Como legislatura, aunque algunas y algunos ya llevan varios períodos y partidos acumulados, en realidad tiene un mes y días de haber comenzado. Sin embargo, carga una mochila de desgaste igual o más grande que la del gobernante Jimmy Morales, entre otros elementos aparte de la persistencia en el transfuguismo y en la corrupción, a causa del manoseo de propuestas de legislación encaminadas a depurar el sistema político y de justicia.
De esa suerte, las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público fueron, durante la anterior y la presente semana, el botín que pretendieron llevarse algunos filibusteros mal llamados diputados. La propuesta de modificaciones tenía como sustento la necesidad de fortalecer al Ministerio Público (MP), lo cual significaba solidificar su independencia y autonomía procesal, circunstancia que pasaba, entre otros aspectos, por eliminar la figura del famoso consejo del MP, que no ha sido más que un ente inconstitucional en su existencia, sus funciones y su actuación.
Dicho consejo ha tenido en sus manos ser la última instancia en materia de depuración por cuanto, merced a la ley vigente y a pactos colectivos suscritos con sindicatos como el de la Dirección de Investigación Criminal (Dicri), ha sido determinante para mantener en sus posiciones a funcionarios y funcionarias que han recibido sanciones por fallas en su desempeño. Además de afectar cualquier política de depuración de la públicamente conocida presencia de estructuras de impunidad y corrupción dentro de la Fiscalía, el consejo resultaba un obstáculo en la garantía e independencia obligada para un ente responsable de la persecución penal.
A los consabidos recelos por eliminar dicha figura del sistema del MP se sumó la desquiciada pretensión del diputado Justino Ovalle, jefe de bancada del oficialismo, el FCN-Nación. Ovalle, para quien el MP continúa el trámite de solicitud de antejuicio relacionado con el caso de las exhumaciones en la antigua zona militar de Cobán, propuso introducir cambios a la propuesta de reforma. Pero no cualquier cambio, no.
Al señor diputado, exmilitar por cierto, se le ocurrió nada más y nada menos que sugerir un artículo que obligara al MP a requerir autorización judicial para iniciar cualquier persecución penal. Es decir, lejos de fortalecerlo con dentadura afinada para la persecución de criminales, el diputado oficialista se proponía botarle la dentadura de un manotazo y de paso atarle las manos. La presión social, política y mediática ha frenado de momento las intentonas intervencionistas.
Pero, como si fuera poco, resulta que también llega al pleno la discusión sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), las cuales buscan introducir cambios al sistema de franquicias que actualmente ejerce una dictadura multipartidaria contra el pueblo de Guatemala. Y como quien no quiere la cosa, antes de que la LEPP se discutiera, ya se producían las consabidas movidas de bancada, muchas de las cuales, después de la respectiva aceitada de monederos para un tráfico de diputaciones, favorecieron, oh sorpresa, al FCN-Nación. Tal y como se anuncia el panorama, los cambios a la LEPP no apuntarán al fortalecimiento ciudadano, sino a la cimentación del pervertido sistema vigente.
De ese modo, en el manejo de tan solo dos iniciativas, el Congreso, salvo honradas y valiosas excepciones como la bancada Convergencia-CPO, se anota dos goles en contra por conducta deshonrosa y vergonzante. La cerrazón que padecen las legisladoras y los legisladores les nubla la visión política y les impide ver que el hartazgo social crece día a día y hierve cual olla de presión a punto de estallar.
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