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Un fiscal de calle
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Un fiscal de calle

“La criminalidad es un monstruo de diez cabezas, tiene que haber un gigante a la par que el monstruo. Pero si somos enanitos, ¿cómo vamos a atacar al monstruo?”, explica con respecto al trabajo de su fiscalía.
“Tenemos la tesis de que el fiscal actual (Ronny López), en coordinación con el ministro de Gobernación y la minera, buscan criminalizar la protesta social y la resistencia pacífica en contra de la minera. Armó todo un patrón de criminalización que derivó en un Estado de Sitio”, explica Melini.
Rony López durante la entrevista ante los miembros de la Comisión de Postulación.
En la oficina de Rony López se puede observar su afición al fútbol.
López guarda una fotografía en la que está junto a Michelle Bachelet, presidenta de Chile.
Antes de iniciar la entrevista, Rony López atendía llamadas relacionadas a un caso de crimen organizado.
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Ha hecho su carrera en el Ministerio Público, desde abajo. Lleva 18 años en el MP y seis al frente de la fiscalía contra el Crimen Organizado. Es un loco del trabajo, algo vanidoso, que busca continuar y perfeccionar el modelo de Claudia Paz y Paz. En su contra están algunas organizaciones de derechos humanos desconfían de él y temen que criminalice la protesta social y lo acusan de negligencia en el caso Siekavizza. A su favor, los años de experiencia y ser el mejor calificado por Cicig.

Suena el teléfono en el despacho de la jefatura contra el Crimen Organizado del Ministerio Público y el jefe fiscal, Ronny Elías López Jerez, descuelga el aparato. Al otro lado de la línea se encuentra Ernesto Aldana Gálvez, el jefe de la Policía Nacional Civil (PNC). López pide disculpas, "es que amenazaron de muerte a un decano –Milton Argueta, de la Universidad Francisco Marroquín- y estamos coordinado con el jefe de policía para ponerle seguridad". Suena otro teléfono diferente. Vuelve a pedir disculpas. "Es que nos estamos coordinando por un secuestro".

En total, sobre la mesa del titular de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado hay cuatro celulares, dos de ellos no paran de sonar en este despacho del sexto nivel del edificio del barrio de Gerona. Algunas llamadas son por trabajo y otras para felicitarle. El día anterior, Ronny López salió elegido en la nómina de los seis candidatos de los que el presidente Otto Pérez Molina escogerá en los próximos días al Fiscal General. Su puntuación fue de 47 puntos (seis por méritos académicos, 31 por experiencia laboral y diez por proyección humana), 23 por debajo de Thelma Aldana y 21 por debajo de Claudia Paz y Paz. Fue electo en la primera ronda de votos por 13 de 14 miembros de los postuladores, el voto que faltó para ser unánime fue el  del decano de la Universidad Mariano Gálvez, que estaba ausente.

Pero después de responder a cinco llamadas López decide no volver a descolgar un teléfono y centrarse en la entrevista. Su tono es pausado y tranquilo y no escatima en detalles al hablar de los casos por los que se le cuestiona.

Fiscal de carrera

Ronny Elías López Jerez nació el 22 de octubre de 1963. Tanto su padre como su madre provienen de Sibilia, uno de los municipios más fríos del país, en el noroccidente de Quetzaltenango. Pero él ha vivido toda su vida en la capital, en el popular barrio La Reformita, en la zona 12, junto a sus progenitores y sus dos hermanos. Su padre era secretario en el Ministerio de Gobernación. Primero afirma que viene de una familia muy pobre, pero luego aclara: “Bueno, pobres, pobres tampoco éramos”.

Comenzó a trabajar cuando era adolescente en el hotel Westing Camino Real como “housekeeper” (haciendo limpieza en las habitaciones). Su primera constancia de trabajo es de 1979, cuando tenía 16 años y ya era coordinador del parqueo de este hotel. En 1981 se graduó como maestro de educación primaria urbana en el Instituto Rafael Aqueche y dos años más tarde, en 1983, entró a trabajar en el Sistema Penitenciario, como guardia de presidios, donde lo hizo durante tres años. Salió de esta institución en marzo del 86, ocupando el puesto de director de recursos humanos.

Ese mismo año entró en la Universidad de San Carlos a estudiar Derecho. Pero su primer carnet –López recuerda el número: 862545613- se quedó guardado en un armario. Su madre se enfermó de la garganta y la necesidad de obtener un trabajo con el que ganara más dinero para poder costear sus cuidados, hizo que entrara en SGS, una empresa internacional de inspección, verificación, ensayos y certificación. Los horarios no compaginaron con la universidad y tuvo que abandonarla.  

En 1996, después de varios años en empresas privadas, comenzó en el Ministerio Público, en la Unidad de Expertajes, de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y retomó sus estudios de derecho. De allí pasó a la fiscalía Metropolitana ascendiendo por exámenes de oposición en los puestos de fiscal auxiliar 1, 2 y 3. Más tarde estuvo asignado a la Unidad de Vehículos Robados en la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado. Desde el año 2000 ha trabajado en este departamento, ya con el pensum cerrado, ascendiendo en los diferentes puestos de agente fiscal hasta llegar a fiscal.

En abril de 2008 fue enviado a dirigir la fiscalía de Santa Rosa, pero solo duró cinco meses allí. Al llegar Amílcar Velásquez Zárate al puesto de Fiscal General, a Ronny López lo trasladaron de nuevo a Crimen Organizado, ya con el cargo de Jefe Fiscal.  

López lleva casi seis años al frente de una de las fiscalías más complicadas del ente persecutor. En esta unidad, como su nombre indica, investiga estructuras organizadas para cometer crímenes: extorsiones, robo de gasolina, pero también de adopciones ilegales, pandillas y narcotráfico. Entre sus casos más sonados, están la investigación y captura del capitán Francisco Arana por el robo de 8.6 millones de dólares en el aeropuerto La Aurora; la cancelación de los bancos de Comercio y del Café; y la investigación de redes de trata de personas y adopciones ilegales. Además, en mayo de 2011, fue reconocido por el Ministerio Público por el trabajo en la captura de los zetas implicados en la masacre de la finca de los Cocos, en Petén.

“La criminalidad es un monstruo de diez cabezas, tiene que haber un gigante a la par que el monstruo. Pero si somos enanitos, ¿cómo vamos a atacar al monstruo?”, explica con respecto al trabajo de su fiscalía.

Muy exigente

Su despacho tiene la fama de no descansar y López de exigir demasiado a sus trabajadores. “A Ronny López la gente lo ama o lo odia, pero no hay intermedio. Trabaja como loco. A su fiscalía le llaman 'la pequeña Cuba, porque todos quieren huir de ella”, informa un fiscal que trabajó bajo sus órdenes hace tres años.  

Él no niega que sea exigente. “Es trabajo dinámico”, explica con el mismo tono reposado. “Muchas veces los de otras fiscalías me critican porque dicen que no me aguantan mi ritmo, yo toda la vida he trabajado así, desde oficial”.

Los fiscales de su unidad no salen a las cuatro de la tarde. Él todos los días permanece en el MP trabajando hasta las 10 u 11 de la noche y muchos fines de semana llega también a trabajar.

“¿Sabe cuál es el problema acá?", razona. "Que el crimen organizado no trabaja de 8 a 4. La condición de trabajo aquí es distinta, la condición de trabajo aquí es seria, porque está en juego la vida de las personas”. En esta unidad, dice López, realizan turnos, pero no se dan abasto y en muchas ocasiones es necesario sacar a los fiscales de sus días de descanso. “Imagínese, por ejemplo, el tema de las cabezas de Petén, que le cortaron la cabeza a medio mundo y cuando usted llega al área el montón de cabezas tiradas por todos los lados. Usted no va a ir con un fiscal de turno, va a ir con todo el equipo”, pero agrega a continuación: “Yo no pretendo que todo el MP trabaje como ésta. Habrá fiscalías que no tengan necesidad de salir más allá de las cuatro”. Pero, insiste, tampoco concibe que si alguien llega a buscar a un fiscal, éste no se encuentre en la oficina, porque “esté fuera o tomando un cafecito”.

Un fiscal, a su juicio, debe tener tres cualidades. “Conocer bien la ley, ser honrado, y no tener miedo. Si tiene miedo, aunque conozca la ley y sea muy honrado no va a poder dar el resultado que se necesita”.

Mara Salvatrucha pidió su cabeza, un diputado le hace brujería

A lo largo de su carrera, Ronny López ha sido varias veces amenazado de muerte. Dos veces dispararon a su casa, siempre en la Reformita, zona 12. En la primera ocasión no sabe cuál fue el motivo. La segunda vez asesinaron a un policía que la custodiaba y López cree que fue la mara Salvatrucha. Sucedió en 2010 tras unos allanamientos a las cárceles del Preventivo de Zona 18 y el Boquerón, donde se requisaron teléfonos celulares y televisores. Tras estos sucesos, la mara Salvatrucha asesinó al director del Boquerón, Mario René Zúñiga Pérez.

Álvaro Colom le llamó.

“El presidente Colom me dijo: ‘fiscal, discúlpeme, pero le tengo que avisar de que los mareros acaban de hacer contacto con nosotros diciendo que quieren su cabeza”. López pidió ayuda al Presidente para salir del país. Su mujer y sus dos hijas, que actualmente tienen siete y tres, años estaban asustadas y sus hermanos le aseguraron que quedarse era de locos y que ponía en riesgo a toda su familia. Álvaro Colom le pidió que no renunciara, no podían dar esa sensación de debilidad a la pandilla. La embajada de Estados Unidos también le ofreció apoyo si continuaba al frente.

Este hecho fue reconocido en mayo de 2011 por la Asociación Internacional de Fiscales, que lo nombraron fiscal del año a nivel mundial. Aquel fue el momento, recuerda, en que decidió que quería ser Fiscal General.

Otra de las veces en las que López vio de frente a la muerte fue en 2008 en el allanamiento de la casa del exdiputado Héctor Loaiza Gramajo, al que capturaron en septiembre de ese año bajo la imputación de dirigir una red de robo y contrabando de gasolina. Al allanar la casa del diputado Loaiza, una casa de lujo, encontraron una caseta ubicada al fondo del jardín cerrada con un gran candado. Al ingresar, esperando encontrar alguna prueba que vinculara a Loaiza, lo que encontraron fue un centro espiritista, recuerda López, un lugar de brujería. “Era como ahumado, se veía que quemaban carbón y leña y estaba todo pintado de negro. Había sal negra y unos santos y la virgen de la muerte, que es una calavera que está cubierta de un manto negro”. El fiscal rememoria que sintió un olor a azufre y entonces vio un frasco, y dentro de él su propia fotografía. “Mi foto estaba de cabeza, con unos colmillos y una cola de conejo. Y cuando vimos el libro, ahí estaba el trabajo que me estaban haciendo.  Decía: 'licenciado Ronny Elías López Jerez', y estaba la receta: polvos de vuélvete loco, gallina negra, uñas de gato negro y abajo mezclar eso con esto, era una receta y me tenían ahí enfrascado. Y la letra en donde escribía el manual era exactamente la letra del diputado”.

En aquel momento se le pusieron los pelos de punta. Ronny López es un fiel creyente de Dios, a quien no deja de nombrar y dar las gracias por todos los éxitos conseguidos. Sobre su mesa hay un pequeño crucifijo bañado en oro. Es cristiano, dice, y que acude a la Megafrater de San Cristóbal, Mixco.

Apoyado por la CICIG, cuestionado por criminalizar la protesta social

Aunque en las comisiones de Postulación ocupó el sexto lugar, Ronny López fue el mejor calificado en el informe que realizó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). De todos los candidatos era el único que llenaba los once requisitos: experiencia en derecho penal, en investigación de criminalidad organizada, en litigio penal o derecho humanos, en administración pública del sistema de justicia, en políticas públicas del sector justicia/penal, en promoción y defensa de las garantías constitucionales, post grado en el área penal, investigaciones académicas en el área penal, publicaciones en esta área, no haber representado a sindicados de delitos de crimen organizado y ni a funcionarios o empresas sindicados de corrupción).

Lo cierto es que Ronny López ha trabajado codo a codo con esta entidad de Naciones Unidas y, según dice, la Cicig se ha nutrido de personal proveniente de su fiscalía. Con los 47 puntos otorgados por la comisión postuladora, con la venia de la CICIG, López tiene un obstáculo para ser considerado el niño bonito de las elecciones. Su relación con algunas de las organizaciones de derechos humanos, que trabajan en la defensa del territorio.

En 2013 se enfrentó al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), tras solicitar las órdenes de captura de 18 miembros de la resistencia contra la mina San Rafael. Finalmente, Claudia Paz y Paz le sacó del caso, que fue trasladado a la fiscalía de Derechos Humanos, donde éste fue sobreseído. Estas órdenes de captura le valieron una tacha por parte de CALAS, que indica que Ronny López no permitió unas pruebas de descargo de los capturados: consistían en rastrear sus teléfonos para poder demostrar que se encontraban en otro lugar. A Ronny López no le pareció prueba suficiente y no la aceptó.

”El artículo 315 del código procesal penal establece que si el MP considera que los elementos que le ofrece alguna de las partes no son pertinentes en la investigación podrá rechazarlos, en caso de que la parte que los propone no se encontrara de acuerdo, podrá acudir al juez. Nunca fue a un juez”, responde López, molesto porque la estrategia seguida en aquel momento por CALAS fuera hacer público el caso y reunirse con la Fiscal General en vez de seguir el debido proceso.

El caso de los hechos violentos vinculados a la implementación de una mina de oro y plata mina en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, es complejo. Parte de la oposición a la construcción de la mina parte de población de los pueblos aledaños a San Rafael. Entre estos se encuentra gente proveniente del mismo San Rafael, de Mataquescuintla (Jalapa) y también de la montaña de Santa María Xalapán, de donde son originarios los xincas, conocidos en el área como “los xalapanes”. Durante varios meses entre finales de 2012 y la primera mitad de 2013 se dieron varios sucesos violentos, como la quema de camiones y robo de dinamita que se dirigía a la mina, el secuestro de cuatro líderes y la muerte de uno de ellos, el asesinato de un campesino en las cercanías de la mina, y varios bloqueos en los que tuvo lugar la retención de policías. Estos casos hicieron que el presidente Otto Pérez Molina decretara en mayo de 2013 un Estado de Sitio y fueron emitidas 18 órdenes de captura. Estas órdenes de captura fueron solicitadas por Ronny López.

A juicio de Yury Melini, director de CALAS, que Ronny López rechazara las pruebas de descargo de los líderes forma parte de un asunto más grave: “Tenemos la tesis de que el fiscal actual, en coordinación con el ministro de Gobernación y la minera, buscan criminalizar la protesta social y la resistencia pacífica en contra de la minera. Armó todo un patrón de criminalización que derivó en un Estado de Sitio”, explica Melini. Rafael Maldonado, abogado de CALAS y quien ejerció la defensa de los capturados, asegura que en una vista pública por el caso, el 20 de mayo, López le amenazó: “Me dijo: 'Tenga cuidado, yo he trabajado con varios gobiernos y voy a seguir trabajando con los que vengan'. Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), organización que también ha trabajado en el área, dijo que aunque ellos no presentaron la tacha, sí son testigos de lo planteado por CALAS. “Nuestra preocupación es que se preste a la criminalización”, dijo.

El candidato a fiscal general se toma su tiempo para explicar el caso. En primer lugar, dice, fue Claudia Paz y Paz quien designó a diferentes fiscalías los hechos violentos que se derivaron de la instalación de la mina, y a Crimen Organizado le asignaron el caso por el robo de dinamita y quema de furgones que la transportaban, en noviembre de 2012, y la retención de 23 policías en mayo de 2013. Ahí, a pesar de que había cientos de pobladores, se identificó a un grupo de hombres armados.

En la ocasión de la quema de furgones, gracias a fotografías tomadas por la población, pudieron identificar a varios de los responsables y con los testimonios de los policías liberados en mayo de 2013 resolvieron que varios de los hombres que habían quemado los camiones se encontraban también presentes en la retención de los policías. Uno de ellos era, según López, Roberto González Ucelo, el presidente del Parlamento Xinca, en 2013. Fue en este momento cuando emitieron las órdenes de captura.

“La señora fiscal tuvo conocimiento de ello y estas 18 personas fueron analizadas muy minuciosamente, yo coordiné todo con la señora fiscal, no hice ningún acto unilateral por mi cuenta, este fue el motivo de que no se les aceptaran las pruebas de descargo, porque los elementos que ellos presentaban no eran contundentes”, explica.

Agrega que si él no aceptó los teléfonos celulares como muestra de que estas personas no se encontraban en ese momento en la retención de los policías era porque no trajeron ninguna prueba de que estos teléfonos les pertenecieran (la factura de la compra del teléfono, por ejemplo) y porque, según él, en todo caso, que un teléfono no se encuentre en un lugar no implica que su dueño no esté allí.  

Finalmente, Claudia Paz y Paz sacó a la fiscalía de Crimen Organizado del caso y lo trasladó a la de Derechos Humanos, que terminó por sobreseerlo y los capturados fueron finalmente puestas en libertad en noviembre de 2013.

Cristina Siekavizza  y Lea de León

La organización Sobrevivientes también presentó una tacha contra Ronny López por no actuar a tiempo en el caso de la desaparición de Cristina Siekavizza el 7 de julio de 2011. Según la tacha, el caso fue trasladado a Crimen Organizado el 10 de julio y no se iniciaron acciones hasta el 20 de julio. Además, se indica que el 14 de julio investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) señalaron a Ronny López que Roberto Barreda, esposo de Siekavizza era un sospechoso pero López no lo tomó en cuenta.

Sobre este caso, López solicita no confundir lo que se sabe en la actualidad a lo que se sabía en los días posteriores al que, en un primer momento, se consideró que era un secuestro en el que  Roberto Barreda aparecía como ofendido por ser  esposo de la víctima. Añade que el proceso pasó a la Unidad de Secuestros, que forma parte de Crimen Organizado, el 13 de julio, seis días después de que tuviera lugar la desaparición (siete después de los hechos). Todos los elementos contundentes para pedir la orden de captura se dieron a conocer más tarde, excusa López, cuando el responsable ya había huido del país.  

Una de las acusaciones más fuertes que se han vertido sobre Ronny López fue la del esposo de Lea de León, Edín Hernández, el día del asesinato de la abogada, el 14 de febrero de 2013. “Sabemos que tenía problemas con un fiscal, el fiscal Rony López… Lo estamos responsabilizando porque él la estaba presionando”, dijo Hernández en declaraciones recogidas por el diario gratuito Publinews.

Según trascendió, la abogada De León, quien defendía a la financiera Valat International Holdings, Ltd. (investigada por una estafa de US$150 a 75 personas), había mencionado varias acciones irregulares de López en el caso que terminó con la intervención del hotel Crown Plaza en 2012.

Lea de León indicó en ese momento que, a lo largo del proceso, autoridades habían querido vincular al hotel con la referida entidad, pero no lo habían logrado porque no había lazos contables, sólo tenían un socio en común. En declaraciones recogidas por Prensa Libre, De León añadió: “Las órdenes de captura de hoy en contra de las dos personas no tienen nada que ver con la querella que otorgó la intervención, porque son nombramientos recientes de uno y dos años”.

En aquel momento, nombraron como interventora del inmueble a Violeta Soto Arango, hija del diputado Leonel Soto Arango. El día de la intervención Ronny López indicó: “Ella dará cuenta de cuáles son las inversiones y otros aspectos remanentes de ganancias que se puedan generar en el hotel y  deducir algún resarcimiento en razón de montos defraudados”. El interventor fue nombrado por el Juzgado Segundo de Instancia Penal, que instruye el caso.

El esposo de Lea de León no volvió a pronunciarse acerca de esas primeras declaraciones, y un miembro de la Asociación Probienestar de la Justicia, que ha apoyado el caso de la abogada, indicó desconocer si el MP ha hecho alguna averiguación en este sentido.

Mejorar el modelo de Paz y Paz, perseguir penalmente la corrupción en el MP

El 1 de mayo López cumplió 18 años de trabajar en el Ministerio Público. Una mayoría de edad. Conoce la institución desde dentro y tiene ideas para mejorarla. En todo caso, su propuesta es la de seguir con el modelo implementado por Claudia Paz y Paz y perfeccionarlo.

“La doctora ha hecho un buen trabajo, un excelente trabajo. En los tres últimos años yo he visto la evolución del trabajo y lo que hay que hacer es fortalecerlo, perfeccionarlo. Si bien es cierto que hay fallas, como el modelo de gestión, muy en discusión, lo que yo estoy ofreciendo es perfeccionar el modelo. El tema de litigios con el tema de investigaciones, ahí hay que perfeccionar. El fiscal tiene que seguir las investigaciones para que al llegar al juicio pueda sostener la hipótesis y hacer una argumentación jurídica acorde al caso”. Las pruebas no hablan por sí solas, indica López. Hay que tener la preparación teórica para poder defenderlas.  

López propone la creación de una escuela de fiscales dentro del Ministerio Público, con profesionales de alta escala de otros países que llegarán a darles instrucción, tal como hizo la Cicig al principio de su mandato. “Cicig en un principio nos estaba capacitando y empezamos a conocer cosas nuevas que nunca se habían conocido en Guatemala, yo aprendí mucho de lo que CICIG vino a enseñar, que hasta el momento me está sirviendo. Y en un plano objetivo, correcto, transparente. Lamentablemente eso ya no se continuó”, responde.

“Ojalá en las próximas elecciones a Fiscal General haya 20 fiscales y que no les pase como a mí, que no tengo terminada la tesis de mi maestría”, dice.

En cuanto a la corrupción en el MP, López propone iniciar persecuciones penales y no quedarse solamente en procesos disciplinarios. “Hay tres clases de empleados en el MP: el muy bueno, el que trabaja de día, el que trabaja de noche, el que atiende a las emergencias; otro es el haragán, el que no quiere trabajar, el que se hace el desentendido, esconde los expedientes, tiene miedo y no trabaja. Y el otro es el corrupto”, sentencia: “Lamentablemente, este último es la mayor cantidad de empleados que hay en el Ministerio Público, y se lo puedo asegurar”.

“Al haragán se le puede llamar, se le puede hablar y decir: trabajemos. Pero con el corrupto no puede trabajar porque lo que va es buscando sus propios intereses. Pero no puede sacar a la gente corrupta del todo con un proceso disciplinario. Lleva seis meses, y después apela, me lleva un año, y durante un año le tengo que seguir aguantando, aquí tiene que haber acciones penales”, afirma López contundente.

Además, propone generar reglas de control tecnológico y comprometer al jefe inmediato para ser  el ejemplo para sus subalternos.

Si sale elegido, López subirá dos niveles del laberíntico edificio, hasta el octavo nivel del Ministerio Público. Si queda excluido, dice que probablemente el próximo fiscal lo saque del puesto: “Me trasladarán a la fiscalía Metropolitana”, bromea. “Allí me aburriría”.

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