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Un enfermo crónico llamado Salud Pública

“Entramos a la lista de espera, y así pasan las semanas. Cuando por fin dicen que nos van a operar algo falla. Un foco se ha quemado en la salas de operaciones. O bien no hay gasas ni algodón ni máscaras. Regresamos a la cola, a los últimos lugares de las listas de espera. Y volvemos a empezar”.
En tanto los hospitales se quedan sin alimentos, en tanto fallan las máquinas y se pierden los insumos, los sindicatos reclaman un lugar dentro de la crisis, como parte de ella.
Los médicos del Hospital General protestaron por no tener insumos para operar a los pacientes.
Por falta de insumos la consulta externa ha sido cerrada en el Hospital General.
El paciente Biron Berrios tuvo que comprar los clavos para que lo operen de una fractura en la pierna.
Un güicoy, tres repollos y tomates era lo que había en el almacén de alimentos del hospital San Juan de Dios.
"Un huevo con tortilla le dieron a su esposo para su almuerzo dijo la señora Berrios. En cada visita ella le lleva comida y agua.
Un paciente recibió bebidas y fruta de sus familiares. En el hospital es escasa el agua y la alimentación.
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Un enfermo crónico llamado Salud Pública

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El Sistema de Salud público de Guatemala está enfermo. A lo largo de dos décadas médicos, salubristas, pacientes, familiares de pacientes, políticos, economistas y cualquier ciudadano guatemalteco, han sido testigos de cómo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social fue llevado a la orilla del precipicio, arrastrado sobre todo por la corrupción y un sinnúmero de malas decisiones. Hoy es un enfermo crónico que se retuerce para no colapsar.

Bien puede ser martes o jueves o domingo: la escena es siempre la misma cada día de visita en los dos hospitales públicos más grandes de Ciudad de Guatemala: el General San Juan de Dios y el Roosevelt. Cientos de personas hacen fila. Bajo el sol de las 13:50 horas, se separan en dos grandes grupos, dos largas filas que alcanzan los 200 metros: los hombres a la izquierda, las mujeres a la derecha, a pesar de que no existe un cartel que lo especifique; la forma de organizarse es espontánea. A pesar de estar separados por sexo, los rostros que integran cada fila guardan cierta semejanza entre sí, gestos tristes y miradas de angustia; los hombros encogidos. La mayoría carga galones de agua potable, dos, a veces tres. Sólo a las mujeres les es permitido cargar además de agua, bolsas grandes, casi siempre llenas de comida, frutas, alimentos preparados; en algunos casos cajas de medicina que suelen ocultar bajo sus ropas. A los hombres no se les permite entrar nada de eso, “no vaya a ser”, dice el guardia de seguridad, encargado de revisar y vigilar cada día de visita en el hospital General San Juan de Dios. Desconfía que alguien pueda entrar un arma de fuego, un cuchillo, o una bomba, como ocurrió hace unas semanas en el San Juan de Dios. Frente al guardia —con porra, gestos serios y pistola en el cinturón—  la impaciencia se respira entre todas esas personas que esperan a que las puertas se abran, por fin, para ver a sus enfermos durante las dos horas que dura la visita.

—Siempre es lo mismo­. Adentro no hay comida. Les dan muy poco. Es molesto que no dejen llevar alimentos —se queja Américo López entre la multitud.

López ha viajado solo desde el departamento de Jalapa a la capital. Su hija de nueve años está enferma, interna, a la espera, desde hace dos meses, a que la operen de una rodilla en el hospital general. López dice que hoy traía tortillas, un queso, pan, y papas cocidas, pero todo lo ha tenido que dejar en la improvisada consigna —un pequeño balcón lleno de mochilas — del encargado de paquetes en las afueras del hospital.

—Solo agua —repite el guardia a punto de abrir las puertas de la entrada principal.

—Mochilas no entran —dice, como un mantra, el encargado de paquetes desde su local improvisado en busca de más paquetes y clientes.

Si se pregunta sobre estas reglas de visita, el guardia de seguridad dice que no lo puede explicar. “Son órdenes”, son “las reglas. Así son las cosas desde hace años”, refunfuña.

Desde hace años —en realidad nadie sabe cuánto, si ocho, diez o más— las cosas en los hospitales públicos más grandes de Ciudad Guatemala son así. La gente va a buscar a sus enfermos los días de visita, les lleva agua, toda la comida que pueden, y a veces medicinas. “Esto se ha puesto peor estos meses”, dice Lidia Aguilar en una de las filas. “Yo siempre traigo arroz, algo de carne, verduras. Comida balanceada. Adentro se nos pueden morir de hambre”, explica al mostrar orgullo por el arroz frito que ha cocinado para esta ocasión. A su lado, Emilia Hernández —también con una enorme bolsa de víveres bajo su brazo— murmura que todo el suplicio en cada visita es parte de la crisis. “La crisis de la salud es normal y cada vez peor”, dice. La falta de agua. La carencia de alimentos. Las máquinas que no funcionan. La suciedad. Los malos tratos que les relatan los pacientes, “nuestros enfermos”, recalca Hernández.

Para el Ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, el desabastecimiento en los hospitales es algo recurrente. “Lo que más se pierde es equipo quirúrgico: gasas, guantes... Un hospital gasta un millón de quetzales diario”, dice. “De enero a octubre de 2014, el hospital general gastó Q15 millones en alimento. Encontramos gastos como libras de sal a Q27: arriba de las mil raciones diarias. Para noviembre ya no había comida”, agrega.

Según explica el Ministro, desde que asumió el cargo, en septiembre del año pasado, las junta directivas tomarán el completo control de las compras y los inventarios. A la fecha aún es algo pendiente: “Hemos detectado que hay una fuga de insumos de hasta 38% en salas de operaciones. 38% de desperdicios”.

¿Pero cómo llegó el Sistema de Salud de Guatemala a este punto? ¿Qué tuvo que suceder dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para que se llegara esto? ¿La falta de medicinas? ¿La carencia de insumos? ¿Aparatos obsoletos? ¿Puestos fantasmas? ¿Presupuestos malversados y mal priorizados? ¿Cómo enfermó el Sistema de Salud? Explicarlo no es sencillo. A lo largo de las últimas dos décadas se han dado diversos puntos de inflexión que propiciaron la debacle. Demasiadas malas decisiones sobre todo.

Tan sólo durante el gobierno de Otto Pérez Molina, tres ministros han pasado al frente de la cartera de Salud. En 15 años han sido más de ocho. Nadie, durante todo este tiempo, ha podido controlar a esta entidad de 44 hospitales, con más de mil Puestos de Salud, y alrededor de 20 mil empleados con sueldo fijo. Los cambios de directores de hospitales, de personal en los cargos administrativos y financieros también han sido recurrentes.

Desde diciembre del año pasado, el sistema enfermó más: la crisis llegó a la escasez de alimentos, algo que no había ocurrido antes. A lo largo de diez años, los servicios de consulta externa con frecuencia han sido clausurados de manera temporal por falta de insumos y medicamentos. Muchas máquinas han dejado de funcionar. Ha habido huelgas. Las deudas se han incrementado. Pero pocas veces las bodegas de alimentos para pacientes se habían quedado vacías.

El ultimátum del BID

Principios de la década del noventa. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó una propuesta, casi a manera de ultimátum, a una buena parte de países latinoamericanos: realizar, cada uno, una reforma a sus sistemas de Salud Pública a cambio de créditos.

“La crisis del Sistema de Salud actual no se entiende sin el cambio que ordenó el BID para los países en desarrollo a inicios de los noventa”, dice la investigadora social, y médica, Karin Slowing. “O se cambiaban los sistemas de salud a una forma de mercado, con consumidores en lugar de pacientes, o los créditos del BID serían denegados para países como Guatemala”, explica.

“El financiamiento de los servicios de salud en los países en desarrollo. Una agenda para la reforma”, publicado por el BID en 1987, fue la base para la reestructuración de la Salud en Guatemala. El cambio fundamental se centró en: 1) Pagar por los servicios públicos con la premisa de que “el suministro de servicios gratuitos y universales es un planteamiento que no funciona”; 2) La necesidad de empresas de seguros bajo el argumento de que “los relativamente prósperos paguen el costo de su propia atención”; 3) Fomentar la medicina privada, so pretexto de que “el sector no gubernamental proporcione gran parte de la atención curativa, mientras que el gobierno continúe la atención preventiva y curativa básica en zonas rurales”; y 4) Descentralizar los servicios de salud para “alcanzar una mayor cobertura”.

“El modelo planteado por el BID fue una propuesta neoliberal”, reflexiona la médica Lucrecia Hernández Mack, especialista en gestión de Salud Pública. Bajo esta premisa, indica, sin escapatoria para los países debido al peligro de quedar desfinanciados, el Sistema de Salud fue traspasado por intereses del sector privado: el Estado amarrado al mercado en cuestiones de Salud Pública.  “Se estableció bienes puramente públicos, puramente privados y otros de tipo mixto, dependiendo de los beneficiarios: clientes, consumidores que para el BID ya no serían llamados pacientes o enfermos”, explica Hernández.

Médicos, economistas, académicos, políticos, con el apoyo el BID y el Banco Mundial (BM), se enfrentaron, “muchos a favor y pocos en contra”, como recuerda Slowing, a la reestructuración de la Salud, desde una perspectiva de mercado. Se creó, entre 1992 y 1993, el Programa Sectorial de Salud (PSS); entre 1994 y 1995, los Lineamientos de Política de Salud y sus reglamentos; en 1997 se introdujo el Código de Salud, cada etapa se utilizó para llevar a cabo la reforma de salud en Guatemala: incorporar entidades privadas en la prestación de los servicios básicos públicos, como en puestos de Salud, Centros de Atención Primaria (CAP) y también en los hospitales.

Los tres niveles de atención (primero: Puestos de salud; segundo: Centros de Salud; tercero: Hospitales), segmentados y descoordinados, sufrieron una transformación para adaptarse a la reforma que pedía el BID mediante la privatización de algunos servicios. “Justo en ese momento, llegó el gobierno de Álvaro Arzú y se empezó a crear una lógica de cobro en los servicios públicos de salud, sobre todo la atención rural y preventiva”, recuerda Hernández.

Pero, Karing Slowing señala que de cualquier manera el cambio era necesario. “El Sistema de Salud no funciona hoy, pero no ha funcionado desde hace 40 años”, dice. “A mediados de los noventa se intentó un cambio de paradigma. No se podía predecir que en aquel momento los buenos resultados serían inalcanzables. El Sistema de Salud siempre ha parecido un enfermo crónico terminal que aún no muere”.

Los servicios prestados en el primer nivel están definidos por una oferta básica de 26 servicios: ocho dirigidos a la atención de la mujer, ocho a la niñez, seis a urgencias y enfermedades prevalentes, y cuatro al medio ambiente. Hasta 1995 estos servicios corrían a cargo de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Con la reforma, el gobierno de Arzú implementó los programas de extensión de cobertura (PEC), “programas que llegarían a lugares donde no existían puestos de salud. El área rural tendría cobertura del primer nivel de atención. Estas áreas serían cubiertas por organizaciones no gubernamentales. En principio fueron subsidiadas por el BID, luego el gasto fue asumido por el gobierno. También se delegaron múltiples servicios dentro de los hospitales a terceros, como los patronatos. De esa forma inició la implementación de la reforma a la Salud”, dice el médico Gustavo Estrada, vicedecano de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Landívar (URL).

Hernández explica que con la llegada de los programas de extensión de cobertura (PEC), a cargo de diversas organizaciones no gubernamentales, fue creada la Oficina Nacional del Programa Sectorial de Salud que definió las áreas de salud que serían parte del plan piloto del nuevo modelo de atención: Escuintla, Chiquimula y Alta Verapaz. Y entonces, sólo entonces, el MSPAS, desde 1995, llenó los requisitos y exigencias del BID para que el país fuera declarado “sujeto de crédito en lo que respecta al sector salud”.

De acuerdo con un documento del Programa de Mejoramiento del Sistema de Salud el monto del préstamo era de US$25 millones, pero en realidad éste operó con un monto aproximado de US$12 millones por parte del BID y una contrapartida del MSPAS de US$3 millones. Del resto del dinero, nunca se supo nada.

El efecto de la reforma

Con la implementación de la reforma en 1996, no hubo más médicos que llegaran a lugares alejados dentro de Guatemala. No se dio una mejor cobertura a nivel nacional. Tampoco se logró fortalecer la medicina preventiva para descargar la demanda de los hospitales

Karin Slowing dice que si bien se pretendía fortalecer el Sistema de Salud, desde el primer nivel de atención, el fracaso inicial de la reforma se dio a causa de la resistencia de los médicos. “Prácticamente lo que se quería era que la salud privada se hiciera cargo del área rural. El gremio de médicos no se interesó. La respuesta era algo como ‘ningún médico que se precie se iba a aventurar a una misión como esta’”.

Pero la parte principal del fracaso de los PEC, añade Slowing, es que la gente del área rural, en realidad, no podía pagar estos servicios. “Antes, a las comadronas se les pagaba con gallinas, con frutas, con algo. A un médico no le pagas con gallinas jamás. Había necesidad pero no había capacidad de pagar por el servicio privado que fue implementado por la reforma. No había capacidad de pago. Y esa era la situación de la mayoría de la población a dónde estos (los PEC) empezaron a llegar”.

Otro aspecto, fue la focalización. El vicedecano de la URL, Gustavo Estrada, explica que los PEC funcionaron en paralelo a los puestos de salud, pero priorizando la atención de embarazos y niños menores de cinco años. “Todo lo demás, hombres, ancianos, adolescentes, fue casi por completo desatendido. Se vulneró la atención preventiva, y a lo largo de esta última década hemos visto que los hospitales han colapsado, atendiendo gripes y diarreas, todo tipo de enfermedades comunes. Los muros de contención, dentro del primer nivel de atención, se vieron desbordados”, indica.

El actual Ministro de Salud, Enrique Monterroso, es consciente de los problemas que se originaron a mediados de la década de los noventa con la reforma del MSPAS. La cuestiona, desde su financiamiento hasta las estadísticas de cobertura. Su veredicto, es que están a punto de desaparecer, para siempre, durante el año 2016. “Quisiera romper un mito”,  (dice el ministro Monterroso sobre los PEC. “Los 4.7 millones de personas que dicen cubrir las prestadoras es falso. Esa cifra es el área de irradiación, el total de población a partir de las ubicaciones de los centro de convergencia (casas comunitarias que funcionan como sedes de los PEC). La cobertura no es tan masiva”. Casi el 98% de los servicios privatizados desaparecerán del Sistema Público, asegura. ¿Por qué? Primero, porque el BID les dio un tiempo de vida, desde su creación: para finales del año 2007. Luego se renovaron los fondos, pero el dinero se acabó hace unos años, cuando el gobierno de Álvaro Colom decidió restablecer la gratuidad de los servicios primarios de atención. El Estado empezó a incluirlos dentro de su presupuesto, y asumió gran parte de los gastos.

Cada jurisdicción de PEC, según cifras del MSPAS, cuesta de Q1 millón a Q1,4 millones.

—La atención había sido deficiente por años. Los PEC llegaban a las comunidades una vez al mes. Y a pesar de eso, las calificaciones de los directores de área de salud departamentales les daban entre 95 a 100 puntos cada año —dice Monterroso.

—Al ser un negocio, ¿cómo esperamos que las oenegés encargadas de los PEC no presionen por continuar vigentes? —se cuestiona al Ministro.

—El primer acuerdo que se logró es que no les íbamos a quedar debiendo absolutamente nada. En la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Extensión de Cobertura (CONEC), se acordó que estarían sujetos a un monitoreo riguroso. Q93 millones será el pago final para este 2015.

La finalización de los PEC en Guatemala para el 2016 está respaldada mediante el decreto 13-2013, que propuso reformas a la manera de ejecutar el presupuesto del Estado. Esta decisión fue parte del plan estratégico del MSPS de 2008-2012 que logró incidir en el legislativo. Plaza Pública intentó consultar a representantes de CONEC, pero la dirección que aparece en el portal de Guatecompras es falsa, no existe, es una casa particular.

No obstante, la privatización de servicios en los primeros niveles de atención sólo es una parte del problema, es una de las tantas causas de la enfermedad que padece todo el Sistema de la Salud Pública.

La red rota

Han abierto las puertas del hospital San Juan de Dios para el horario de visita y los pasillos, los pasos a desnivel, los ascensores, el área de encamamiento, la maternidad, los pisos inferiores dedicados al cuidado infantil, son colmados por una multitud que busca a sus familiares enfermos. Avanzan, se empujan y a veces se mueven en orden como hormigas en busca de su hormiguero. Hombres y mujeres, luego de estar separados en dos largas filas bajo el sol, interpretan pequeños reencuentros familiares: el peso de las bolsas de alimentos, galones de agua, y medicinas son intercambiados de un hombro a otro. Entre ellos, infiltrados, hay católicos, monjas y curas, cristianos evangélicos y mormones, que aprovechan el espacio de visita para recorrer todos los niveles del hospital y hablar con los pacientes. Porque hay pacientes, a pesar de tantos visitantes, a los que nadie nunca llega a visitar.

—Aquí pasamos la Navidad esperando. Y seguimos esperando —dice Aparicio Rojas, cama 10, nivel 5. En su caso, la espera ha durado cuatro meses para una operación de cadera.

—Hoy, el almuerzo fue un pedacito de güisquil, una cucharada de arroz y nada más —dice Berta López, doña Tita, cama 12, nivel 5. Bajo su almohada, no obstante, ella guarda un queso que mandó a comprar con uno de los evangélicos protestantes.

—Con eso ya aguanta para sobrevivir —le dice Rojas sonriente, su amigo de larga espera en el hospital.

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—A mí me quieren operar. Necesito un hierro para mi columna. Entramos a la lista de espera, y así pasan las semanas. Cuando por fin dicen que nos van a operar algo falla. Un foco se ha quemado en la salas de operaciones. O bien no hay gasas ni algodón ni máscaras. Cosas así. Y cuando eso pasa regresamos a la cola, a los últimos lugares de las listas de espera. Y volvemos a empezar —lamenta doña Tita.

Un médico del área de infectología, exjefe distrital en varios departamentos, que pide que se omita su nombre, durante el horario de visita explica que si el actual Sistema de Salud está enfermo también es consecuencia de algunas decisiones políticas que han afectado la coordinación entre los niveles de prevención y los de curación. “Se ha roto la red de salud”, dice. “El primer nivel y el segundo nivel (puestos y centros de Salud) se han descoordinado del tercer nivel en el que trabajan los 44 hospitales de Guatemala. Si bien ha sido histórico que los hospitales trabajen de manera autónoma, casi por su propia cuenta, todo se agravó durante el gobierno de Óscar Berger al crear el Viceministerio de Hospitales”. Según este médico, ese Viceministerio fue pensado para un puesto político: así ha funcionado durante los últimos años. “Pero a partir de su creación, los hospitales ya no podían entender el panorama real de un distrito completo”. Las estadísticas de enfermedades recurrentes propias de un lugar, por ejemplo, registradas por puestos y centros de salud, se dejaron de reportar a los hospitales. Sin ese contexto es imposible saber el tipo y la cantidad de medicinas necesarias para trabajar en un departamento”.

El Acuerdo Gubernativo 115-99 es el Reglamento Orgánico Interno del MSPAS. Como parte de la reforma impulsada por el BID, redefinió la estructura del Sistema de Salud y su funcionamiento en 1999. Se crearon cuatro Direcciones Generales: la General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud (DGRVCS), la Dirección General de Recursos Humanos en Salud (DGRHS), la Gerencia Administrativo-Financiera, y la Dirección del Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS), esta última, responsable de la prestación de servicios a través de la red organizada en tres niveles de atención. “Fue lo que se rompió con el gobierno de Berger”, dice el médico de infectología. Desde entonces, el Sistema de Salud entero no ha dejado de toser y de escupir grandes insectos de corrupción.

—¿Qué efecto tuvo la creación del Viceministerio dentro de los hospitales? —se le pregunta al exjefe de distrito del MSPAS.

—Lo más grave fue la autonomía que propició aún más corrupción, a niveles críticos. Bien puedes hablar de un solo hospital y sus carencias, de los equipos de cirugía obsoletos, de las clínicas en mal estado o las salas de emergencia que carecen de insumos para operar. Pero si quieres ir a la profundidad del Sistema, de la crisis en la red, hay que entender la manera en que el MSPAS ha logrado manipular los abastecimientos.

—¿El sistema de compras y contrataciones?

—En esencia sí. En cada nivel de atención pública se manejan documentos que son llamados BRES (Balance, Requisición y Análisis de Suministros). Al entender la importancia de los BRES, el puesto político del viceministerio de hospitales se perfeccionó con la administración del exministro, Ludwing Ovalle (septiembre de 2009 al 14 de enero de 2012), y entonces manipular todo el abastecimiento de las redes hospitalarias que ya no estaban bajo supervisión de la SIAS. Desde los BRES caducas medicinas, pedís gasas, hilo de suturas, algodones… Pedís, pedís y pedís. Además, cada hospital puede comprar insumos sin autorización de la dirección. Y nadie fiscaliza los inventarios, nadie revisa las bodegas. Es un gran negocio sucio desde las entrañas del sistema —explica este exjefe distrital, que en su momento tuvo bajo su responsabilidad cinco centros de salud del nororiente del país.

Ganancia de farmacéuticos y controles matemáticos

Según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), las manipulaciones de abastecimiento de medicamentos dentro del MSPAS ha dado varios saltos, como fuertes convulsiones, a lo largo de la última década. De 2002 a 2004, por ejemplo, el gasto en medicamentos subió y luego volvió a bajar, de Q277,131,802 a Q302,594,264, y luego a Q214,755,083. De 2008 a 2010, lo mismo: otro salto, una contracción de Q798,189,754 a Q1,017,095,634 para bajar un año más tarde a Q820,613,026.

“Ha habido un aprendizaje sobre cómo operar la manipulación de los contratos abiertos”, dice el médico de infectología.

Entre las empresas farmacéuticas que han tenido mayores ganancias a lo largo de los últimos diez años, según el portal de Guatecompras, destacan la Agencia Farmacéutica Internacional S.A, del empresario Fernando Jarquín, con Q1,212,544,525.34; Jack Irving Cohen, a cargo de los empresarios Jack Irving Cohen y Gustavo Alejos Cámbara, con Q310,610,389.91. Ambas empresas son reconocidas por el financiamiento de campañas electorales. Baxter de Guatemala con Q496,413,294.32; Compañía de Equipo Médico Hospitalario con Q412,432,844.07.

Para el ministro Luis Enrique Monterroso este panorama, es conocido. “El caos ha facilitado la salida de millones de quetzales durante años”, reconoce. Desde su llegada al MSPAS, Monterroso asegura que ha buscado explicaciones y ha intentado encontrar una manera de curar la crisis.  Monterroso, asegura que cuando ocupó el cargo de secretario de la SESAN, implementó varios programas para monitorear el funcionamiento del MSPAS. “Buscábamos la razón de los desabastecimientos. El MSPS no es una entidad interesante para las grandes farmacéuticas. Compramos poco (un 30% de las compras de medicamentos que hace el Estado), y pagamos mal. Es un proceso complicado. El IGSS cubre el 15.7% de la población, e invierte en el 64% de todos los medicamentos que compra el Estado. Por eso era raro que la red permaneciera desabastecida”, dice. Algunos médicos y residentes, opinan que desde los puestos que ocupó antes, como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Monterroso ambicionaba el Ministerio y ya había intentado manejar la cartera de Salud, incluso, también, manipulándolo.

Lo que se busca ahora, explica el Ministro, es un equilibrio entre oferta y demanda,  como sucede en los hospitales privados, fuera de los servicios públicos, donde la cantidad de medicamentos se establece a partir del número de personas que atiende en un mes o un año. “Esto no sucede en el Sistema Público. Hay un desequilibrio entre la cantidad de medicamentos y el número de pacientes que produce caos. Encontramos el caso de un antibiótico que se utiliza en las sala de intensivos. El Roosevelt había gastado  Q400 mil en un año aun teniendo 16 mil intervenciones más que el San Juan De Dios; y éste, había gastado Q28 millones. Hubo una distancia de Q26.4 millones. Es ilógico. Aun lo estamos investigando”, dice.

Para controlar los pedidos y el abastecimiento de la red de Salud, Monterroso —que reconoce la manipulación de los balances, requisiciones de envío de suministros de cada célula de atención pública como actos de corrupción—, confía, antes que en auditores de la Contraloría General de Cuentas, en un equipo de 15 matemáticos, y 85 personas de logística central, a los que se les ha delegado el análisis del registro de los últimos siete años, de todos los medicamentos requeridos, por área, por centro de salud, por puesto de salud, para hacer un mapa de probabilidad de compra. “Es como inyectar una medicina. El resultado será un análisis de sensibilidad, de rangos y umbrales. Se tratará de un control matemático, que implementará ciertos límites, dependiendo la densidad poblacional, y demanda histórica de los productos. Una complicación que se tiene dentro del ministerio son las 83 unidades ejecutoras con mucha autonomía, cada una puede comprar lo que considere necesario sin consultar a otras dependencias”, señala el Ministro. El sistema, asegura, ahora bloqueará todo posible acto anómalo y se activará como un anticuerpo en el Sistema de Salud púbica.

Dentro de la propuesta del Ministro, como política interna del MSPAS, está también anular el Viceministerio de Hospitales. “La red de atención se cortaba a causa de este Viceministerio que mantenía en aislamiento a la red de hospitales del resto de trabajo que realizan los otros niveles de atención”. La descoordinación ha sido grande. Un problema para atender un territorio en función de sus propias necesidades. La decisión final aún debe ser tomada por el Consejo Nacional de Salud. Las funciones de esta entidad serían, en caso desaparezca, asumidas por el Viceministerio de Atención Primaria. Para algunos médicos, como Carlos Lemus, subdirector médico de Hospitales, esta decisión será como volver a poner en funcionamiento un aparato circulatorio de información y coordinación importante. Revivir un cadáver.

Aquellos empleos ayudaron a caminar

El Sistema de Salud también padece por su incapacidad para otorgar demasiados empleos. Desde la reforma de los años noventa, ha caminado apoyándose con la muleta que integran miles de empleados que reciben sus sueldos, cada mes, gracias a fondos internacionales debido a la falta de recursos de parte del Estado. En tanto médicos, investigadores y funcionarios públicos discuten y analizan los momentos que terminaron de enfermar la Salud Pública, la fuerza laboral, los sindicatos –poco más de 30 de los 897 registrados en el Ministerio de Trabajo, repartidos entre empleados de hospitales y del propio MSPAS–, representan otra forma de inducir dolor en el interior de todo el sistema. En tanto los hospitales se quedan sin alimentos, en tanto fallan las máquinas y se pierden los insumos, los sindicatos reclaman un lugar dentro de la crisis, como parte de ella. Más de mil empleados, bajo contrato, han decidido acampar en las afueras del edificio central de MSPAS luego de no lograr una renovación de sus contratos. Para los dirigentes, como Luis Alpirez, el tratamiento para resolver el problema es sencillo: “respetar el pacto colectivo. Integrar a los empleados por contrato que han sido despedidos y reubicarlos dentro de las planillas”.

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No obstante, para llevarlo a cabo, el ministro Monterroso ve dificultades: “Habría que inyectar una sobredosis de fondos al Ministerio. El pacto colectivo del MSPAS es uno de los más costosos para poder implementar: más de Q1,832 millones del presupuesto anual nada más”, dice. El presupuesto actual del Ministerio es de Q5,581 millones.

El equilibrio para el pago de trabajadores y la sostenibilidad del sistema parece imposible. Tan sólo en recurso humano el MSPAS ha priorizado cerca del 46% de todo su presupuesto ejecutado de 2000 a 2013: Q17,856,675,158.00, según el Sicoin. “El impacto del pacto colectivo dejaría al Ministerio sin dinero. Eso significaría sacrificar materiales, suministros. No se podrían pagar medicinas porque habría que pagar sueldos”, justifica Monterroso.

En la actualidad el Sistema de Salud tiene 23,477 empleados fijos. Y en otros renglones, como el 182, 029, 186, 183 y 036, todos por contrato, a mediados del año pasado alcanzaban los 34 mil empleados. Según el Ministerio de Salud, sólo la mitad (17 mil) de los puestos temporales y por contrato es sostenible. Aclara que el año pasado no hubo despidos, “no como lo quiere plantear el Frente Nacional de Lucha (FNL)”, sino que los contratos de muchos empleados no fueron renovados, y otros, en los que se gastaron más de Q5 millones en un centenar de plazas  fantasmas: “En un juzgado laboral no es posible argumentar despidos injustificados cuando lo que se hizo fue no renovar contratos”, señala Monterroso.

Llenar un vacío de salud

A pesar de los cambios que dicen implementarse adentro del Ministerio, el diagnóstico no es halagüeño, como reflexiona la investigadora Karin Slowing, la recuperación de la salud púbica aún no es factible. Sin embargo, como resalta Gustavo Estrada de la URL, hay planes, ideas, como algunas alternativas que funcionaron de modo paralelos a los Programas de Extensión de Cobertura desde principios de este siglo. El Modelo Incluyente de Salud (MIS) es uno de ellos. “Esta dinámica consiste en trabajar la medicina pero con pertinencia cultural. Ya no llegar una vez al mes a las comunidades, sin respetar la cultura de los lugares, imponiendo la medicina occidental, sino escuchar, hablar con las personas, entender también los procedimientos ancestrales”, indica Estrada. Este proceso de validación se ha desarrollado desde hace más de 10 años en dos experiencias piloto ubicados en los Distritos Municipales de Salud (DMS) de Guineales y Xejuyup en la Boca Costa del Departamento de Sololá y en el de San Juan Ostuncalco en Quetzaltenango.

El MSPAS, por su parte, está interesado en activar un modelo de salud teledirigida, que ya se trabaja en Alta Verapaz, de nombre Tula Salud. Con la salida de los PEC en 2016 el vacío se intentará llenar con una cobertura que contemple 1.186 puestos de salud, uno por cada 5 mil habitantes.

Sin embargo, para estabilizar un Sistema de Salud enfermo se requiere tiempo. Al ministro Monterroso, en pleno año electoral, tan solo le restan unos cinco meses más para implementar cambios. Enfrentar, primero, la salida definitiva de los PEC en 2016. Luego institucionalizar los controles para manejar la descoordinación entre los tres niveles de atención pública. Además de consolidar los proyectos estadístico-matemático que controlarían, en definitiva, los abastecimientos de medicinas de todo el Ministerio. Así como implementar el ambicioso proyecto de brindar una mayor cobertura de salud. Mientras una nueva reforma parece necesaria, el Sistema de Salud, ahogado en corrupción, vapuleado por las malas decisiones, es un enfermo crónico que necesita con urgencia algo de atención.

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