este caso, ya que aseguró que si el presidente Pérez Molina desea una gestión transparente de su gobierno debería entregar a las autoridades a López Bonilla y que fuera investigado por los señalamientos que él hace. “Tengo todos los correos y los mensajes con el ministro; y fotos y vídeos con otros funcionarios”, aseguró... y su voz sonaba a amenaza.

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