La ruta del presupuesto de 2021 se ha visto accidentada, plagada de torpezas y de política sucia. Las cosas empezaron mal en noviembre, cuando el Congreso lo aprobó de madrugada luego de haberle introducido bolsones de corrupción y disposiciones abusivas, lo cual detonó protestas masivas que fueron reprimidas violentamente por el Gobierno. Luego de que el Congreso diera marcha atrás y archivara el decreto aprobado, el Ejecutivo intentó montar unas mesas técnicas que resultaron un fiasco porque la Presidencia tergiversó su función y las convirtió en espacios de propaganda gubernamental.
El 27 de enero, Giammattei mintió en cadena nacional, pues aseguró que había reducido el techo global del presupuesto, algo que habría sido inconstitucional, y que no se presentaría al Congreso ninguna iniciativa de ley. Al día siguiente, durante una citación en el Congreso, la mentira presidencial quedó evidenciada cuando el ministro de Finanzas Públicas explicó que el techo presupuestario no se había reducido, que no se reduciría, que aún no se había operado modificación presupuestaria alguna y que lo que estaban preparando era una modificación interna. Desde entonces el Ejecutivo se ha referido a dos presupuestos, a uno legal y a otro real, como si esa distinción fuese posible.
Más de cuatro meses después y casi concluida la primera mitad del ejercicio fiscal, el 2 de junio el Ejecutivo operó la readecuación presupuestaria mediante el acuerdo gubernativo de presupuesto 3-2021. Esta operación incluye modificaciones presupuestarias por 13,482.0 millones de quetzales sin cambiar el techo presupuestario global, el cual continúa invariable en 107,521.5 millones. Llama la atención la creación de un fondo inmovilizado de 11,249.5 millones, es decir, una asignación presupuestaria vigente, pero que el Ejecutivo, por carecer de dinero, promete no ejecutar. Sin embargo, el detalle cuantitativo del acuerdo gubernativo de presupuesto y el mismo Sistema de Contabilidad Integrada le identifican fuentes de financiamiento: 9,500.0 millones con bonos del tesoro y 1,749.5 millones con préstamos.
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Tal como lo muestra el análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), las cosas se complican de manera muy preocupante. Los 2,232.6 millones de quetzales restantes de las modificaciones realizadas se dividieron en dos partes. Una de ellas son los 376.6 millones correspondientes a movimientos entre los ministerios, lo que usualmente se hace con este tipo de operaciones. Pero el artículo 3 del acuerdo establece que los 1,856.0 millones restantes son fondos en previsión, lo cual significa para ellos que por ahora carecen de dinero que los respalde, pese a lo cual podrían obtener recursos, por lo que el Ministerio de Finanzas Públicas queda facultado para disponer de ellos con discreción total, para decidir a qué entidades trasladarlo.
La creación de un fondo inmovilizado de 11,249.5 millones de quetzales con fuentes de financiamiento ficticias cargadas en el sistema de contabilidad estatal es una muestra grave de opacidad fiscal. Pero una falta de transparencia aún más grave es el fondo en previsión de 1,856.0 millones, que resulta opaco y discrecional. Ni la Constitución Política de la República ni la Ley Orgánica del Presupuesto contemplan términos como fondos inmovilizados o en previsión, y la discrecionalidad otorgada a Finanzas sobre esos 1,856.0 millones podría estar violando los artículos 12, 13 y 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, de modo que, además de opaco y discrecional, ese fondo posiblemente también sea ilegal.
El Congreso debe aprobar un decreto que reduzca el techo presupuestario toda vez que el Ejecutivo mismo ya ha reconocido explícitamente que no cuenta con recursos financieros para respaldar esas asignaciones presupuestarias. ¿Cuál es la razón por la cual Giammattei no quiere presentar al Congreso esta iniciativa de ley? ¿Querrá mantener en los próximos años el techo presupuestario alto actual?
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